Protección de datos

Europa multa con 89.000 euros diarios a España por no trasponer a tiempo la Directiva de Protección de Datos

Grande-Marlaska achacó a la situación política española la demora en la tramitación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto en Guadalajara el pasado día 7 de mayo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto en Guadalajara el pasado día 7 de mayo.Pepe Zamora / EFE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado a España con una multa diaria de 89.000 euros y el pago de 15 millones de euros por no trasponer a tiempo una directiva sobre protección de datos. El 6 de mayo de 2018 expiró el plazo para que se incorporarse a la legislación española la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que protege el uso de datos personales por parte de las autoridades policiales a todos los efectos relacionados con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de las infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales.

En una sentencia del pasado 25 de febrero, el Tribunal de Justicia pena a España con las dos sanciones previstas en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por un lado, impone el pago de una “multa coercitiva diaria de 89.000 euros” para poner fin al incumplimiento y, por otro, impone al país el pago de 15 millones de euros como medida disuasoria para prevenir futuros incumplimientos.

Grande-Marlaska, interpelado por el asunto el pasado 15 de abril en el Congreso, argumentó que las convocatorias electorales con disolución de las Cortes y la lucha contra la pandemia de la covid añadieron retraso a la transposición. No obstante, subrayó que la fecha límite era mayo de 2018, un mes antes de que él tomara posesión de su cartera, y aseguró que por entonces “ni siquiera se había iniciado el trámite legislativo”, lo mismo que ocurrió previamente con otra normativa sin trasponer, la del registro de nombres de pasajeros (o PNR en sus siglas inglesas).

La sentencia es muy dura con la pasividad de España en la transposición de la Directiva y no acepta como justificación la mencionada excepcionalidad de la vida política española en ese período. ”La falta o la insuficiencia, a escala nacional, de normas que garanticen el buen funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia dentro de la Unión deben considerarse especialmente graves habida cuenta de sus consecuencias para los intereses públicos y privados dentro de la Unión”, recoge el texto.

El Ministerio del Interior es el competente para adecuar la directiva al marco legal español mediante la elaboración de un anteproyecto de ley orgánica para transponer la Directiva. El pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y acordó su remisión al Congreso para su tramitación urgente, acordada por la Mesa una semana después. Así quedó encomendado el dictamen urgente sobre el proyecto de ley a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Ahora se tramita en el Senado, de donde debería salir para su aprobación final en menos de 20 días desde su recepción. Mientras, 89.000 euros de multa por cada día que pase.

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