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El juez ordena averiguar si el líder del Frente Polisario está ingresado en un hospital de Logroño

Santiago Pedraz cita a cinco personas a declarar como imputadas este miércoles y viernes, entre las que no se encuentra Brahim Gali

El presidente de la Republica Árabe Saharaui, Brahim Gali, en 2017 en Quito (Ecuador).
El presidente de la Republica Árabe Saharaui, Brahim Gali, en 2017 en Quito (Ecuador).José Jácome (EFE)
J. J. Gálvez

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado este martes a la Policía que averigüe si el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd), Brahim Gali, se encuentra ingresado en un hospital de Logroño con el nombre falso de Mohamed Benbatouche. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado la decisión después de que varias informaciones situasen al militar en el centro médico de La Rioja, adonde llegó “por razones estrictamente humanitarias”, según confirmó a finales de abril el Ministerio de Asuntos Exteriores español. En un comunicado, la Rasd afirmó que sufre covid.

La Audiencia Nacional activa así la investigación contra el Frente Polisario tras la querella presentada en agosto de 2020 por Fadel Mihdi Breica, un activista saharaui de nacionalidad española. Según su relato, en abril de 2019, llegó a los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia), donde fue acusado de traidor y donde, “tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Frente Polisario”, fue arrestado en junio por militares de este grupo y “trasladado a varios lugares de detención, donde fue sometido a golpes y descargas eléctricas”. “Manteniéndole con los ojos vendados y manos y pies atados”.

Breica, que fue liberado en noviembre de 2019, denunció un año después los hechos en la Audiencia. Su querella se dirigía, entre otros, contra Brahim Gali por los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Pero esta fue rechazada en un primer momento por el juez José de la Mata, responsable entonces del Juzgado Central de Instrucción número 5, que alegó que España carecía de jurisdicción. “No consta que ninguno de los querellados tenga nacionalidad española, ni su residencia en territorio español”, detalló el magistrado, que explicó que solo uno de los señalados había tenido NIE en algún momento, pero que se desconocía si vivía en España ahora.

La presunta víctima recurrió la decisión de De la Mata, que dejó la Audiencia Nacional a finales del pasado año. Su sustituto, Santiago Pedraz, aceptó entonces las alegaciones el pasado enero, cuando ordenó “investigar a fondo” si los querellados tienen nacionalidad española o se encuentran en el país. A raíz de ello, el pasado 13 de abril, acordó citar como imputadas a cinco personas para declarar este 5 y 7 de mayo: entre las que no se encontraba el líder del Polisario, sobre el que pide ahora a la Policía que averigüe si está en el hospital de Logroño.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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