El fiscal jefe de Castellón renuncia al cargo por saltarse el plan de vacunación

Un caso más de vacunación irregular, esta vez en el ámbito judicial. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha renunciado a su cargo tras saltarse el plan de vacunación y haber recibido el pasado 11 de enero la primera inyección contra el coronavirus en un centro de salud castellonense con dosis sobrantes de la vacuna. La Fiscalía General del Estado ha confirmado que su titular, Dolores Delgado, ha aceptado la dimisión de Cuesta tras constatarse que ha incumplido lo dispuesto en la estrategia de vacunación contra la covid-19.

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La falta de supervisión favorece la picaresca con las vacunas

La dimisión de Cuesta llega al día siguiente de que la Fiscalía anunciara que va a estudiar a fondo todas las denuncias que ya han comenzado a presentarse por supuestas irregularidades en los procesos de vacunación contra la covid-19. No obstante, en el propio ministerio público admiten que las conductas hasta ahora conocidas tienen un difícil encaje penal.

Cuesta mantuvo este miércoles una conversación con la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, y con la Fiscalía General a través del fiscal inspector. Después de hablar con ambos, acordó remitir su renuncia, que fue aceptada poco después por Delgado. De hecho, Gisbert ha abierto además un expediente gubernativo para conocer cómo se vacunó su subordinado.

No será la única investigación sobre el caso. La Consejería de Sanidad valenciana también indaga sobre las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la vacunación del ya ex fiscal jefe de Castellón, adelantada por elDiario.es. Este proceso determinará si en la vacunación de Cuesta pudo influir que su esposa sea coordinadora de un centro de salud de esa provincia.

Cuesta fue nombrado jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018. La gestión de Cuesta ha sido controvertida y motivo de queja por parte de la junta de jueces de Castellón por las supuestas injerencias de este “y el trato inadecuado, faltas de educación, incluso amenazas de apertura de expedientes”. Según indica el acta de la reunión de los magistrados.

Los jueces de Castellón remitieron la queja al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que a su vez lo envió al Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente del Consejo abordó el asunto el pasado verano y contestó con un acuse de recibo, dado que no se había solicitado oficialmente amparo.

Una de las quejas más graves de los jueces es si, en 2020, José Luis Cuesta dio órdenes a la Guardia Civil para que un atestado que se estaba instruyendo por presuntas agresiones en un centro de menores, en el que agresor y víctima eran personas con discapacidad, se cerrase sin recoger la denuncia del personal del centro ni de la madre de la víctima. En las diligencias se pedía además que se entregasen lo antes posible para dar protección a la víctima y ordenar un alejamiento. Cuesta abrió la investigación pero no pidió medidas cautelares ni consideró urgente el caso, que tardó meses en llegar a un juez.

Una década antes, en junio de 2010, Cuesta fue destituido por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de su cargo de fiscal delegado de Menores de Castellón tras perder la confianza de su superior, Javier Carceller, en aquel entonces fiscal jefe en la provincia. Su cese estuvo relacionado con la apertura al fiscal de dos expedientes, uno de ellos resuelto con una sanción.

Dimisión en Dénia

La renuncia del fiscal jefe no ha sido la única este miércoles. El caso del fiscal jefe de Castellón no es el único. La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana investiga la administración de la vacuna a otras 200 personas que supuestamente se han colado y se han inoculado la dosis cuando no les correspondía, entre ellos el de varios alcaldes del PSPV-PSOE y del PP que permanecen en su cargos.El más reciente es el de la concejal de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), la socialista Cristina Morera, que ha presentado su dimisión después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la covid-19 por no “desperdiciar” la dosis, junto a su esposo en la residencia de mayores municipal.

En rueda de prensa, la edil ha confirmado este miércoles entre lágrimas su renuncia al cargo municipal y ha subrayado que “fue un error”, al tiempo que ha recalcado que “seguía instrucciones que pensaba que eran adecuadas”. Morera también ha expresado que, pese a que actuó de “buena fe”, su marcha es lo mejor “para el alcalde, para el partido y para Dénia”. “Seguí unos consejos de salud pública, pero no debí actuar así, no pensé que era una irregularidad, no dije que no”, ha reconocido.