La vacunación, un remedio también para la bronca política

La trifulca política que se desató a principios de abril cuando el Gobierno adelantó su intención de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo se ha diluido sin que se hayan cumplido dos semanas desde el final de la restricción generalizada en todo el país de la libertad de movimientos y otros derechos fundamentales. El ritmo de vacunación ha sido determinante en la evolución de la pandemia y el acusado descenso de muertes. El Ministerio de Sanidad comunicó este viernes 19 fallecidos por la covid. Con 79.620 muertes oficiales por coronavirus, 725 se han notificado en las dos últimas semanas. Y la incidencia ha bajado desde los 198,60 casos por 100.000 habitantes el 6 de mayo —último día con datos bajo el estado de alarma— a 135,77 contagios de media. Aun así, la disparidad entre comunidades es enorme, con nueve regiones por debajo de los 100 casos.

La reacción inicial de las autonomías gobernadas por el PP y los nacionalistas fue acusar al Gobierno de derivar a los territorios la responsabilidad de la gestión de la pandemia ante la falta de una “alternativa jurídicamente sólida”, como llegó a decir el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el andaluz Juan Manuel Moreno, también del PP, exigieron como el presidente vasco, Iñigo Urkullu (PNV), que se celebrase una conferencia de presidentes autonómicos donde analizar el escenario que se abría a partir del 10 de mayo.

Transcurridos 13 días del final del estado de alarma, el alto tribunal concluyó, en su primer pronunciamiento al respecto, que la ley orgánica de salud pública de 1986 “autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulación” siempre que estén justificadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este viernes en que las comunidades disponen de una “amplia batería” de medidas para combatir la covid sin limitar derechos fundamentales y recordó que pueden solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma para un territorio concreto si el Supremo no atiende sus peticiones para un cierre perimetral.

La decisión del Supremo se produjo el mismo día que Madrid, la comunidad con la mayor presión hospitalaria por la covid —35,63% de camas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus— y con el mayor número de casos junto a Euskadi (225) anunciaba el fin a partir del lunes de las restricciones por zonas básicas de salud “gracias a la buena evolución epidemiológica”, según la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Un cambio que no sería posible sin la vacunación de crucero alcanzada. El 6 de abril, el día que Pedro Sánchez puso fecha al fin del estado de alarma, el 12,9% de la población (6,1 millones de personas) había recibido al menos una dosis. El 6,1% (2,9 millones) tenía la pauta completa. Este viernes ya había recibido un pinchazo el 34,5% (16,3 millones) y el 16,6%, las dos dosis (7,8 millones).

En este contexto, el Congreso convalidó el jueves el real decreto ley de medidas urgentes a aplicar tras el fin del estado de alarma. El texto contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, además de medidas de control sanitario a los pasajeros internacionales. La norma también prohíbe los desahucios a familias vulnerables y el corte de suministro de luz y agua a personas con dificultades económicas hasta el 9 de agosto. El PNV, socio preferente del Ejecutivo, se abstuvo por la “unilateralidad”, “premura” e “imprudencia” al no prorrogarse el estado de alarma. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, defendió que España está ahora en un “contexto bien diferente” y en una “situación esperanzadora” por la vacunación masiva.