Los Franco aceptan entregar el Pazo de Meirás al Estado “provisionalmente”

La familia Franco está dispuesta a entregar ya el Pazo de Meirás al Estado pese a que la histórica sentencia que declaró la finca propiedad pública aún no es firme. La defensa de los herederos del dictador ha enviado un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que accede a devolver “provisionalmente” la mansión ubicada en Sada (A Coruña) mientras se resuelve el recurso que ha presentado contra el fallo, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El sorprendente movimiento de los abogados de los Franco responde a una petición del Ministerio de Justicia y llega después de que la Abogacía del Estado advirtiera de que la recuperación definitiva del pazo podría demorarse años por los previsibles recursos de la familia Franco. Ante este riesgo, el ministro, Juan Carlos Campo, anunció el 29 de octubre, tras reunirse con su equipo jurídico en Galicia, que los letrados del Estado solicitarían la ejecución de la sentencia antes de la resolución del recurso presentado por la familia ante la Audiencia Provincial de A Coruña. “Lo importante es que el Estado recobra el control del Pazo de Meirás y, por tanto, vuelve a manos de la ciudadanía. La reconciliación se construye desde la memoria y no desde el olvido”, ha afirmado este miércoles el ministro tras conocer la decisión de los descendientes del dictador.

Campo defendió en aquella intervención del pasado octubre la solicitud de la Abogacía del Estado por “acertada, ajustada a derecho y que contribuye a la recuperación de la memoria democrática”. Los Franco justifican ahora en su escrito ante el juzgado que, tras conocer la petición del ministro por los medios, han decidido “cumplir voluntariamente la obligación de entrega” y poner Meirás a disposición del Estado “con carácter provisional”, según ha adelantado el periódico La Opinión de A Coruña.

Fuentes del Ministerio de Justicia explican que la solicitud de ejecución de sentencia ya se ha cursado y que, tras la aceptación de los Franco, es la juez la que debe hacerla efectiva en un periodo de tiempo que depende de ella. “No suelen ser plazos largos”, señalan desde el departamento de Campo. Después de estos trámites judiciales, el Estado recibirá las llaves del pazo donde veraneaba el dictador y que su familia ha disfrutado durante más de 40 años de democracia.

El paso dado por los Franco acerca el final de una lucha que tomó fuerza hace tres años, cuando Administraciones, universidades y colectivos de memoria histórica se unieron en Galicia para buscar fórmulas para la recuperación del Pazo de Meirás. Tras la llegada al poder del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, el Estado presentó una demanda civil contra los Franco. El 3 de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró la finca propiedad pública. La sentencia, que concitó el aplauso del Gobierno central, de la Xunta y de un sinfín de organizaciones sociales, culturales y políticas, condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos que afirma haber asumido para su mantenimiento durante décadas.