El pacto que acabó de aislar a ETA

En el año 2000, ETA, hoy desaparecida, llevó al extremo la estrategia de “socialización del sufrimiento”, que había avalado su brazo político, Herri Batasuna, a principios de 1995 en la llamada ponencia Oldartzen (Acometiendo, en euskera). ETA convirtió a miembros del PP y del PSOE, a jueces, empresarios y periodistas en blanco prioritario de sus ataques. En aquel año, tras una tregua de 16 meses, redobló la estrategia criminal con el asesinato de 23 personas de gran relevancia social y política en el mundo no nacionalista del País Vasco con el objetivo de lograr un gran impacto mediático, aterrorizar a la sociedad y expulsar de Euskadi a quienes no comulgaran con la ideología nacionalista.

En este contexto nació el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como Pacto Antiterrorista. Fue el primer pacto de Estado que el Gobierno de Aznar, con mayoría absoluta, firmó con el PSOE, siendo su secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, durante la peor ofensiva de ETA. Fue eficaz en el aislamiento del entramado político etarra. Pero hoy acrecienta su valor, porque rebajó la tensión entre Gobierno y oposición e inauguró otra manera de hacer política, la salvaguarda de los pactos de Estado.

Este martes, 8 de diciembre, se celebra el vigésimo aniversario de su firma; y su promotor, Rodríguez Zapatero, resalta que este pacto, al que seguiría otro sobre la Justicia, acuñó la “oposición útil”. Javier Arenas, firmante como secretario general del PP, apela con convicción a la “herencia de pactos de Estado procedente de la Constitución”.

“Antes de ganar la secretaría general del PSOE adelanté que el aspirante a gobernar debe responsabilizarse del país y colocarse en la posición del gobernante. Propuse tres pactos de Estado: contra el terrorismo, por la justicia y por la inmigración. Logramos el primero, que afectaba al problema más grave entonces, el terrorismo, y el segundo, clave para el funcionamiento institucional”, recuerda Zapatero.

Una semana después de ser elegido secretario general socialista, Zapatero planteó a Aznar recuperar la unidad antiterrorista —el Pacto de Ajuria Enea se rompió en 1998 tras el Pacto de Lizarra entre PNV y Batasuna con el apoyo exclusivo de las fuerzas nacionalistas—. Lo hizo en la capilla ardiente de Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de Gipuzkoa, asesinado por ETA el 29 de julio de 2000.

La gestación del acuerdo no fue fácil. Tardó más de cuatro meses. El entonces secretario general de la Presidencia con Aznar y negociador del pacto, Javier Zarzalejos, admite en su libro No hay ala oeste en La Moncloa la reacción cautelosa del Ejecutivo. Aznar tenía mayoría absoluta y recelaba del PSOE por sus históricas buenas relaciones con el PNV.

El bloqueo se rompió en noviembre, tras la manifestación multitudinaria en Barcelona contra ETA por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch, con presencia de todos los líderes políticos nacionales y autonómicos, en la que se reclamó diálogo. Aznar y Zapatero decidieron impulsar el acuerdo que delegaron en Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba. “Se trata de alcanzar un consenso de fondo y a fondo”, dijo entonces Javier Arenas, secretario general del PP, que estuvo pendiente de las negociaciones. Hoy precisa: “Se abría una posibilidad importantísima para acordar que ETA tenía que perder la esperanza de una negociación política, que los partidos constitucionalistas teníamos que liderar una alternativa al Pacto de Lizarra y no utilizar el terrorismo en el debate político”.

Para pactar, la confianza es clave. Contribuyó la moción de censura conjunta que PSE y PP presentaron en septiembre contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por no romper sus relaciones con Batasuna. Aunque la perdieron, estrechó las relaciones entre el PP y PSE, dirigidos entonces por Carlos Iturgaiz y Nicolás Redondo Terreros. El acuerdo, que costaría tres semanas, superó como principales escollos el tratamiento al PNV y la alternativa al Pacto de Lizarra, recuerda Zarzalejos. Los partidos firmantes decidieron no pactar con el PNV mientras mantuviera el Pacto de Lizarra y abrieron la posibilidad de que PP y PSE fueran alternativa conjunta al nacionalismo.

El Pacto Antiterrorista fue suscrito exclusivamente por los partidos que entonces tenían capacidad de gobernar a escala nacional, PP y PSOE. Respondía a la etapa del bipartidismo. Pero admitió adhesiones de otros partidos así como de fuerzas sociales como los sindicatos y organizaciones empresariales. Solo quedaron excluidos los partidos nacionalistas vascos hasta que no rompieran con el exclusivista Pacto de Lizarra. Era la adaptación del Pacto de Ajuria Enea de 1988 a las nuevas circunstancias. Pero quedaba sobrentendido, como en el Pacto de Ajuria Enea, que si ETA abandonaba el terrorismo, el abertzalismo podría reintegrarse a la política.

Sin precio político

Zapatero destaca hoy el compromiso, gobernara PSOE o PP, de no pagar precio político por acabar con el terrorismo y sacar de la polémica partidista el debate sobre ETA, así como compartir la lucha antiterrorista a través de una comisión de seguimiento.

Arenas subraya la secuela del pacto, la Ley de Partidos, que, dos años después, ilegalizó Batasuna por integrar el entramado de ETA. “Fue capital en el aislamiento de Batasuna”, afirma. También destaca el acuerdo de constitución de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, vigente hasta hoy. Unos años antes, ambos partidos habían aprobado la Ley de Víctimas del Terrorismo, que reconoció importantes derechos políticos y económicos a las víctimas. Zapatero destaca del Pacto Antiterrorista su contribución al debilitamiento del entramado etarra.

La situación empezó a cambiar a fines de 2003 con la derrota del soberanista Joseba Egibar frente al autonomista Josu Jon Imaz en las elecciones internas del PNV, cuatro meses antes de que Zapatero ganara las elecciones. “El PNV de Imaz y Urkullu se despegó del soberanismo de Ibarretxe y luego desempeñaría un papel decisivo en el final de ETA, donde apoyó al Gobierno”, señala Zapatero. Con el cambio del PNV, la nueva tregua de ETA de 2006 y las conversaciones del Gobierno socialista con la banda cambiaron las circunstancias y el Pacto Antiterrorista se extinguió.

Zapatero, como gobernante, no contó con el apoyo del PP, en la oposición, en su política sobre ETA en la que mientras dialogó con la banda mantuvo las detenciones de sus miembros y no acercó siquiera presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Lo atribuye a la inesperada derrota para el PP en las elecciones de 2004 y a la “errónea reacción” de Aznar, que atribuyó a ETA por electoralismo la autoría de la matanza yihadista del 11-M. La etapa de Rajoy en la oposición la califica como de “claroscuros”. “Rajoy tuvo alguna intervención parlamentaria que prefiero olvidar [cuando acusó a Zapatero de “traicionar a los muertos” por dialogar con ETA]. Pero reconoció el final de ETA y que mi Gobierno no había pagado precio político por ello. Fue muy importante ese reconocimiento. Hoy Casado no mantiene esa coherencia, y sus análisis no reconocen que el final de ETA fue digno y se impuso la superioridad de la democracia”, señala.

Para el expresidente, esa “incoherencia” se manifiesta en el debate sobre la participación de Bildu en los Presupuestos. “Me entristece que se reabran debates resueltos. Los pactos contra ETA, desde Ajuria Enea en 1988, pretendían que abandonara la violencia y los abertzales hicieran política. Los partidos deben tener convicciones sólidas sobre lo que representó la violencia”.

Zapatero sigue defendiendo el papel de “oposición útil”. “El proceso de maduración de una alternativa política necesita tiempo. Unas veces tarda más que otras o puede no cuajar. El aspirante a presidente no debe esperar a que al Gobierno le vaya mal. Debe responsabilizarse de los problemas del país como si gobernara y tener claro que las cuestiones de Estado deben marginarse del debate político”. Como cuestiones de Estado claves señala las referentes a las libertades —como el terrorismo—, el funcionamiento institucional —como la Justicia y la renovación de los órganos institucionales— y la proyección española en Europa.

Cree que la inmigración debía pactarse —algo que él no logró— y considera “deseable, pero hoy improbable” otro pacto sobre la política territorial. “Fue un mal antecedente la oposición del PP al Estatuto de Cataluña cuando gobernaba. Hoy estamos muy lejos de recuperar un consenso mínimo sobre la España territorial viendo el discurso tan exagerado de los partidos de derecha. Los proyectos deben tener filosofía política”, afirma.

Arenas, que tras la derrota de las elecciones de 2004 de Rajoy, centró su vida política en Andalucía como candidato a la Junta del PP, coincide en que las discrepancias sobre la cuestión territorial entre el PSOE y PP proceden del desacuerdo sobre el Estatuto de Cataluña, pero carga sobre los socialistas que lo aprobaran “sin consenso” del PP. El ex secretario general del PP, firme defensor de los pactos de Estado, añora su ausencia, y señala: “Ha bajado el nivel sobre la filosofía de los pactos y de su necesidad”.

Un acuerdo para la Justicia como cuestión de Estado

Seis meses después del Pacto Antiterrorista, el PP y el PSOE cerraron un segundo acuerdo, el de la Justicia. Lo protagonizaron el ministro de Justicia, José María Michavila, y el socialista Juan Fernando López Aguilar. Michavila, que había sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el primer Gobierno de Aznar, y Aguilar, catedrático y jurista, compartían la idea de que la Justicia es una pieza clave en la política del Estado y de su necesidad de pactarla. Hoy sorprende un pacto como el de la Justicia cuando ni siquiera existe para renovar los organismos institucionales que, también, se pactaron entonces.

El escollo principal de la negociación fue la elección del Consejo General del Poder Judicial. El PP proponía la elección judicial, según recogía su programa electoral, y el PSOE, parlamentaria, una herencia de los Gobiernos de Felipe González. Tras semanas de negociaciones y de múltiples reuniones entre Michavila y López Aguilar, el PSOE aceptó que los vocales de procedencia judicial —12 de los 20— para ser elegibles necesitaran de 36 avales de la carrera judicial. A cambio, el Gobierno de Aznar asumió que la elección fuera parlamentaria. El pacto implicó reformas profundas y de calado como la modernización de la Oficina Judicial.

López Aguilar destaca su entendimiento con Michavila como clave del pacto. “Hoy no se ve algo así en política, Hubo franqueza y respeto mutuo y unido a la convicción común de que la Justicia, como cuestión de Estado, requería compromisos duraderos hizo posible el pacto”. Cree que Aznar favoreció el pacto porque “vio un PSOE joven, que salía de una crisis interna tras la retirada de Felipe González de la secretaría general, al que pretendía tenerlo cerca para controlarlo”.