El Constitucional rechaza el recurso contra la salida de prisión de uno de los autores de la matanza de Atocha

El Tribunal Constitucional ha resuelto el fleco que quedaba pendiente sobre la salida de prisión de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha perpetrada en 1977 contra un grupo de abogados laboralistas. Según detallan fuentes jurídicas, los magistrados del alto tribunal no han admitido a trámite el recurso presentado contra la excarcelación del ultraderechista, que el pasado 19 de noviembre abandonó el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Esta decisión agota todas las vías en España y a las víctimas solo les queda la posibilidad de acudir a Europa, una opción que ya estudian.

Este revés del Constitucional implica, además, una victoria para el abogado de García Juliá, que puso en marcha una estrategia para sacarlo de prisión apenas aterrizó en España el pasado febrero. A principios de ese mes, Brasil extraditó al pistolero ultraderechista, a quien había capturado en diciembre de 2018 tras permanecer huido de la justicia desde la década de los noventa. En ese momento, la Audiencia Nacional —órgano que lo condenó en 1980 a 193 años de cárcel y que había puesto en marcha su búsqueda y captura internacional— calculó que aún debía permanecer 3.854 días entre rejas (más de 10 años). Pero su letrado consiguió llevarse la causa a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde solo dos meses después, en mayo de este 2020, se hacía un nuevo cómputo y se adelantaba su salida al 19 de noviembre al aplicarle beneficios penitenciarios que había obtenido antes de fugarse.

“La liquidación [de condena] se hace de una manera, como mínimo, irregular y escandalosa”, opinó Alejandro Ruiz-Huerta, único superviviente del crimen que queda vivo y profesor jubilado de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba: “Lo de Ciudad Real sentó tan raro… Uno se queda asombrado de que pueda actuar así la justicia. Y la negativa del fiscal de recurrir. Y la Audiencia Nacional, que había pedido la extradición, también pasa del tema”, añadió en conversación con EL PAÍS. Las víctimas consideran que la excarcelación incumple la ley, al habérsele aplicado beneficios penitenciarios pese a sus reiterados intentos de fuga.

Para lograr llevarse el asunto a la audiencia provincial, la defensa de García Juliá aprovechó que en su historial constaba una sentencia de ese órgano posterior a la emitida por la Audiencia Nacional. En 1979, durante su permanencia en prisión preventiva a la espera del juicio por la matanza de Atocha, secuestró al director de la cárcel de Ciudad Real, a su familia y a un funcionario para tratar de fugarse. Un frustrado intento de huida que le supuso otra condena y que, ahora, ha utilizado en su beneficio.

García Juliá fue detenido en marzo de 1977, dos meses después del crimen, cometido en la noche del 24 de enero, cuando irrumpió en el despacho laboralista vinculado a CC OO y asesinó a tiros, junto a otros dos compañeros, a Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Otras cuatro personas sufrieron gravísimas heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González. El pistolero permaneció en prisión hasta que se le concedió la condicional en 1991. En 1994 pidió un permiso para viajar al extranjero por trabajo, que aprovechó para esfumarse. La justicia española, aunque tuvo noticias de que llegó a ser detenido en Bolivia por tráfico de drogas, le perdió entonces la pista hasta su captura en Brasil en diciembre de 2018.