El servicio secreto CNI también vigila las campañas de desinformación en la Red

El Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa no es el único que vigila la red a la búsqueda de campañas de desinformación. También el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del servicio secreto CNI, dispone al menos desde noviembre de 2019 de una herramienta de cibervigilancia denominada Elisa.

La tarea del Observatorio Digital del centro de inteligencia consiste en monitorizar el ciberespacio para detectar, de manera temprana, la presencia de “campañas sistemáticas y maliciosas de distribución de desinformación que busquen generar polarización o desestabilizar la sociedad, exacerbando sus conflictos o aprovechando sus vulnerabilidades en beneficio de Estados extranjeros”, según fuentes del centro.

El servicio secreto se limita a cibervigilar la red a partir de fuentes abiertas, por lo que su tarea no está sometida a control judicial. Su trabajo tampoco tiene más consecuencia práctica que los informes que eleva al Gobierno, pues no tiene competencias para promover el cierre ni para censurar ninguna web.

La monitorización empezó por unas pocas decenas de sitios de Internet, pero se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar unos 350 y serán más a medida que se vayan creando o se descubran. La clasificación de un medio digital como “potencialmente desinformador” se realiza a partir del análisis de una serie de indicadores de transparencia y trazabilidad que examinan, por ejemplo, la ocultaión de su origen, fuentes, propietarios o financiación.

En torno al 25% de los sitios sometidos a vigilancia son prorusos, un tercio ubicados en Rusia y otro tercio en España; un 35% son webs antisistema en español, la mitad de ellas anónimas; un 22% son de extrema derecha y un 18% de extrema izquierda, tanto alojadas en servidores en España como en otros países europeos, de América Latina y Estados Unidos.

Los informes de Elisa, de carácter quincenal, se remiten a la Comisión Permanente contra la Desinformación, cuyo protoloco de funcionamiento se publicó el pasado jueves en el BOE. Un representante del CNI forma parte de esta comisión, junto a altos funcionarios de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Interior, Exteriores y Economía.

La vigilancia de las redes se ha generalizado en los últimos años, después de que los países occidentales tomaran conciencia del uso intensivo que hacía Rusia de noticias falsas, amplificadas por sus ‘granjas de bots’, como arma para debilitar a sus adversarios o competidores. Lo hizo en la guerra de Crimea (2014), en las elecciones estadounidenses (2016) y francesas (2017) y en el referéndum del Brexit (2016). También España fue objetivo de esas campañas durante el referéndum ilegal en Cataluña (2017).

Esa práctica no ha desaparecido en ningún momento. El pasado día 2, la web rusa Primavera Roja publicaba un artículo que, citando supuestos testigos, aseguraba que los disturbios que se produjeron en las manifestaciones contra el estado de alarma en España fueron organizados por la Policía. Fue una noticia aislada, pero la narrativa es la misma que medios rusos usaron sistemáticamente durante las protestas por la sentencia del procés, hace un año.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que su objetivo no son las noticias falsas o fake news, sino las campañas de desinformación, que pueden basarse en mentiras flagrantes pero, con mayor frecuencia, tergiversan o manipulan hechos reales.

El recelo de asociaciones de la prensa y medios de comunicación está en quién decide lo que es o no desinformación, pues en el comité permanente solo se sientan representantes del Gobierno y los expertos de la sociedad civil solo serán convocados cuando las autoridades lo consideren oportuno.

El Plan de Acción contra la Desinformación de la UE, de diciembre de 2018, instaba a los países miembros a mejorar sus capacidades de lucha contra la desinformación y a designar puntos de contacto con el Sistema de Alertas Rápidas (SAR) europeo. Pero también les pedía reforzar a los verificadores de datos e investigadores independientes, ausentes hasta ahora del modelo español de lucha contra la desinformación.

La polémica generada por la publicación del protocolo ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional a anunciar la próxima convocatoria de un foro con editores, periodistas y expertos en comunicación del que debería salir la futura Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.