Ajuste de cuentas entre togas castrenses

No es frecuente que el Tribunal Militar Central anule una sanción disciplinaria impuesta por el subsecretario de Defensa, pero es más insólito aún que le propine un severo varapalo, acusándole de actuar de manera “ilegal”. A fin de cuentas, este cargo es el máximo responsable del Cuerpo Jurídico Militar y ejerce, para sus alrededor de 300 miembros, las mismas funciones que los jefes de Estado Mayor desempeñan en sus respectivos ejércitos.

El nombramiento como subsecretario de Alejo de la Torre en julio de 2018 levantó recelos en el Cuerpo Jurídico Militar ya que era la primera vez que uno de sus integrantes, un simple comandante que ascendería a teniente coronel siendo números tres de Defensa, iba a mandar sobre generales togados y a decidir el ascenso de militares más antiguos que él en el escalafón.

Fue precisamente en la comida de despedida de un coronel jurídico, que pasó a la reserva al no ser ascendido a general, celebrada el 3 de diciembre de 2019 en la Residencia Militar El Alcázar de Madrid, donde el homenajeado criticó el nombramiento de la nueva fiscal del tribunal militar territorial primero, asegurando que se trató de “una decisión arbitraria que le había causado gran dolor”. El nombramiento de los fiscales militares corresponde a la ministra de Defensa, pero la propuesta viene del subsecretario.

El mismo día de la comida, el coronel recibió una llamada del jefe de Gabinete de De la Torre, quien le dijo que este deseaba hablar con él, lo que interpretó como un gesto de cortesía, dado que se retiraba del servicio activo. Cuando se presentó en su despacho, una semana después, el subsecretario le comunicó la apertura de un procedimiento por falta disciplinaria, consistente en “emitir expresiones levemente irrespetuosas contra autoridades o mandos militares”; y, acto seguido, pasó a interrogarlo. Antes de oír al expedientado, había tomado declaración a tres generales auditores que asistieron a la comida y, al día siguiente, a un general consejero togado. De ninguna de estas declaraciones, incluida la del propio afectado, se levantó acta ni quedó registrada en ningún soporte. El 12 de diciembre se le impuso una sanción de tres días de multa.

La sentencia constata un cúmulo de irregularidades en el procedimiento disciplinario, como la forma sorpresiva en que fue convocado el coronel, sin que supiera por qué se le llamaba ni pudiera contar con la asistencia de abogado; el hecho de que los testigos que declararon lo hicieran sin que el acusado pudiera interrogarles; o que no exista un parte escrito ni se sepa quién hizo la denuncia. “La noticia llegó a oídos del subsecretario como consecuencia de algo parecido a una delación anónima, lo que resulta impensable tratándose de militares”, razona el tribunal.

La sentencia se hace eco de los argumentos del sancionado, quien se preguntó por qué solo se tomó declaración a cuatro de los 63 comensales y únicamente se tuvo en cuenta el testimonio de tres de ellos, aquellos que “están directamente vinculados a la autoridad que está instruyendo [el subsecretario] y especialmente en fechas en las que están previstos los ascensos a consejero togado. Tal afirmación”, aclaraba, “constituye un dato objetivo que no pone en duda su honorabilidad”.

Finalmente, la sentencia, que fue adelantada por El Confidencial Digital, anula todo el expediente disciplinario, por considerar que la conducta del subsecretario, además de “resultar ilegal”, dejó al coronel en una situación de “indefensión”. Y eso pese a considerar que, si realmente hubiera dicho lo que se le atribuye, habría merecido una sanción disciplinaria, “pero nada de esto se ha probado”.

Para el Ministerio de Defensa, el caso es agua pasada pues el subsecretario fue cesado en junio del año pasado, siete meses antes de que se dictara la sentencia.