La batalla por el contenido del Pazo de Meirás deja un nuevo enfrentamiento entre el Estado y los Franco

La batalla por el Pazo de Meirás ha escrito un nuevo capítulo. El juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña ha acogido este miércoles la vista sobre las medidas cautelares a adoptar sobre el emblemático enclave, que la familia del dictador Francisco Franco deberá devolver al Estado el próximo 10 de diciembre tras un fallo judicial que todavía no es firme. La sesión de esta mañana ha enfrentado, de nuevo, a los herederos del general golpista con el Estado y la Xunta de Galicia después de que la juez, que ha ordenado inventariar todos los bienes que contiene el edificio, frenase los intentos de los Franco de vaciarlo. “Tenemos razones para pensar que pensaban llevárselo todo”, ha cargado el abogado del Estado.

Los demandantes —el Estado, la Xunta, la Diputación y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña— piden que todos los bienes se mantengan dentro del inmueble hasta que exista una sentencia firme y entonces se determine cuáles son inseparables del palacete. Una medida que consideran fundamental para conservar en condiciones óptimas un bien excepcional e histórico. Los Franco, por su parte, reclaman poder llevarse todo lo que guarda un edificio que consideran de su propiedad.

La Abogacía del Estado ya no solo pide inventariar los bienes, sino que exige que todos los bienes permanezcan en el pazo hasta que haya una ejecución definitiva de la sentencia. Esta solicitud llega, según admite el representante de la Administración central, después de entrar en la propiedad: “Nadie tenía muy claro qué había dentro del pazo de Meirás. Queremos garantizar que la entrega de la propiedad se haga en las condiciones adecuadas”. Los árboles, escudos, hórreos son elementos que el abogado del Estado considera parte del inmueble, y los objetos que el Patrimonio Nacional colocó en el pazo también formarían parte del mismo, por vínculo de finalidad, ya que son bienes de uso por el antiguo jefe del Estado para el uso institucional del Pazo de Meirás.

Para la familia Franco, esta petición no es aceptable porque la demanda original no habla de ninguno de los objetos que están dentro del palacete. El abogado de los demandados admite que podría haber elementos dentro que vayan aparejados al inmueble, pero acentúa que para obtenerlos el Estado debió reclamarlos en la demanda y no en medidas cautelares posteriores.

Tanto el representante de la Xunta como el del Gobierno creen que las medidas cautelares son fundamentales para procurar que los objetos que otorgan al pazo su valor cultural e histórico no se pierdan: “Tenemos razones para pensar que pensaban llevárselo todo”, agregó el abogado del Estado, en alusión a un artículo de La Razón que aseguraba que se movilizaría entre 30 y 50 camiones para la mudanza de los Franco. El representante de los herederos del dictador no oculta esa posibilidad, cuando habla de que son de su posesión: “No solo que mis defendidos se verán privados de un inmueble que consideran suyos, sino que se pretende prohibirles el disfrute y, ¿por qué no?, explotación de lo que tienen dentro”.

El defensor de la Xunta insistió en la importancia de que nada se mueva hasta determinar quién es el dueño del pazo y qué elementos dentro son inseparables: “La visión que tienen los ejecutados es absolutamente simplista. Esto no es una cuestión de bienes muebles e inmuebles, es mucho más complejo”. Además, justificó el momento de la solicitud: “Se pide después del 11 de noviembre, porque las cosas cambiaron ¿Qué cambió? Entramos en el pazo de Meirás y las cosas que encontramos despertaron alarma”, agregó acentuando la gravedad de que los tesoros que esconde el palacete se pierda.