Interior usa ahora las restricciones sanitarias para frenar el flujo de inmigrantes a la Península

Tras la polémica originada por la entrada de decenas de inmigrantes desde Canarias a provincias confinadas en la Península, el Ministerio del Interior ha multiplicado los controles policiales. El refuerzo de identificaciones en puertos y aeropuertos tiene como objetivo garantizar que se cumplen las restricciones de movimiento entre comunidades, pero sirve sobretodo para contener el flujo hacia la Península de inmigrantes llegados a Canarias. La policía impidió el jueves viajar a 191 personas que pretendían salir desde Gran Canaria y Tenerife hacia Huelva.

Además de las casi 200 interceptaciones en puertos y aeropuertos del pasado jueves, la Policía Nacional detuvo a otras 15 personas que ingresaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Otra persona fue detenida en Granada por suplantación de identidad.

Este número de interceptaciones en un solo día es, según fuentes policiales, el más alto de los últimos dos meses y medio, desde que empezaron a intensificarse los movimientos de inmigrantes, sobre todo de marroquíes, que intentan salir de las islas con sus pasaportes. El objetivo es intensificar estos controles, que se suman a otros documentales que ya están realizando agentes de Extranjería en aeropuertos como el de Valencia o Málaga. El departamento de Fernando Grande-Marlaska reacciona así a las críticas provocadas por la repercusión de varios vídeos en los que se ve a inmigrantes desembarcar en aeropuertos de provincias confinadas en las que no se puede entrar sin una causa justificada.

La polémica, más allá de la falta de controles en la entrada de territorios con restricciones, estuvo envuelta de una gran confusión y falsedades. Los sindicatos policiales y la oposición responsabilizaron a Interior de fletar estos vuelos de inmigrantes en situación irregular hacia la Península, cuando en realidad las imágenes mostraban viajes que los propios extranjeros habían organizado por su cuenta. Los únicos vuelos que el Gobierno organiza los coordina la Secretaría de Estado de Migraciones. Son para trasladar a otros recursos de acogida a los perfiles más vulnerables y se ha embarcado en ellos a unas 2.200 personas en lo que va de año.

“No hay ningún traslado a la Península en los términos que se está indicando”, aseguró este viernes Grande-Marlaska en San Sebastián. “Los únicos traslados que ha habido han sido muy esporádicos por las circunstancias indicadas de vulnerabilidad de las personas y de que sean susceptibles de ser acreedoras de la protección internacional, no hay ninguna otra actuación”. En lo que va de año ya han llegado a Canarias más de 21.000 personas, según datos de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), aunque el mal tiempo ha dado esta semana una tregua a las llegadas. Algo más de la mitad son marroquíes que, de forma inédita, están embarcándose con sus pasaportes, conscientes de la suspensión de las deportaciones por la pandemia. El documento, que en circunstancias normales facilita su identificación y devolución, ha sido estos meses la llave que les abre el tránsito al continente.

Los controles documentales en aeropuertos y puertos de destino ya se reforzaron en el mes de septiembre, según fuentes policiales, pero los dispositivos, más allá de ser aleatorios, tienen otras limitaciones. Los inmigrantes llegados en patera a Canarias tienen una orden de devolución abierta, pero una vez que han pasado la custodia policial de un máximo de 72 horas, no pueden ser retenidos. Si durante su tránsito vuelven a ser interceptados, solo pueden ser arrestados si han cometido algún delito o si los agentes ven viable su expulsión desde comisaría o tras pedir su internamiento en un CIE. En la mayoría de los casos, lo máximo que pueden hacer los policías es identificarlos, quitarles su billete e impedirles viajar. Los ingresos en el CIE, sin embargo, van en aumento con la reactivación de al menos tres vuelos de deportación semanales de Gran Canaria a El Aaiún, en el Sahara Occidental.

La operación del jueves que frustró el viaje de 191 personas y acabó con 16 detenidos se centró en dos barcos que hacían el trayecto de Gran Canaria a Huelva, una ruta de 31 horas que cuesta unos 120 euros. En el primero se identificó a 78 inmigrantes que habían llegado a la isla en patera y solo tres pudieron justificar y continuar su viaje. En el segundo, en el que querían embarcarse 25 inmigrantes en situación irregular, solo embarcaron dos. También se controló el pasaje de otro ferri de Tenerife a Huelva y de cuatro vuelos con destino a Málaga, Granada, Barcelona y Madrid.