Un tribunal militar confirma la sanción a un excabo por firmar un manifiesto antifranquista cuando estaba en activo

El Tribunal Militar Central ha confirmado la sanción por dos faltas disciplinarias graves que el Ejército de Tierra impuso al cabo Marco Santos Soto por haber apoyado con su firma, en 2018, un manifiesto antifranquista e incluir una aportación que concluía con la expresión “Salud y República”. Este manifiesto surgió en respuesta al texto de apoyo a la figura del dictador Francisco Franco promovido por cerca de centenar y medio de altos mandos militares retirados y en la reserva que pedía la permanencia de su cadáver en el Valle de los Caídos.

El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que el militar, estando en activo, concedió posteriormente una entrevista en un medio digital en el que hizo manifestaciones consideradas “contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas” y no amparadas por la libertad de expresión. Por todo ello, confirma las sanciones económicas de 12 y 10 días de su sueldo que le impuso el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Francisco Javier Varela, en julio del año pasado. El fallo es recurrible ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. El cabo, al que se le abrieron posteriormente otros dos expedientes disciplinarios, fue finalmente expulsado del Ejército de Tierra.

El origen de la sanción al antiguo cabo es la declaración pública que, en el verano de 2018, hizo un grupo de militares para mostrar su disconformidad con el manifiesto que poco antes habían lanzado 144 altos mandos, la mayoría retirados, con una apología de la figura militar de Franco y justificación del golpe de julio de 1936. En el comunicado antifranquista, aquellos militares expresaban su “repulsa más absoluta” hacia ese texto y el dictador: “No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español”, subrayaban. Entre los firmantes del texto antifranquista, que había promovido el capitán de navío retirado Arturo Maira, figuraban exmiembros de la Unión Militar Democrática (UMD), como el coronel Restituto Velero, y generales jubilados como Alberto Piris o el exjefe de la cúpula militar y hoy dirigente de Podemos Julio Rodríguez. También, nueve militares en activo: un subteniente, cuatro cabos -entre ellos, Santos Soto- y cuatro guardias civiles.

Además de plasmar su firma a la declaración antifranquista, cada uno podía hacer una contribución personal. En la suya, el cabo ahora condenado aseguraba que los militares que había respaldado la declaración de apoyo a la figura de Franco “son los que han hecho de las Fuerzas Armadas su jardín particular desde el 36”. “No estoy dispuesto a que ese manifiesto quede impune pues ataca directamente a esta Constitución con la que tanto se llenan la boca”, añadía, antes de despedirse con un “Salud y República”. Días después concedía una entrevista a eldiario.es en la que afirmaba que llevaba “19 años escuchando al romper filas el grito de ‘Arriba España” y que en la exhumación de Franco no había “una campaña de la izquierda”.

Todo ello motivó que fuera sancionado en abril de 2019 por el general responsable de la unidad a la que pertenecía y, tres meses más tarde, castigo que fue confirmado por el jefe del Estado Mayor del Ejército. El cabo Santos presentó un recurso contencioso disciplinario ante la decisión de este último al considerar que con la misma se vulneraba su derecho a la libertad de expresión, ya que consideraba que con sus palabras no había infringido su deber de neutralidad política, recogido en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Ahora, el Tribunal Militar Central rechaza al recurso del antiguo cabo al considerar que el manifiesto antifranquista se hizo público durante “un enconado debate social, en particular entre los diferentes partidos políticos, con opiniones o posiciones encontradas entre partidarios y detractores” de la exhumación del dictador “de claro cariz ideológico y político en el que los militares no deben ni participar de forma pública y con ostentación de su condición militar”, como consideran que hizo el cabo sancionado. Por ello, concluye que este “infringió palmariamente el deber de neutralidad política”. El tribunal afirma que el manifiesto que firmó tenía “la misma finalidad de influencia o presión” sobre los poderes del Estado que el documento de apoyo a Franco al que intentaba contestar.

La sentencia también considera que la expresión “salud y República” con la que el cabo Santos concluía su aportación tenía un significado político “evidente” al considerar que “determinados partidos abogan abiertamente por la sustitución de la Monarquía parlamentaria”. A todo ello, el tribunal añade las manifestaciones que el militar hizo durante la entrevista concedida al diario digital y concluye que con ellas incumplió “el límite que impone el respeto a las personas y a las instituciones” al utilizar expresiones que considera “contrarias a las Fuerzas Armadas y a sus mandos y autoridades”. Algunas de ellas, el fallo las tilda de “temerario desprecio hacia una verdad indiscutible”.

Por todo ello, el fallo concluye que el cabo Santos incumplió sus deberes como militar de manera “consciente y voluntaria” y, por tanto, “claramente dolosa”. “El demandante, militar de tropa con una relación de servicios de carácter temporal y larga trayectoria en las Fuerzas Armadas [más de 20 años], no podía ignorar el carácter antijurídico de las manifestaciones realizadas, que pese a ello efectuó voluntariamente”. Por todo ello, el tribunal rechaza su recurso y mantiene las dos sanciones económicas de 12 y 10 días por la comisión de tres faltas graves.

El abogado Juan Moreno, defensor del cabo, recurrirá el fallo ante la Sala Militar del Tribunal Supremo y llegará “hasta el Tribunal [de Derechos Humanos] de Estrasburgo si fuera necesario” para que se levanten las sanciones. Moreno insiste en que “no se puede sancionar a aquellos militares que, como el cabo Santos, lo que han hecho es expresar su apoyo al sistema democrático y las libertades de todos los ciudadanos”. El abogado añade que lo que hicieron Santos y los otros firmantes del texto fue “mostrar su repulsa a aquellos que desde dentro del Ejército o amparándose en su antiguo condición de militares estén utilizando la institución para fomentar regímenes autoritarios”.