Los barones del PP, entre Casado y Sánchez

Los presidentes autonómicos populares le tienen lealtad, respeto y apoyo moral al líder nacional de su partido pero necesitan del Gobierno de España para frenar la covid-19

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el debate sobre el estado de la comunidad.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el debate sobre el estado de la comunidad.PACO PUENTES

La lealtad, el respeto y el apoyo moral de los presidentes autonómicos del PP al líder de su partido, Pablo Casado, están hoy por hoy garantizados. El presidente Pedro Sánchez, como es sabido, no goza del afecto de los barones regionales del PP, pero estos no están por la labor de perder de vista al palacio de La Moncloa ni de separarse del manto protector que pueda extender el Gobierno de España para ayudarles en las acuciantes necesidades que tiene cada comunidad por la extensión sin freno de la covid-19. A Pablo Casado le querrán, pero a Pedro Sánchez le necesitan.

No es posible establecer una estrategia común de todos los presidentes populares marcada por la sede nacional del partido. No se pueden seguir directrices de rechazo a todo lo que proponga Sánchez ni tampoco pretenden que los presidentes autonómicos marquen el mismo paso. El desmarque general lo explota la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su afán de limitar las restricciones porque “Madrid se muere” económicamente no tiene seguimiento en el resto. Casado puede pedir el “mando único”, pero cada presidente regional tiene sus propias preferencias y, además, cambiantes, respecto a quién debe mandar.

Al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, le duele “en el alma” apretar las tuercas, pero probablemente este miércoles anuncie el cierre de Andalucía desde el fin de semana. Nadie como él sabe cuál es la situación de las ocho provincias, como también conocen al detalle sus situaciones propias los jefes del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. No dudará el gallego Alberto Núñez Feijóo en perimetrar, confinar o cerrar las ciudades que lleguen a la alerta roja y desborden el sistema de salud de la Xunta. Tampoco alzará la voz el presidente de Ceuta, Jesús Vivas —sin competencias en Sanidad— si el ministerio dicta instrucciones para su ciudad, o para Melilla, gobernada por Eduardo de Castro, de Ciudadanos. Aun así, el Gobierno ha dejado en manos de las autoridades locales de ambas ciudades autónomas que manejen sus necesidades.

Eso harán todas. Desde el 9 de noviembre, cuando terminen los primeros 15 días del estado de alarma, cada autonomía asumirá y decidirá las medidas contra la pandemia. La interlocución será bilateral: el Gobierno con cada Ejecutivo regional. No habrá quejas por este tú a tú. Esta realidad convivirá con las críticas de Casado a Sánchez, empezando este martes por la decisión del presidente de delegar en su ministro de Sanidad, Salvador Illa, la petición al Congreso de autorizar el estado de alarma. Los presidentes autonómicos seguro que lo consideran censurable, pero tienen otras preocupaciones. Ellos, a coordinarse con el Gobierno frente a la pandemia. Siempre puede haber excepciones. Madrid, por ejemplo.

Lo más visto en...

Top 50