“El rey emérito no está huido. Si le llamaran no tardaría en venir”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 59 años), afronta uno de los mayores retos de la política judicial en la reciente etapa democrática: aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que sustituirá a la que lleva vigente desde septiembre de 1882. Los gobiernos de los últimos 20 años, tanto del Partido Popular como del PSOE, fracasaron en ese empeño.

Pregunta. Con el modelo vigente, con jueces instructores dirigiendo la investigación penal, se ha imputado, procesado y en algunos casos condenado a banqueros, empresarios, ministros, presidentes autonómicos, diputados y alcaldes. ¿Han visto debilidades en el modelo que obliguen a cambiarlo?

Respuesta. No, no. El modelo ha funcionado y debemos sentirnos orgullosos de la carrera judicial que tenemos. No es un problema de desconfianza en nadie. Es potenciar los roles constitucionales que cada uno tiene. El juez es auténtico juez cuando actúa de garante de los derechos, cuando juzga. Por eso, la Constitución le dice que esa es una facultad que tiene exclusiva y excluyente. No es sustituir al juez instructor por el fiscal instructor, no. Es un fiscal investigador. Va a haber un juez que va acompañando a ese fiscal de tal modo que, cada vez que haya una afectación de un derecho fundamental, ahí estará el juez de garantías y es el que dirá cuándo se abre la causa contra una persona.

P. ¿Es más difícil defender las bondades de un proyecto de ley que da a los fiscales todo el poder investigador cuando el Gobierno al que usted pertenece ha elegido como fiscal general del Estado a una diputada socialista, que hizo campaña por el PSOE y que antes había sido ministra de Justicia?

R. Creo que es un tema que queda absolutamente desvinculado de la elección de la fiscal general, que se hizo conforme a todos los criterios legales, intervino el Poder Judicial y se hizo la audiencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. Pero, evidentemente, el Estatuto Orgánico [del Ministerio Fiscal] tiene que ser objeto de revisión en varios aspectos para potenciar y fortalecer al fiscal individualmente considerado. La Fiscalía funciona bajo los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica. Ya se prevén mecanismos en la propia ley de enjuiciamiento que soslayan estas dudas a las que usted hace referencia. No va por ahí el problema.

P. ¿Debería cambiarse el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado?

R. El modelo actual es claramente constitucional, establecido en la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Creo que hay que abrir un debate sobre ciertos aspectos, igual que lo podemos hacer con el Consejo General del Poder Judicial… A mí los debates nunca me dan miedo.

P. Ahora hay en España 5.400 jueces y 2.500 fiscales. ¿Para que esta reforma legal funcione hace falta que haya 5.400 fiscales y 2.500 jueces?

R. No es la cuenta en la que estamos. Lo que sí está claro es que hay que reorganizar esas carreras y abrir un debate importante. Evidentemente, si tenemos fiscales investigadores tendremos que replantear su ubicación y su número.

P. ¿Van a permitir a los jueces convertirse en fiscales?

R. Hay que oír a la carrera, ver los pros y los contras. No hay nada previsto ni cerrado. El debate tiene que ser honesto; tenemos que tener el tiempo necesario para equivocarnos lo menos posible.

P. La ley prevé prohibir a los partidos que ejerzan la acusación popular. Usted pertenece a un Gobierno formado por dos partidos que ejercen la acusación popular en diversas causas de corrupción que afectan al PP. ¿Le ha dicho usted al PSOE que se retire de esas causas?

R. No. En absoluto. Han ejercido una acción legal, hoy completamente legal, y, por tanto, son decisiones de partido en las que el Gobierno no entra y mucho menos este ministro de Justicia. Creo, y así lo entiende el Consejo de Ministros, que no es bueno que los debates parlamentarios se trasladen a los tribunales.

P. ¿Pero, si lo entienden así, por qué no se retiran de las causas en las que tanto Unidas Podemos como el PSOE están personados como acusación popular?

R. Porque esto es un anteproyecto todavía, que ha sido aprobado el pasado martes. Uno se vincula por las leyes que estén ya en vigor.

P. ¿Cuántos indultos se han concedido desde que es ministro con informes en contra del fiscal y del tribunal sentenciador?

R. El 99% son denegatorios. El pasado semestre, se aprobaron 10 indultos. Y solo dos de ellos se han dado con informe favorable del tribunal sentenciador y en contra de la Fiscalía.

P. ¿Puede el Consejo de Ministros dar un indulto a los presos del procés con informes en contra tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía?

R. Cuando se produzca ese debate en el Consejo de Ministros, me ofrezco a explicar por qué se darán o se denegarán esos indultos. Ahora mismo sería impropio de un ministro de Justicia que se pronunciara.

P. ¿Sería asumible para el Gobierno conceder un indulto con esos dos informes en contra?

R. Insisto en que hay que analizar cada caso en concreto, porque no hay dos casos iguales. Es verdad que son casos excepcionales [los indultos que se dan con los dos informes en contra]. Pero esto no es verlo judicialmente; es verlo conforme a otra cosa. El indulto conforme a la ley de 1870, el ejercicio del derecho de gracia, responde a otras cuestiones.

P. El Gobierno lo puede hacer… pero sería un caso excepcional, ¿no?

R. Sí, sí, sí…

P. ¿La desobediencia a sentencias del Constitucional debería ser castigada con altas penas de cárcel?

R. Tiene que haber claramente un delito que cubra y proteja a los órganos constitucionales. Esa desobediencia debe tener acogida en el Código Penal. Es una desobediencia grave y a los delitos graves suelen ir asociadas penas graves.

P. ¿Que el delito de sedición tenga una pena de hasta 15 años en España es un exceso?

R. Es un anacronismo y, comparando con el Código Penal de otros países de nuestro entorno como el alemán, el francés, el italiano o el portugués, también es un exceso. Estos delitos, en su esencia, llevan casi 200 años en nuestro Código Penal y no se han tocado, no fueron objeto de revisión. Creo que estamos obligados a hacer esa revisión como país democrático en un entorno europeo y que tiene que armonizar esta cuestión por exigencias europeas, pero también de coherencia. Desde luego, hay que hacerlo con la serenidad necesaria, pero oyendo a todos en un proceso legislativo.

P. Sin la sentencia del procés, ustedes no se hubieran planteado nunca la revisión del delito de sedición, ¿no?

R. Posiblemente no, hay que decirlo con honestidad. Durante muchos años no han tenido que aplicarse estos delitos. Pero el ejercicio de responsabilidad consiste en decir que tenemos que darle una vuelta a esos delitos. Ya veremos cómo quedan.

P. ¿Me podría decir, como jurista, en qué situación judicial se encuentra el rey emérito Juan Carlos I?

R. Es una persona sobre la que no hay proceso penal abierto y, por tanto, un ciudadano al que asiste, como a cualquier otro, la presunción de inocencia. Desde que perdió la inviolabilidad, es un ciudadano más y se le aplica la igualdad ante la ley.

P. ¿No lo considera un huido de la justicia?

R. En absoluto. El que huye es aquel que ha sido reclamado y no está. Y él no ha sido reclamado por la justicia. Es más, aventuro a decir que, si se produjera un llamamiento, el rey no tardaría en absoluto en venir.

P. ¿La situación de Juan Carlos I es comparable a la del expresidente catalán Carles Puigdemont?

R. Es radicalmente diferente. Ahí hay una causa abierta y Puigdemont está huido de la justicia. El rey emérito, insisto, no está huido de la justicia. La justicia no le ha reclamado nunca.

P. Históricamente, en el reparto de los 20 vocales del Poder Judicial siempre hubo vocales propuestos por los nacionalistas catalanes, por los nacionalistas vascos y por IU. Con la fragmentación actual de las Cortes, ¿deberían entrar en la renovación del Consejo vocales a propuesta de Podemos, ERC o Vox?

R. Alcanzar los tres quintos para aprobar la renovación es una cuestión que exige la ley y, por tanto, una obligación más que una opción. El arco parlamentario es el que determinará cómo se conformará esa composición. Lo que hay que hacer es renovar el órgano constitucional, porque así lo exige la ley.

P. ¿Deben entrar vocales en el nuevo Consejo propuestos por esos partidos?

R. No puedo contestar a lo que no está en mis manos. Insisto en que, dentro del marco de la legalidad, todo es admisible y lo único que no es admisible es que no haya renovación.

P. Lo digo porque una de las líneas rojas del PP es que no haya vocales propuestos por Podemos en el nuevo Consejo.

R. Creo que no puede haber líneas rojas cuando se negocia. Creo que son unas pseudolíneas rojas, no nos engañemos. La realidad supone que alcanzar los tres quintos solo se puede hacer hoy con el PP.

P. ¿El Gobierno sacará del congelador la iniciativa legislativa para reformar el método de elección del Consejo si, para el 6 de diciembre, el PP no acepta volver a la negociación y retirar sus condiciones?

R. Creo que en un plazo razonable el PP volverá a ser ese partido de Estado que ha permitido grandes avances en la justicia española, como el Pacto por la Justicia de 2001. Yo hablé de esa fecha del 6 de diciembre como algo que sería bonito. No sé si eso se ha magnificado. Sería un momento simbólico. Pero prefiero pensar que más temprano que tarde vamos a tener la renovación de ese órgano constitucional.