Estrasburgo sepulta la investigación española sobre los crímenes de China en el Tíbet

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha infligido el último golpe a la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el presunto genocidio cometido en el Tíbet por las autoridades chinas. El órgano, con sede en Estrasburgo, ha rechazado admitir a trámite las dos demandas presentadas por el archivo de esas pesquisas, que tuvieron que cerrarse en 2014 después de que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) reformase la justicia universal tras recibir presiones del país asiático. El juez instructor de la causa llegó a imputar a un expresidente chino y a otros cuatro altos cargos, y se dictaron incluso órdenes de búsqueda y captura internacional contra ellos.

Según consta en las dos resoluciones del TEDH, adoptadas en noviembre y diciembre de 2020 y a las que ha tenido acceso EL PAÍS, esta decisión “es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno”. Ni siquiera entra en el fondo de la cuestión —valorar si ese archivo vulneró derechos fundamentales— al considerar que no se dan los requisitos. Por tanto, el recorrido jurídico se agota después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hayan respaldado con anterioridad dar carpetazo al asunto. Maite Parejo Sousa, una de las abogadas que ha llevado el caso Tíbet, explica que, entre otros temas, se planteaba que la reforma del PP había violado derechos al aplicarse con carácter retrospectivo en un proceso que ya estaba muy avanzado.

La investigación se abrió en 2006 tras la denuncia del Comité de Apoyo al Tíbet y del director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, nacionalizado español, que relató la persecución étnica de las autoridades chinas. Describió detenciones arbitrarias y amenazas. En 2008 se sumó una segunda querella por un delito de lesa humanidad, que acabaría archivada en 2010 tras una primera reforma del Gobierno de José Luis Zapatero (PSOE). El escrito hablaba de un ataque “generalizado y sistemático contra la población tibetana”. Los gobernantes estaban “al corriente de torturas, ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios a tibetanos y de someter a este pueblo a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones”.

Tras ocho años de instrucción de la primera querella, la Audiencia Nacional ordenó dictar a finales de 2013 una orden internacional de arresto contra cinco dirigentes del PCCh (Partido Comunista Chino) por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encontraba el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng. China, que llevaba tiempo presionando, verbalizó entonces en público su descontento y lanzó amenazas veladas. “China está muy molesta y se opone firmemente a las acciones erróneas adoptadas por las instancias españolas, haciendo caso omiso de la posición de China”, declaró Hua Chunying, portavoz de Exteriores del Ejecutivo asiático: “Creo que este incidente está relacionado con el buen desarrollo de las relaciones bilaterales, así que esperamos que el Gobierno español pueda gestionar adecuadamente la cuestión y distinguir lo correcto de lo erróneo”.

El PP, que emprendió en enero de 2014 una reforma exprés de la justicia universal, acabó fulminándola en marzo de ese mismo ejercicio. El recorte desencadenó el archivo inmediato de esta causa y otras relacionadas con esta legislación: como la investigación del asesinato del periodista José Couso, muerto en la guerra de Irak por disparos del ejército de EE UU y sobre la que Estrasburgo está pendiente de pronunciarse; las pesquisas abiertas por las torturas en Guantánamo; y las que versaban sobre el ataque del ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf. “España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero”, criticó Wahghen.

La nueva norma impulsada por el Gobierno de Rajoy establecía como requisito para investigar estos delitos que el “procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Una condición que el caso Tíbet no cumplía. Los socialistas prometieron revertir esta reforma a su llegada al poder e, incluso, se incluyó en el pacto de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, de momento, nada se ha cambiado.

Alan Cantos, coordinador internacional de las querellas y director del Comité de Apoyo al Tíbet, afirma que la inadmisión a trámite de Estrasburgo supone un “mazazo muy grande”. “Se vulneran esos principios democráticos de los que tanto hablamos, no solo en España sino en la Unión Europa. Esperábamos que, en España y en la UE, unas quejas y amenazas de China no acabaran con una masacre de nuestro sistema judicial”, ha apostillado: “Han puesto el último clavo en nuestro ataúd”.