Montero asegura que la regularización del rey emérito “no termina ningún proceso” y Hacienda verá si es “veraz y completa”

El Gobierno no se da por satisfecho con la regularización de 4,4 millones que acaba de hacer el rey emérito Juan Carlos I. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el monarca no ha tenido ningún trato de favor por parte de la Agencia Tributaria, pero sobre todo ha asegurado que esta regularización no implica que el asunto esté resuelto. “Una regularización no termina ningún proceso. Una regularización se complementa con otro tipo de actuaciones para constatar que se cumple con la legalidad respeto a que esa regularización es veraz y es completa”, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La ministra ha querido dejar muy claro así que el Gobierno no cierra el proceso sin más con esta regularización. De hecho, uno de los asuntos más sensibles es cómo ha conseguido el rey emérito ese dinero. En teoría se lo han dado empresarios amigos a modo de préstamo, como forma de evitar la tributación del 40% que supondría habérselo donado, pero los mismos empresarios dicen que Juan Carlos I no lo tendrá que devolver, algo que podría generar nuevas irregularidades. Fuentes del Ejecutivo señalan que se investigará a fondo la regularización en sí. Y también, la procedencia y justificación del dinero para hacerla. Por tanto, no hay que dar el asunto por concluido. Todo se hará, ha insistido la ministra, en coordinación con la Fiscalía, ya que en este caso la Agencia Tributaria actúa en auxilio judicial.

Montero ha querido despejar las dudas que ha generado el hecho de que la Agencia Tributaria no haya abierto expediente a don Juan Carlos antes de estas regularizaciones pese a que había evidencias publicadas en la prensa sobre posibles movimientos de dinero opaco. El asunto es muy sensible políticamente, y varios grupos aliados del Gobierno ya han registrado en el Congreso preguntas y peticiones de información para comprobar si hay trato de favor. “Es falso que Hacienda ni tampoco la Agencia Tributaria hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen con todos los contribuyentes. A efectos de la ley, todos los contribuyentes son iguales”, ha insistido Montero. Sin embargo, en el caso del dinero gastado por el rey, sobre todo en vuelos, había múltiples noticias en los medios. Incluso su primo, Álvaro de Orleans, había reconocido en una entrevista a EL PAÍS que se pagaron esos vuelos a través de la fundación Zagatka, a pesar de lo cual o no se abrió ese expediente o, al menos, no se ha informado públicamente de ello.

“En estos días se han podido insinuar cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. La Agencia Tributaria solo sigue criterios técnicos, y tiene especial celo en velar por que todos cumplan”, ha insistido Montero para terminar con una crítica al rey emérito: “Como Gobierno lamentamos estas cuestiones que nos provocan el mismo rechazo que al resto de la sociedad. Las personas que desempeñamos una tarea pública somos las primeras que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias”. Montero aprovechó para defender a su hijo, el actual jefe del Estado. “El Rey Felipe VI cortó de forma abrupta con cualquier vinculación con este tipo de situaciones, incluso renunciado a una posible herencia que se pudiera obtener de estas rentas o de estructuras opacas”, ha rematado.

La ministra portavoz ha tratado de minimizar las tensiones de las últimas semanas dentro de la coalición y se ha centrado en hacer un llamamiento al PP para que vuelva a la negociación de la renovación del Poder Judicial y levante el veto al juez José Ricardo de Prada. Montero ha explicado con bastante detalle la negociación, algo que no quiso hacer el presidente el viernes, y ha asegurado que el Gobierno sí aceptó un veto del PP (el de Victoria Rosell, juez y exdiputada de Unidas Podemos, que este grupo aceptó sustituir por otra propuesta) a pesar de que ellos no pusieron ningún tipo de veto a ningún nombre de los propuestos por los populares. “El Gobierno ha cedido, no ha ejercido ningún veto sobre los candidatos del PP y sí aceptó los del PP. Pero estos vetos tienen un límite”, ha explicado Montero, para explicar que ese límite estaba en que a De Prada no se le vetaba por una vinculación directa con una formación, como a Rosell, sino por ser uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel, que derivó en la moción de censura que sacó al PP del Gobierno. Y eso, ha explicado Montero, era demasiado. “No podemos permitir un veto cuando se habla de conductas asociadas al ejercicio de funciones que estos jueces tenían asignadas”.

La ministra ha defendido varias veces, sin citarlo, a De Prada, que sí fue aceptado en 2018 por el PP cuando entró a propuesta del PSOE, y ha insistido en que es un magistrado respetado y sin ninguna vinculación directa con ningún partido. Todo indica por tanto que el escollo va a seguir siendo este juez, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que las conversaciones se han retomado sobre todo entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del PP en estos asuntos, Enrique López, pero de momento de manera informal, porque la negociación no se ha reiniciado.

El Ejecutivo esperará un tiempo a ver si la presión judicial y el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial va a dejar de poder hacer nombramientos en breve (por un cambio de la ley que está a punto de aprobarse) surten efecto y hacen que el PP vuelva a la negociación.