Los dos policías de Linares agredieron a su víctima con una “violencia atroz” al sentirse impunes, según el juez

El magistrado ordenó el ingreso en prisión de ambos agentes ante el riesgo de que huyan o intenten presionar a la víctima y sus familiares

Disturbios en Linares el pasado sábado tras la agresión de dos agentes a un vecino de la localidad y su hija de 14 años.Video: POLICÍA NACIONAL / EUROPA PRESS

“Violencia atroz”, “desproporción en la actuación”, “despreciable agresión” y “sentimiento de impunidad”. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Linares (Jaén), Javier Antonaya, describe con estas palabras, en el auto por el que envió el pasado sábado a prisión al subinspector José Luis P. C. y el policía Manuel F. N., la actuación de estos dos agentes de la comisaría de Linares (Jaén) en la agresión a un vecino de esta localidad y su hija de 14 años ocurrida un día antes. El juez considera a ambos presuntos autores de un delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos peligrosos para la salud física de las víctimas y la mediación de ensañamiento y abuso de autoridad, castigado con hasta cinco años de prisión, aunque no descarte que según avancen las pesquisas se le imputen también otros de tortura o tentativa de detención ilegal. Ambos agentes permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Sevilla I, en un módulo especial para presos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado.

El juez Antonaya despliega en el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, una detallada descripción de los hechos tras el examen del atestado realizado por la Policía “y, en especial, de las imágenes videográficas” que grabaron varios testigos de lo sucedido a la puerta del bar entre los dos agentes y la víctima, C. M. A., y su hija. Según relata el magistrado, el policía Manuel F. y la víctima se enzarzaron en una pelea en la que, en un primer momento, el agente “se está llevando la peor parte y tiene que ser separado por su compañero”. Sin embargo, cuando la riña parece que ha concluido y cada uno se va hacia un lado, el policía “sale corriendo detrás” de la víctima “y nuevamente se inicia una contienda que se prolonga durante varios minutos”. El juez detalla que, si bien en un primer momento no se puede apreciar quién golpea a quién, “finalmente se puede observar claramente que en la lucha participan los detenidos” contra la víctima, “metiéndose por medio su hija en dos momentos puntuales para defenderlo”.

“Es entonces —continúa el auto— cuando las imágenes grabadas muestran a los señores P. y F. [los policías] emplear una violencia atroz contra el señor S. y su hija, pues tienen a su favor una superioridad numérica y, aún habiendo conseguido reducir en el suelo al señor M., continúan dándole golpes”. El juez considera que “es evidente que los detenidos actuaron desproporcionadamente” incluso si, como aseguraron en sus declaraciones los dos agentes, fue la víctima quién comenzó la pelea y que con su acción pretendían que este no se fuera del lugar de los hechos antes de que llegasen más policías. “Este contexto no justifica en absoluto la despreciable agresión perpetrada por los detenidos”. Y llega a considerar que con sus actos, los agentes pusieron “en práctica la maquiavélica máxima de que el fin justifica los medios”.

Heridas

El auto detalla que de los tres participantes en el altercado, uno de los policías, Luis P., no presenta lesiones, y que su compañero “ha sufrido la pérdida de una pieza dentaria, tiene contusiones en la cabeza y cara, erosiones en rodillas, y cervicalgia y lumbalgia”. El parte médico sobre la víctima recoge que este, entre otras lesiones, presenta hematomas en la cabeza, contusiones en los pómulos, fractura de los huesos de la nariz, erosiones en las piernas y lesiones en el ojo izquierdo que deberán ser revisados “por un cirujano maxilofacial y un oftalmólogo”. Por todo ello, concluye que “la desproporción en la actuación de los detenidos es evidente”.

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En su escrito, el juez ordena, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los dos agentes al considerar que la pena que acarrea el delito del que están acusados, cinco años, hace “bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir”. En este sentido destaca que ambos tienen un arraigo familiar “escaso” al no tener pareja ni hijos, y que el presumible arraigo laboral desaparece, ya que el Ministerio del Interior les ha abierto un expediente disciplinario por el que han quedado cautelarmente suspendidos de empleo y se les ha retirado el arma reglamentaria.

Además, el juez cree que, de quedar en libertad, podrían intentar ocultar, alterar o destruir pruebas. En este sentido, destaca que uno de ellos aparece en las imágenes persiguiendo a una persona que con su móvil se acercaba al lugar de los hechos para grabar lo que sucedía cuando su compañero ya tenía inmovilizada a la víctima en el suelo y le estaba golpeando. El juez cree que este acto “puede interpretarse como un acto de boicot de material probatorio” que, además, considera reforzado porque en otra escena se le ve que no hace nada para evitar que un camarero barra los restos de vidrio de una botella empleada en la agresión. “Impasible, sin impedir que esto ocurra, cuando ello claramente es un vestigio del delito que se habría cometido y que, por ello, debe ser conservado hasta que aparezcan los agentes de la Policía Judicial”, recalca el auto.

El juez también destaca que la prisión de ambos busca proteger a la víctima. En este sentido, destaca que los dos detenidos son policías y que existe un testigo que asegura haber visto al subinspector Luis P. “bailando mientras se practicaban por la Policía las primeras diligencias, todo ello en el mismísimo lugar de los hechos y antes varias personas que había en la zona”. El juez considera que este hecho “podría ser demostrativo del sentimiento de impunidad que albergan los investigados como consecuencia de su condición de policías [...]. Y si este sentimiento de impunidad no es destruido contundentemente es más que probable presagiar que los investigados podrían tratar de atentar contra los intereses, los bienes o los derechos” de la víctima “o sus allegados”, añade.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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