El broche a siete días de descontrol en el protocolo

La dimisión del máximo cargo militar de España, el general Miguel Ángel Villarroya, por haberse vacunado de covid sin formar parte de unos de los grupos prioritarios es el broche a una semana en la que decenas de casos similares, con casuística diversa, provocaron peticiones cruzadas de asunción de responsabilidades por parte de todos los partidos políticos. Esa actuación, que los señalados atribuyen a una redacción poco clara del protocolo de vacunación mientras sus rivales —y muchos usuarios de redes sociales— achacan más bien a la picaresca o la falta de ética, ha dado lugar a una presión social y política que provocó el viernes una dimisión sonada: la del consejero murciano de Sanidad, el cardiólogo Manuel Villegas. Y este sábado otra aún más sonada: la del jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El proceso de vacunación comenzó el 27 de diciembre y hasta este sábado se habían administrado 1.165.825 dosis. Los casos de alcaldes o altos cargos vacunados sin seguir el protocolo —que imponía que en la primera fase se vacunarían solo los ancianos de residencias y profesionales sanitarios— se empezaron a conocer hace unos días en varios puntos de España. Los protagonistas han esgrimido toda clase de razones para ser merecedores del pinchazo.

Uno de los primeros ejemplos, el del concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano (PP), puso el foco en la sexta dosis de la vacuna Pfizer. “Había un sobrante de dos o tres dosis que se iban a desechar”, explicó el edil como atenuante. Se refería al ya famoso “culillo de las vacunas”, como también lo bautizó el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, para explicar cómo el 20% de la inmunización se estaba desperdiciando en muchas ocasiones. Varios alcaldes y concejales, tanto del PP como del PSOE, han alegado eso mismo.

En su cargo seguía el sábado el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero (PP), quien aseguró que él no quería vacunarse. “A mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión”, dijo. Otros cargos públicos han afirmado que creían formar parte de los colectivos prioritarios porque son médicos de profesión o, por ejemplo —como alegó un alcalde de un pueblo pequeño— colaboran con la residencia de mayores.

Pero la presión —también de las direcciones de PSOE y PP hacia sus propios ediles— aumenta sobre cualquier caso que sale a la luz. Ciudadanos ha exigido “un compromiso ético de todos los partidos” para destituir a quien “se salte la cola” y, como socio del PP en Murcia, exigió el cese de Villegas. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tuiteó: “Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación”.

En esta línea se pronunció el presidente valenciano, Ximo Puig, que afirmó que quien haya recibido la vacuna de manera improcedente no debería recibir la segunda dosis. El debate en ese punto no está claro. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, razonó: “Si no [se ponen la segunda dosis], son dos fallos seguidos”.