El juez investiga el préstamo de 1,4 millones de euros concedido por el empresario Fernando Roig a Carlos Fabra
El magistrado pide al PP de Castellón información sobre tres pagos al exdirigente popular, imputado por el presunto ocultamiento de patrimonio para evitar la ejecución de una sentencia por delitos fiscales
El presidente del grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, deberá prestar declaración como investigado en la causa que trata de averiguar si el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia que le condenó a cuatro años de cárcel por delitos fiscales.
Roig forma parte de la lista de 23 nuevos investigados que se incorporan a la causa, y entre los que se encuentran también otros empresarios de la provincia, como Enrique Gimeno Escrig, de Facsa, empresa suministradora de agua en Castellón; o Luis Enrique Batalla Reigada, exadministrador de Becsa, también investigada como mercantil en la causa, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV),
El juzgado de instrucción número 4 de Castellón investiga si los administradores de empresas y particulares que figuran en esta lista de 23 nombres ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012, y en concepto de qué lo hicieron. Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense, según el TSJ valenciano.
En el caso de Fernando Roig, la investigación pone el foco en el préstamo con garantía hipotecaria por importe de 1,4 millones de euros concedido en 2013 a Carlos Fabra sobre una vivienda del exdirigente popular en una información adelantada por El Español. Desde el grupo Pamesa han declinado hacer declaraciones al respecto.
El Grupo Gimeno, en el que se integra Facsa, responsable de la red de suministro de agua potable en la capital de La Plana, prefieren también guardar silencio. A 1,2 millones ascienden las pólizas suscritas por la firma y transferidas a Fabra por las cuales deberá prestar declaración el empresario Enrique Gimeno.
Por último Luis Batalla, exadministrador de Becsa, entra en la lista de personas citadas a declarar como investigadas por el Juzgado de Instrucción por los 232.897 euros transferidos por parte de la constructora a la sociedad Sipcas, de los que fueron reenviados a Carlos Fabra 211.000 por supuestos servicios de asesoría.
Por el momento, no se ha perfilado el calendario de citaciones de los 23 investigados, entre los que también figura el que fuera mano derecha de Fabra y vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, y Salvador Martí, el expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón, institución de la que Carlos Fabra fue secretario general tras dejar la política.
El juzgado también ha hecho un requerimiento de información al PP de Castellón para que identifique la persona, personas u órgano que autorizó el pago a Fabra y a una mercantil de tres facturas —de abril, mayo y junio de 2012— por valor de 58.900 euros, según ha informado la Agencia Efe.
La investigación policial revela ingresos en efectivo de unos 19.000 euros al mes en las cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón, mientras Fabra alegaba pasar por dificultades económicas para no liquidar su deuda por sus delitos fiscales, según informa À Punt.
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón prestó declaración el pasado 28 de octubre en una comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que le investiga a él y a otras cuatro personas, entre ellas su mujer y uno de sus hijos, en la citada causa para averiguar si el que fuera hombre fuerte del PP castellonense ocultó bienes de su patrimonio para obstruir la sentencia condenatoria por fraude fiscal. El fallo le llevó en 2014, y tras un proceso judicial dilatado durante más de una década y por el que pasaron hasta una decena de jueces, hasta el madrileño centro penitenciario de Aranjuez, del que salió hace tres y años y medio.
