Un favor a Argelia que envenena la relación con Marruecos

Fue el ministro de Exteriores argelino, Sabri Boukadoum, que el 29 de marzo había realizado su primera visita oficial a Madrid, quien trasladó a principios de abril la petición de auxilio: el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, estaba gravemente enfermo de covid, en peligro de muerte, por lo que rogaba su hospitalización en España.

La delicada petición se analizó al máximo nivel y, pese a las reticencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le dio luz verde “por razones estrictamente humanitarias”, según fuentes diplomáticas, y dado el carácter estratégico de las relaciones con Argelia, primer suministrador de gas al mercado español. Algunas fuentes señalan que la petición ya había sido rechazada por Alemania; otras apuntan a que Argelia no quiso abusar de la generosidad de Berlín, pues el presidente argelino, Abdelmadjid Tebbone, ha pasado tres meses de los últimos seis en un hospital germano recuperándose del coronavirus.

La relación entre Alemania y Marruecos atraviesa además por un momento crítico. Marruecos decidió el 1 de marzo suspender todos sus contactos con la Embajada alemana en Rabat y el pasado día 6 dio un paso más en su escalada diplomática al llamar a consultas a su embajador en Berlín. Los motivos para tan airada reacción son confusos; desde la colocación de una bandera saharaui en la Asamblea de la ciudad-Estado de Bremen, hasta haber revelado “información sensible” a un youtuber de origen marroquí que estuvo preso en Marruecos por terrorismo. El trasfondo de la crisis, según fuentes diplomáticas, es el intento de Rabat de ejercer presión sobre la UE para que cambie su postura sobre el contencioso del Sahara, después de que el pasado 10 de diciembre el entonces presidente de EE UU Donald Trump reconociera la soberanía alauí sobre la antigua colonia española.

Gali, jefe de un Estado que reconocen más de 80 países (aunque solo la mitad mantienen relaciones diplomáticas y entre ellos no figuran ni España ni la UE), llegó el 18 de abril a la base aérea de Zaragoza, a bordo de un avión medicalizado de la Presidencia de Argelia. Fue recogido en una ambulancia y trasladado con escolta policial al hospital San Pedro de Logroño. El líder del Polisario, según las fuentes consultadas, entró en España con su identidad y pasaporte diplomático, aunque se registró en el centro sanitario bajo el nombre supuesto de un ciudadano argelino, por razones de seguridad.

En el comunicado difundido el pasado sábado por el Ministerio de Exteriores marroquí (el segundo para quejarse de la acogida a Gali), Rabat advertía a España de que no “minimice el impacto grave” de esta crisis en las relaciones bilaterales y le avisaba de que “toma nota” y “sacará todas las consecuencias” de una decisión “premeditada”, tomada “a espaldas de un socio y vecino”. Marruecos no ha adoptado hasta ahora contra España ninguna de las medidas aplicadas a Alemania, pero ha elevado el tono de la indignación retórica, movilizando a nueve partidos de la mayoría gubernamental y la oposición con un comunicado conjunto de condena.

Según fuentes gubernamentales, la ministra González Laya planeaba comunicárselo a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, pero la noticia trascendió antes de que llegara a hacerlo. Posteriormente, agregan dichas fuentes, González Laya ha hablado ya con Bourita y le ha dado todo tipo de explicaciones, como también lo ha hecho, en varias ocasiones, el embajador español en Rabat, Ricardo Diez-Hotchleitner. En todo caso, tampoco Rabat avisó a España del reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara por parte de la Casa Blanca, que pilló por sorpresa a la ministra española de visita en Israel, alegan las mismas fuentes.

La crisis no ha terminado, ni mucho menos. Gali se recupera del coronavirus y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha citado como imputado para el 1 de junio. En su juzgado hay dos causas abiertas por delitos supuestamente cometidos contra disidentes saharauis en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia). Será el juez quien, tras tomarle declaración, decida si le impone medidas cautelares o le deja marchar libremente. “El Gobierno español estará a lo que decida la justicia. Nuestra tarea era salvarle la vida y ya lo hemos hecho”, subrayan fuentes diplomáticas. En el Ministerio de Exteriores aseguran que, cuando se autorizó su entrada en España, se avisó de que podría ser citado por el juez, a pesar de que no existía, ni existe aún, ninguna orden de busca y captura contra él.