Comunidades autónomas

Las comunidades del PP ven la reforma fiscal pactada con ERC como un “ataque” a su autonomía

Las regiones gobernadas por el PSOE respaldan la armonización

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.María José López / Europa Press

La división es sobre todo ideológica, aunque con excepciones. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan en términos generales la reforma fiscal que el Gobierno ha pactado con ERC para armonizar los tributos cedidos por el Estado a las autonomías —Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio-, mientras que las del PSOE respaldan la iniciativa, que varias de ellas habían reclamado con insistencia. No obstante, en el grupo del PP, Castilla y León está de acuerdo en buscar una armonización, solo que a la baja. En las del PSOE, Canarias plantea que “se respeten sus singularidades fiscales y la autonomía de los tributos propios”, en referencia a los 120 impuestos de titularidad autonómica, que recaudan poco, como los de gestión de residuos o el tratamiento de aguas.

Uno de los mayores defensores de la armonización fiscal autonómica es el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig. Se ha significado de forma muy crítica contra lo que llama abiertamente “dumping fiscal” de la Comunidad de Madrid. Puig ha denunciado que “Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad”. Fuentes de la Consejería de Hacienda de la Generalitat valenciana valoraron ayer “positivamente la propuesta de avanzar en la armonización fiscal, siempre que se garantice la autonomía fiscal y de gestión de las comunidades, por lo que habría que estudiar bien la propuesta definitiva respecto al tope máximo de impuestos que también se plantea para no limitar tanto la autonomía fiscal”.

En la misma línea, el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García Page, defiende una armonización fiscal que “corrija los desmanes, los aprovechamientos y las trampas fiscales”. “No puede haber un Liechtenstein en medio del país”, dijo ayer en referencia a Madrid. El Gobierno de Asturias, también socialista, reclama que el Estado tome “cartas en el asunto” para evitar la competencia fiscal entre territorios y defiende que debe garantizarse un “mínimo común de tributación en todo el territorio nacional respetando el margen de autonomía que corresponde a cada Gobierno”. El Gobierno de Extremadura, del socialista Guillermo Fernández-Vara, considera que se debe consagrar una política fiscal que impida la competencia fiscal a la baja entre las comunidades autónomas. “El nuevo sistema debe diseñarse sobre la base de que son los ciudadanos, y no los territorios, los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de las prestaciones”, aseguran desde el Ejecutivo de Extremadura. El Gobierno de Baleares, de la socialista Francina Armengol, rechazó valorar la propuesta a falta de conocer los detalles. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, del Partido Regionalista Cántabro, coincide con sus homólogos socialistas y siempre se ha mostrado partidario de la armonización.

En las comunidades del PP la visión es la contraria. Madrid fue la más beligerante contra la reforma, pero no es la única. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la calificó como “un ataque a la autonomía y al modelo de Andalucía que funciona: bajando los impuestos suben los ingresos”. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró que su Gobierno defenderá la autonomía fiscal y la mantendrá “a salvo de cualquier intromisión que plantee subidas de impuestos” o restituir aquellos que ya se han eliminado, como el de Sucesiones y Donaciones. Castilla y León, también con un presidente del PP, tiene una visión más matizada. Un portavoz de la Junta destaca que Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que cualquier armonización de impuestos por parte del Gobierno de España tiene que ser “a la baja, con la correspondiente compensación a las comunidades”. El Gobierno vasco evitó pronunciarse porque “no afectará a los impuestos vigentes en el País Vasco” debido al régimen del concierto.

Con información de Eva Saiz, Juan Navarro, Lucía Tolosa, Guillermo Vega, Lucía Bohórquez, Ferran Bono y Virginia Vadillo.

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