La policía vigila las calles de Ceuta para expulsar a decenas de inmigrantes tras un acuerdo con Rabat

La policía ha recorrido, desde la madrugada del jueves, las calles de Ceuta en busca de marroquíes que accedieron a la ciudad de forma irregular durante la crisis fronteriza. El objetivo de estas redadas era localizar al mayor número de inmigrantes para proceder a su expulsión. El Ministerio del Interior acordó con Rabat una fórmula que le permite expulsar de forma exprés y en grandes grupos a estas personas. Cada dos horas, las fuerzas marroquíes abren la puerta del puesto fronterizo y permiten la entrada de entre 40 y 50 personas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales.

Antes de que diesen las nueve de la mañana, un grupo de niños se desperezaba bajo las copas de los árboles en el Jardín de la Argentina, a las puertas del centro de Ceuta. Caía una lluvia fina. Desde las mantas echadas sobre el césped observaban pasar a agentes de la policía local, que se acercaron a un banco donde dos varones charlaban. Y esa conversación acabó con la llegada de los agentes, que obligaron a ambos a levantarse, a caminar hacia el coche patrulla y a entrar sin mediar más palabra. “Estos van para el Tarajal”, se escuchó comentar entre los policías. El grupo de chavales, menores de edad, se libró.

La imagen se ha repetido hasta entrada la tarde del jueves en algunos de los puntos donde se habían concentrado las personas que entraron desde Marruecos, a nado o a través del espigón del Tarajal, entre el lunes y el miércoles: un incesante vaivén de vehículos policiales recorriendo Ceuta para localizar a quienes aún permanecían en las calles. Desde la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma insistieron en que las redadas solo están dirigidas a recoger a los adultos y, en ningún caso, a menores de edad. Hasta el mediodía del miércoles, al menos 400 personas habían sido expulsadas de esta manera.

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Según fuentes del Ejecutivo ceutí y de la Delegación del Gobierno, la Policía Local ha actuado como fuerza auxiliar, coordinada con la Policía Nacional y la Guardia Civil para agrupar a todos los adultos, identificarlos y tenerlos preparados para su expulsión. El procedimiento plantea dudas en cuanto a su aplicación, como la exigencia de contar con la asistencia de un abogado para poder realizar alegaciones, como una solicitud de asilo.

La decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, confirmó el miércoles a EL PAÍS que, al menos hasta el mediodía, no se había activado el servicio de asistencia letrada en frontera que requiere el procedimiento de expulsión, como sí se hizo el pasado abril, cuando más de 130 personas entraron a nado en Ceuta desde Marruecos en un primer pulso de Rabat como protesta por la acogida hospitalaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Entonces, sí se movilizó a los abogados con carácter de urgencia esa misma noche para proceder a las devoluciones exprés de los recién llegados.

Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en extranjería de la Coordinadora de Barrios, apunta que “es cierto que España y Marruecos tienen un acuerdo de readmisión (de ciudadanos marroquíes), pero este también está sujeto a una serie de requisitos”. “Marruecos tiene que documentar cada readmisión”, añadió, “y todas las entregas de menores son ilegales sin un expediente de repatriación con fines de reagrupación familiar”.

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Al menos 5.600 personas han retornado a Marruecos desde el martes, entre devoluciones en caliente y retornos voluntarios, después de que el lunes se desatase un éxodo sin precedentes en Ceuta. Entre 8.000 y 9.000 personas accedieron a la ciudad a nado por las playas de Benzú, al norte, y El Tarajal, al sur, o encaramados en las rocas del espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos junto al paso fronterizo del Tarajal, cerrado desde marzo de 2020. Muchos, entre ellos menores de edad, fueron expulsados inmediatamente después de tocar tierra o eran directamente disuadidos de llegar a la orilla por los soldados desplegados en cordón en la arena.

Otros han ido regresando voluntariamente desde el martes, tras comprobar que no podían encontrar refugio en Ceuta. El miércoles, decenas de personas hacían fila a las puertas del paso del Tarajal (y el jueves se han repetido las colas, pero ya en menor número). Algunos migrantes llegaban por su propio pie, cargados con maletas y hasta carritos de bebé, a la espera de regresar al país africano.

Desde el inicio de la pandemia, y más allá de la excepcionalidad de los últimos días, cuando se ha mantenido abierta la frontera para recibir a quienes iban siendo expulsados de forma inmediata, Marruecos solo ha permitido la devolución extraordinaria de sus nacionales desde Ceuta tras otro episodio de entrada colectiva a nado a finales de abril. Entonces, Interior logró arrancar a Rabat un acuerdo para el retorno, que se hizo de forma urgente y en el que sí participó el servicio del Colegio de Abogados ceutí. Antes, solo reabrió los pasos fronterizos, también en Melilla, para permitir el regreso voluntario de sus nacionales atrapados en las dos ciudades autónomas tras el cierre decretado ante la emergencia sanitaria por covid-19.