A la calle por no tener un certificado

Lucila Infante, de 39 años, con dos hijas a su cargo, de cuatro y 11 años, hacía guardia esta mañana de lunes a la puerta de su casa, acompañada por decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para evitar que la desahuciaran. Un juzgado venía a ejecutar la orden por la que debía abandonar su casa, un primer piso de 85 metros cuadrados, cerca de la avenida del Cid de València. Su caso, al tener dos menores a su cargo, esta amparado por el decreto antidesahucios de 2020, vigente durante el estado de alarma pero necesita un certificado que acredite su situación de vulnerabilidad, que no se ha tramitado a tiempo para interrumpir la orden de desalojo.

El que fuera su marido, titular de la hipoteca, se divorció de ella y dejó de pagar la mensualidad, según esta peruana de origen con 14 años de residencia en España. “Me dirigí al banco pero al final me dijeron que yo no era nada, ni propietaria ni nada, y no me dejaron pagar”, recuerda después de abonar ocho recibos a su nombre de la hipoteca de entre 400 y 375 euros mensuales. Ella ha ido de contrato temporal en contrato temporal —en una lavandería, en la limpieza de fincas...—pero a principios de año se cayó cuando trabajaba y se dañó los ligamentos de la rodilla: desde entonces no tiene un empleo. Según cuenta Lucila, la mutua le cubre los gastos médicos pero no tiene derecho a ninguna otra ayuda, así que está en trámites de solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

Este lunes, tensa por la espera de la comitiva judicial, ha llevado a sus hijas al colegio y luego ha vuelto a casa para ver qué iba a ser de su vida. Unos 30 activistas de la PAH la han acompañado y se han ido concentrando ante su portal, ante el que se han amarrado de los brazos por si se ejecutaba el desahucio: “Vamos a defender la vivienda”, ha apuntado José Luis González, miembro de la plataforma, mientras sus compañeros coreaban: “Vergüenza me daría, desahuciar a una familia”, o “hay niños en la calle y no le importa a nadie”.

Al final, la secretaria judicial no ha ejecutado el desalojo, que se suspende un mes, a la espera de una nueva señalización judicial, y la patrulla de la Policía Nacional no ha tenido que intervenir. “Por qué hay un decreto antidesahucio y se les sigue tirando a la calle?”, ha espetado González en referencia a la norma que protege a las familias con personas dependientes, niños pequeños o a mujeres víctimas de la violencia de género. “Lucila y sus hijas están protegidas por el decreto hasta que se acabe en mayo el estado de alarma”, apunta el portavoz de la PAH, quien reivindica una ley que garantice el derecho a la vivienda.

“Quiero agradecerles a todos ustedes lo que han hecho. Yo sola no lo hubiera podido hacer”, se dirige Lucila emocionada a los miembros de la PAH, que se conjuran para que “no tengamos que vernos aquí de nuevo” dentro de 30 días y llaman a las Administraciones públicas y a los partidos políticos a que proporcionen un contrato de alquiler social a Lucila y a otras personas que estén en parecida situación.