Bruselas recuerda a España que “ninguna legislación de la UE” prohíbe trasladar migrantes a la península

Las leyes europeas no pueden ser esgrimidas como salvoconducto para mantener a miles de inmigrantes en Canarias, sin posibilidad de ser trasladados a centros más desahogados de la península. Así lo ha expresado este viernes la Comisión Europea a través de un portavoz, poco después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondiera desde Rabat a una pregunta sobre esas derivaciones vinculando la decisión de no realizarlas con “las políticas migratorias, que son del conjunto de la UE, y no solo de España”.

“En estos momentos, no hay ninguna legislación específica de la UE que regule las transferencias de solicitantes de asilo u otros migrantes dentro de un Estado miembro”, dice con claridad un portavoz de la Comisión preguntado por la cuestión.

Bruselas lanzó en septiembre un nuevo paquete migratorio, cuya discusión aún está en marcha y es probable que su aprobación no llegue hasta bien entrado el 2021, por falta de acuerdo y la resistencia de varios países, entre ellos España. Esta nueva normativa sí que aboga por un retorno efectivo y rápido cuando esa devolución tenga que tener lugar. Es decir: si la gran mayoría de los que se encuentran en el archipiélago no cumple con el perfil para recibir protección internacional, deberán ser retornados desde Canarias.

Si bien en Bruselas reconocen que en ningún caso hay normas de la UE que prohíban las derivaciones dentro de un país, interpretan las palabras del ministro Grande-Marlaska como un mensaje que podría ir en línea con la política migratoria y el espíritu de esta nueva normativa, que aún no está en vigor: “El espíritu es que un retorno tiene que tener lugar de forma efectiva y rápida, y obviamente esto sucede desde el lugar donde se ha producido la entrada”, comenta una fuente comunitaria, a pesar de que esta normativa no obliga a que haya de hacerse en el punto de llegada. La visita a Rabat del ministro de Interior también se mueve en esa misma línea: “La cooperación con terceros países es fundamental”, señala esta fuente.

Estatus de refugiado

En lo que va de año, han arribado a las costas canarias alrededor de 16.750 personas, de las que el ministerio de Migraciones considera que solo en torno al 10% podría acceder al estatus de refugiado. El retorno aplicaría por tanto al 90% restante. “Son sobre todo hombres jóvenes que parece que van escapando del desempleo”, dijo ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, tras citarse con sus homólogos europeos. “Llegan a España empujados por la falta de oportunidades económicas generadas por la crisis de la covid”.

El nuevo pacto migratorio pretende dejar atrás la llamada regulación de Dublín, que establece qué Estado miembro ha de hacerse cargo de una nueva entrada irregular cuando se trate de solicitantes de asilo: será responsable el país del primer punto de entrada y, en caso de que un migrante irregular atraviese este país, cruce una o varias fronteras y solicite asilo en otro Estado miembro, habrá de ser devuelto al país de primera entrada para que se haga cargo. Esta regulación se vio desbordada durante la crisis de refugiados de 2015.

La realidad es que cuando un migrante irregular se encuentra en territorio continental de la UE, circula sin apenas restricciones por la zona Schengen. Esto explica por qué algunos países del interior de la UE pueden preferir que la presión se concentre en las islas. La nueva normativa trata de evitar esos llamados “movimientos secundarios”.

Una fuente del Gobierno protestaba la semana pasada, tras una reunión de los ministros de Interior de los Veintisiete en la que trataron el nuevo pacto migratorio, por el hecho de que el cambio legislativo pretenda evitar estos movimientos secundarios, algo para lo que los Estados necesitarán contar con algún tipo de mecanismo de retención. “Es inviable que no existan”. El nuevo pacto, dijo, “sigue sin contentar a ninguno”.