Siete años de búsqueda de apoyos internacionales para el ‘procés’

Durante siete años, entre 2011 y 2017, la Generalitat desarrolló una incesante e ilícita labor de promoción internacional del procés, lo que incluyó desde contactos de alto nivel de sus principales dirigentes con mandatarios y diplomáticos de países extranjeros hasta la organización de actividades en todo tipo de foros, con objeto de recabar apoyos y reconocimiento para la idea de una cercana independencia de Cataluña. En diversas ocasiones, estas actividades se financiaron con contratos irregulares.

Así se expone en el informe de fiscalización instruido por el Tribunal de Cuentas contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como contra el vicepresidente Oriol Junqueras, seis exconsejeros y 31 altos cargos y funcionarios de la administración catalana por presunta responsabilidad contable por la desviación de los fondos públicos empleados en buscar respaldo internacional para el procés.

El informe del Tribunal de Cuentas se expone que esta labor de promoción tuvo para las arcas públicas un coste elevado, pero difícil de calcular, porque no hubo un correcto control presupuestario de los gastos realizados ni existe documentación suficiente que permita acreditar las cantidades presuntamente desviadas para estos fines ilegales. La cifra avanzada por fuentes de la investigación, que sitúa dicha responsabilidad contable en 4,8 millones de euros, es solo una primera aproximación a lo que pueda establecerse por sentencia al final del procedimiento.

A título de ejemplo, cuando el informe se refiere a los gastos realizados por las delegaciones de la Generalitat en el exterior, se subraya que “la documentación justificativa” puesta a disposición del Tribunal de Cuentas “se encontraba desordenada e incompleta, incumpliéndose las normas de custodia y formación de los expedientes”. Se añade que el sistema de archivo y conservación de los documentos “era irregular e incumplía las normas mínimas que permiten un control eficiente y racional”. Todo ello “ha dificultado notablemente y en ocasiones limitado el alcance de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”.

Entre 2011 y 2012, por ejemplo, dichas delegaciones gastaron un total de 1.049.261,63 euros, sin que la investigación realizada haya permitido desvelar en qué se empleó dicha cantidad. El tribunal trató de establecer un cálculo de costes a partir de la labor efectuada. A este respecto, el dictamen explica que la Generalitat remitió 2.795 documentos tras ser requerida para aportar datos sobre los informes que realizaban tales delegaciones. Pero el propio Tribunal de Cuentas estima que se elaboraron más de 10.000, teniendo en cuenta “la mayoría de notas que debían realizarse de oficio”. En todo caso, “no se remitieron la mayoría” de estas notas, ni “los dosieres de los numerosos viajes —fueron 45, según el propio informe— de los miembros de Gobierno” al extranjero para promover el procés.

Sobre la importancia de estas delegaciones, el informe se refiere a la temprana existencia de planes estratégicos de acción exterior, elaborados con supuesto apoyo de distintos departamentos de la Generalitat, pero no existen o no se han aportado actas de las reuniones que se realizaran con ese motivo. Ahora bien, sí se podido disponer del plan previsto para los años 2015 a 2018, correspondiente a la Secretaría de Acción Exterior y para la Unión Europea, en el que se expone: “el Gobierno está trabajando en el momento de la redacción de este Plan en las estructuras de Estado, también en aquellas que hacen referencia al ámbito exterior”. Y entre los objetivos marcados para este proyecto se subraya el de “exportar y legitimar a nivel internacional y de la Unión Europea el proceso democrático iniciado en Cataluña y basado en el derecho a decidir”.

En cuanto a los procedimientos seguidos para lograr estos propósitos, el informe relata diversos episodios relativos a iniciativas sin cobertura legal, como la firma de contratos con un fin “difuso”. Se pone como ejemplo la contratación entre julio y agosto de 2017 de una firma holandesa, por parte de las delegaciones de Ginebra y Bruselas. El expediente hace constar que “los informes que acompañan a la documentación remitida no podrían justificar la actividad desarrollada”, si bien existe constancia de que entre septiembre y octubre del mismo año se efectuó un pago de 243.200 euros a la empresa contratada por ambas delegaciones.

Contratos para eludir los procedimientos

“La tramitación llevada a cabo —explica el informe de fiscalidad— evidencia un fraccionamiento del contrato a fin de eludir los requisitos y exigencias del procedimiento de contratación aplicable”. Y se añade que por esta vía “se pretendió, y se consiguió, eludir los sistemas de control administrativo de legalidad y oportunidad y aun los parlamentarios”.

La conclusión a que llegan los instructores del informe “la causa y el objeto verdadero de la contratación fue financiar el desarrollo de un acto ilegal cual fue la consulta ilegal promovida por el gobierno de la Generalitat catalana, y, en concreto, hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales” contratados en relación con el referéndum prohibido por el Constitucional, y cuya celebración el 1 de octubre de 2017 dio lugar a la suspensión de la autonomía de Cataluña por aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Para dar una idea de la relevancia de la labor de las delegaciones, el informe recoge que el número total de actividades de que desarrollaron de los años 2013 a febrero de 2016 y que “contienen referencias expresas a su relación con el proceso de autodeterminación o soberanista asciende al menos a 456”. No obstante, el Tribunal de Cuentas considera “el número real de actividades de las delegaciones relacionadas con dicho proceso es muy superior”, pues muchas iniciativas de las que se ha tenido constancia “por otra documentación disponible” y que estuvieron “vinculadas al proceso secesionista” no se mencionan en los informes oficiales.