La Junta de Andalucía se desentiende de los temporeros irregulares en Jaén que resultan contagiados

El Gobierno ha recriminado, a través de su delegación en Jaén, a la Junta de Andalucía que eluda su responsabilidad al no hacerse cargo de los temporeros irregulares que dan positivo por coronavirus en las campañas agrícolas en Jaén. El Ejecutivo regional ha habilitado dos centros de evacuación para que los jornaleros que padecen covid-19 guarden cuarentena, pero en estos locales, que están semivacíos, no tienen cabida los trabajadores sin papeles.

En Jaén, donde marcha a pleno rendimiento la recogida de la aceituna, que moviliza a miles de trabajadores foráneos, la Junta ha pedido a La Moncloa que le facilite espacio al que trasladar “a los transeúntes sin domicilio y sin documentación acreditativa de su estancia en el territorio español que resulten positivos”, según el texto de la carta remitida a la Subdelegación del Gobierno.

La consejería andaluza de Salud y Familias ha confirmado que el dispositivo establecido abarca solo a los temporeros que llegan a la campaña de la aceituna, “pero no a los que se encuentran en asentamientos ilegales”. Y añaden que “tanto los que llegan en patera como los transeúntes que están en la calle” no están dentro de su competencia, un cometido que trasladan a los servicios sociales de los ayuntamientos. Esta posición contrasta con el compromiso adquirido en el arranque de la campaña de acogerlos a todos, tal y como se ha hecho en el caso de la recogida de la fresa en Huelva. La Junta ha ofrecido en la provincia onubense otros dos albergues (de 140 y casi 500 plazas) para aislar a las jornaleras con contrato en origen que den positivo y a los temporeros que no tengan contrato ni techo, según confirmaron fuentes de la misma consejería. El giro en Jaén también rompe con la política seguida durante el verano, cuando, mediante acuerdos con el Ejecutivo central, cedió albergues de su titularidad para el programa de acogida de migrantes que arribaban a las costas andaluzas y debían hacer cuarentena.

Esta posición del Gobierno andaluz ha indignado a las organizaciones sociales. “Lo que no es admisible es establecer diferenciación alguna en función de si las personas cuentan o no con documentación regularizada”, señaló la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, que señala a las comunidades como las responsables en materia sanitaria sobre la Covid-19. “Reclamamos las mismas condiciones para todos porque al final, sean irregulares o no, no dejan de ser personas que han venido en busca de trabajo”, asegura Naimar El Yajizi, presidenta de Jaén Acoge, que acusa a la Junta andaluza de “enviar la pelota a otras Administraciones”.

El conflicto ha surgido a pesar de la baja tasa de contagios entre los temporeros de la campaña. Según datos de la Consejería de Agricultura, de los 2.294 test realizados en la provincia de Jaén hasta el 9 de diciembre tan solo se han registrado 25 positivos, es decir, apenas el 1,08%.

“El estigma de que los temporeros tienen una alta tasa de contagios es falso”, subraya Javier Porras, coordinador de Cáritas en Jaén. Esta organización no hace distinción sobre los usuarios que acceden a los comedores sociales que tienen abiertos en la campaña. “Cuando nos llegan no les preguntamos si tienen papeles o no”, agrega Porras. Tanto Cáritas como Jaén Acoge plantean que el albergue juvenil de Inturjoven (gestionado por la Junta) habilitado en la capital como centro de evacuación para los positivos se convierta en un nuevo recurso de acogida para los temporeros que no encuentran plaza en el resto de albergues repartidos por la provincia. “Es una incongruencia que en estos dos centros para guardar la cuarentena [con capacidad para 262 plazas] haya solo seis personas y, sin embargo, todavía haya decenas que duermen en la calle”, se lamenta Porras.

La capital fue la que soportó mayor presión migratoria en las primeras semanas de la campaña olivarera por el efecto llamada que provocó que dispusiera del primer y único albergue abierto. Estos flujos han ido disminuyendo en los últimos días coincidiendo con las 71 plazas que el Ayuntamiento ha sumado a sus recursos propios de acogida. Este año tan solo han abierto sus puertas 11 de los 20 albergues de la provincia, con un aforo restringido a un tercio por las medidas sanitarias. Varios alcaldes han justificado que no se pueda disponer de estos centros por el recorte del 50% de los fondos que reciben de la Junta. Mientras la presión migratoria ha disminuido en la capital, se ha incrementado en otros municipios, con decenas de inmigrantes deambulando por las calles en localidades como Villacarrillo, Mancha Real o Alcalá la Real.