Los municipios turísticos de Gran Canaria amenazan a los hoteles con fuertes multas si no desalojan a inmigrantes

San Bartolomé de Tirajana y Mogán, los dos principales municipios turísticos de Gran Canaria, pasan al ataque para evitar que los hoteles se usen como centros de acogida de inmigrantes. Los dos consistorios y las patronales han advertido este jueves a los propietarios de los establecimientos que dan techo a extranjeros en situación irregular que deben desalojarlos antes del 31 de diciembre. En esa fecha terminan los acuerdos firmados entre los hoteles y el Gobierno de España para la acogida. De lo contrario, “se aplicará la legislación vigente”, ha advertido la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de la formación independiente Ciudadanos por el Cambio (Ciuca).

La normativa, explicó la alcaldesa, prohíbe expresamente dar a los hoteles un uso que no sea el estrictamente turístico, y contempla sanciones que van desde los 30.000 a los 300.000 euros. Según los ayuntamientos y las patronales turísticas, más 6.000 personas migrantes ocupan 16 hoteles y apartamentos (diez en Mogán y seis en San Bartolomé de Tirajana). En estos establecimientos, se alojan 450 menores no acompañados y un centenar de afectados por coronavirus, según los datos municipales.

Onalia Bueno ha comparecido junto al concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, y al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara. Según ellos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gasta 300.000 euros diarios con esta acogida en hoteles. Este dinero, sostienen, debería destinarse a crear “centros dignos” y que “liberen” a las zonas turísticas. “Hemos sido pacientes ante esta situación dramática”, aseguró Bueno, “pero esto tiene que tener un fin”. “Los municipios turísticos no podemos seguir resolviendo los problemas del Estado: la situación está fuera de control”, añadió.

Falta de espacios

La decisión de alojar migrantes en establecimientos hoteleros surgió a principios de verano. Por aquel entonces, los migrantes ya llevaban varios meses durmiendo en los suelos de naves industriales, muelles, terrenos de lucha canaria o polideportivos. La falta de espacios de acogida llevó a la Subdelegación del Gobierno a contactar con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas para sondear si podrían ofrecer hoteles cerrados por la pandemia. La patronal cursó la petición y varios complejos, como el Vistaflor en Maspalomas, dieron un paso adelante y accedieron a la petición como una alternativa al cierre.

En los últimos meses, sin embargo, los hosteleros se han mostrado cada vez más beligerantes contra esta práctica, al considerar que afecta a la imagen del destino. El 14 de noviembre, la patronal hotelera reclamó en un comunicado al Gobierno que desaloje a los inmigrantes ubicados en establecimientos de las islas y “recuperar”así “la zona turística para su destino natural”.

El Ejecutivo, por su parte, ya ha iniciado maniobras para desalojar a los migrantes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado viernes el plan Canarias, con el que prevé realojar a los migrantes en centros de acogida en carpas con capacidad para 7.000 personas instaladas en media docena de puntos de Gran Canaria Tenerife y Fuerteventura, y crear una red estable a lo largo de 2021.

“Los hoteles han llevado a cabo un servicio humanitario excepcional”, ha explicado a EL PAÍS el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara. “Pero la recuperación del turismo es la base del Pacto de Recuperación Económica y Social de Canarias, sobre todo ahora que se reactiva el destino”. Por eso, explica, resulta necesario que los hoteles desempeñen las labores “que estén recogidas en sus licencias de apertura”, explicó.

Centros turísticos

San Bartolomé de Tirajana es el principal núcleo turístico de la isla, con zonas como Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras o San Agustín. Su Ayuntamiento ha sido escenario de cruentas trifulcas políticas y mociones de censura, siempre a la sombra de intereses urbanísticos. Su alcaldesa, Conchi Narváez, del PSOE, lleva meses manifestándose contra el uso de hoteles para alojar migrantes. Es su homóloga de Mogán, sin embargo, la que se ha mostrado más beligerante. El municipio que rige Onalia Bueno, ex militante del PP y actualmente líder de Ciudadanos por el Cambio, es el segundo en importancia turística la isla. En su territorio se encuentra el Puerto de Arguineguín, que ha servido desde verano de imagen recurrente de la crisis migratoria en Canarias y de zona de acogida de emergencia.

El 28 de octubre, la regidora denunció ante la justicia por la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín. La justicia ha decidido archivarla, aunque considera “deplorables” las condiciones en la que se encuentran los inmigrantes. La Fiscalía de Canarias, sin embargo, ha recurrido el archivo de la denuncia alegando que no puede darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones pertinentes.

Mogán ha vivido en la última década sonados casos de corrupción. El más conocido es el caso Góndola en 2007, que investigaba el regalo de suelo público por parte del anterior alcalde, José Francisco González (PP), para construir el complejo de lujo Anfi del Mar. Esta investigación salpicó a la propia Onalia Bueno, quien quedó excluida de los procedimientos judiciales en 2017. En septiembre pasado fue detenida por supuesto delito electoral y contra la administración pública.