Desmantelada una red que extorsionaba a presos de la cárcel de Archidona

La gabela es un tributo que en la Edad Media se pagaba a los señores feudales. Era un impuesto al pueblo llano del que los nobles estaban exentos. En la actualidad es el nombre que se les da a las deudas económicas que contraen unos reclusos con otros al adquirir productos prohibidos dentro de cualquier prisión, donde suelen tener precios más elevados respecto al exterior, como ocurre con las sustancias estupefacientes. Además, siempre acarrean intereses que los deudores a duras penas pueden afrontar, por lo que, para obligarles al pago, los acreedores les extorsionan y amenazan. Es justo a lo que se dedicaba una red en el Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona, que ha sido desmantelada por la Policía Nacional tras detener a 10 personas —todas del exterior de la cárcel— por un delito de extorsión, por el que también se investiga a otras 17, entre reclusos y sus familiares.

La madre de uno de los internos fue quien puso sobre la pista a los agentes policiales. Había tenido que realizar una veintena de pagos por un importe superior a 3.000 euros para que no se cumplieran las amenazas que recibía su hijo, pero la situación nunca acababa y decidió acudir a la policía para interponer una denuncia. “Son situaciones que se dan en muchos centros, porque en ellas los clanes se organizan y buscan aprovecharse de los más débiles”, cuenta un funcionario de prisiones. Subraya que la mayor parte de estas deudas suelen estar relacionadas con el consumo de drogas, pero también con el uso de otros productos ilegales, como los teléfonos móviles, que circulan de manera clandestina en el interior de una cárcel.

La investigación, conducida por el grupo de atracos de la Comisaría Provincial de Málaga, inició así la denominada “Operación Ochavada” —el nombre de la plaza más importante de Archidona— y apuntó rápidamente a un sistema de gabela desarrollado dentro del recinto penitenciario. Los agentes también pudieron conocer que había, al menos, tres presos que habían sido coaccionados para que realizaran diversos pagos a cambio de que los responsables de la red no les agredieran ni a ellos ni a sus familias. Las víctimas tuvieron que pedir ayuda a sus parientes directos para pagar las deudas.

Para ello, estos últimos tenían que realizar diferentes ingresos, a través de empresas de envío de dinero, a nombres de terceros, generalmente allegados en el exterior de los presos investigados. Entre ellos figura un hombre de 48 años y nacionalidad española que había propuesto al familiar de uno de los extorsionados que introdujera droga en la prisión durante la celebración de un encuentro vis a vis [con contacto directo entre el preso y su visitante].