Un soborno al juez más duro del proceso de Burgos

“La movilización contra el proceso de Burgos de 1970 marcó la decadencia de la dictadura franquista como la reacción contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco lo está marcando para ETA”, reconocía, en 1997, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor. Cuando se cumplen 50 años del proceso de Burgos –por el que un tribunal militar, durante la dictadura, pidió la pena de muerte a seis jóvenes militantes de ETA por su primer asesinato premeditado, el del jefe de la brigada político-social franquista de Gipuzkoa, Melitón Manzanas- apenas hay discusión sobre cómo las intervenciones de los acusados y sus abogados, la prensa internacional y las masivas movilizaciones ciudadanas vascas, extendidas a España y Europa, pusieron, como nunca, en jaque al régimen franquista, revivido por las cancillerías democráticas como un residuo olvidado del totalitarismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, se desconocen algunas claves de aquel proceso, referidas a las tensiones que generó en el régimen franquista. Un reflejo inédito de ellas fue la imputación judicial al ministro de Información y Turismo del Gobierno franquista, Alfredo Sánchez Bella, por tratar de sobornar al capitán Troncoso, ponente del consejo de guerra de Burgos, para que retirara las penas de muerte a los procesados, según el sumario al que ha accedido el jefe de investigación del Memorial de Víctimas del Terrorismo, Gaizka Fernández.

En 1970, el franquismo ya no era un bloque monolítico. El Gobierno, pilotado por el vicepresidente Carrero Blanco y el ministro López Rodó, estaba copado por tecnócratas vinculados al Opus Dei enfrentados al falangismo. Pretendían modernizar la economía y, sin salirse del franquismo, estrechar las relaciones con Europa e incluso acceder a la OTAN y a la CEE. Pero la petición de seis penas de muerte del proceso de Burgos lo enturbiaba todo.

El proceso de Burgos –que pidió la pena de muerte a Javier Izko, Mario Onainidia, Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi, José María Dorronsoro y Javier Larena- se gestó en su Capitanía General. Su titular, Manuel Cabanas, contó con la colaboración del capitán Troncoso como vocal ponente y Fernando Suárez de la Dehesa como coronel auditor. La Ley de Bandidaje y Terrorismo, promulgada en 1968 por el Gobierno anterior, obligaba a los tribunales militares a juzgar los delitos de terrorismo. La Auditoría de Guerra de Burgos unificó en un macroproceso los sumarios contra líderes de ETA por economía procesal, porque dichos sumarios recaían en Troncoso y por plantear un juicio ejemplarizante contra una ETA –distinta a la posterior- que en 1968 despuntaba.

La incomodidad del Gobierno llegó al extremo de que el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, exembajador y hermano del consiliario del Opus Dei en España, trató de sobornar al vocal ponente del proceso, capitán Troncoso, por mediación de Carlos Rojas, alto funcionario de la Dirección General de Prensa. Según revela el sumario, Troncoso se reunió poco antes del inicio del proceso en un hotel de Burgos con Rojas, que le planteó: “Si el Consejo de Guerra no pone pena de muerte ninguna, te ofrecen (en alusión a Sánchez-Bella) que te vengas a Madrid de vicepresidente” del Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola o el de Crédito a la Construcción". Suponía pasar de un sueldo de 16.000 pesetas mensuales a otro de 200.000.

Troncoso rechazó el soborno. “Las penas que se pongan han de ser serias, dada la gravedad de los hechos”, respondió. Informó del soborno a Suárez de la Dehesa y le comentó que si el Gobierno no quería su intervención, que el capitán general de Burgos se “mojase” y enviase el sumario al Tribunal de Orden Público. “Pero mientras venga a la jurisdicción y esté en Consejo de Guerra, voy a aplicar la ley”, insistió.

Días después, Rojas, asombrado de que Troncoso resistiera las presiones gubernamentales, lo comentó a un grupo del que participaba Suárez de la Dehesa. Por su indiscreción el 10 de febrero de 1971 la Auditoria de Guerra le abrió un sumario, el 18/71, por “presunto delito de soborno”. En su interrogatorio, Troncoso y Suárez de la Dehesa acusaron a Sánchez Bella de inspirar el soborno. Sánchez Bella y Rojas lo negaron. Pero el ministerio fiscal mantuvo que “no se habían desvanecido los indicios de culpabilidad del ministro” y pidió transmitir los autos al Consejo Supremo de Justicia Militar a lo que se negó el auditor. Rojas no tuvo consejo de guerra. En septiembre de 1971, el Gobierno le indultó junto a los procesados por otro escándalo del régimen, el caso Matesa. Tras la remodelación gubernamental de 1973, Sánchez Bella fue nombrado, paradójicamente, presidente del Banco Hipotecario.

Sánchez Bella fue investigado, a su vez, por el Servicio de Seguridad e Información de la Casa Militar de Franco. El informe de siete folios, al que ha accedido Gaizka Fernández, cuestionaba su fidelidad al régimen por haber tenido “un importante cargo en la zona roja” en la Guerra Civil y “haber condenado severamente la ejecución de Grimau –dirigente comunista fusilado por el régimen franquista en 1963- porque impediría la admisión de España en Europa”.

Andrés Cassinello, miembro de los servicios secretos dependientes de Carrero Blanco, también pretendió influir en la sentencia. Conectó a la familia de Javier Izko -principal acusado del juicio-, y al ministro de Justicia, Antonio María Oriol, vinculados al carlismo, y redactaron una petición de clemencia dirigida al dictador, que Oriol leyó en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre que debatió sobre el indulto, tras haber sentenciado el consejo de guerra nueve penas de muerte a seis de los procesados.

La inmensa mayoría de los ministros defendieron, como Oriol, el indulto en la consulta que Franco hizo en el Consejo, según revela López Rodó en sus memorias. Sus argumentos coincidían con lo acordado la víspera en una reunión que mantuvo con Carrero Blanco: que las penas de muerte perjudicarían la imagen de España y que sólo beneficiaba a los enemigos del régimen. El Gobierno estaba recibiendo masivas peticiones de indulto de los gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, del Papa Pablo VI y de la Conferencia Episcopal Española. Eran el reflejo de la protesta masiva, expresada en manifestaciones inéditas, dentro y fuera de España, desde la Guerra Civil, en un proceso que se volvió contra sus organizadores.

El propio capitán general de Burgos, Tomás García Rebull, que sustituyó a Cabanas, se manifestó por el indulto, influido por el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, vinculado al Opus. También respaldó el indulto el Consejo del Reino, defendido por el jefe del Estado Mayor, general Díez-Alegría. Sin embargo, numerosos militares, entre ellos varios capitanes generales, numerosos militares y policías reclamaron la ejecución de las penas, respaldados por concentraciones ultras, la más importante en la plaza de Oriente. Las concentraciones, inicialmente contra ETA, derivaron en ataques al Gobierno. Finalmente, Franco conmutó las penas de muerte el 30 de diciembre, dos días después de la sentencia y a los 27 del inicio del juicio.

El proceso de Burgos exacerbó el enfrentamiento dentro del régimen franquista entre tecnócratas, que intentaban blanquearlo, y los falangistas, que pretendían aplicar la dureza frente a la rebelión contra la dictadura. Los más radicales consideraron que el proceso de Burgos era la expresión del “reblandecimiento del régimen, manejado por los tecnócratas” y se situaron como contrapoder al Gobierno. Las grietas abiertas en diciembre de 1970, dentro y fuera del régimen, contribuyeron decisivamente al desmoronamiento de la dictadura.