El Constitucional acepta estudiar la recusación de Puigdemont a un magistrado

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la recusación presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, procesado en rebeldía por el Supremo, contra el magistrado Antonio Narváez, quien calificó el procés de golpe de Estado encubierto y le atribuyó mayor gravedad de la que tuvo el 23-F. Puigdemont alegó que el magistrado había demostrado falta de imparcialidad.

En una conferencia pronunciada en Granada en noviembre de 2017, Narváez expresó su “hondo reconocimiento” como “jurista y como español” hacia el exfiscal general del Estado José Manuel Maza, en cuya etapa al frente de la Fiscalía se presentaron las querellas del procés. Añadió que Maza había tenido una “postura ejemplar” por su labor en “el ejercicio de la acción penal” contra los dirigentes independentistas. Y sostuvo que la “crisis” derivada de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en 1981” con el asalto de Tejero al Congreso.

La defensa de Puigdemont —a cargo del letrado Gonzalo Boye— consideró que estas palabras implican que Narváez perdió al pronunciarlas “cualquier atisbo de imparcialidad”. Esta es la tesis sobre la que se va a pronunciar el Constitucional, que ha rechazado las recusaciones presentadas por los líderes del procés. Si se va a tramitar esta es porque los magistrados han considerado que ahora no se plantea una descalificación genérica del Constitucional, y que las manifestaciones de Narváez deben estudiarse más a fondo. La recusación citaba abundante jurisprudencia elaborada sobre esta materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los líderes del procés recurrirán como última instancia.

El Constitucional admitió asimismo otra recusación presentada por el exconsejero Antoni Comín contra Narváez por el mismo motivo. Como consecuencia de la admisión, se paralizan dos recursos de Puigdemont, y uno de Comín, y el magistrado queda apartado de su conocimiento hasta que se resuelva el incidente. El objetivo de ambos recurrentes era que se anule la orden de detención que sigue vigente contra ambos en España. El pleno del Constitucional fue este martes el primero celebrado con once magistrados, por la renuncia presentada por Fernando Valdés la semana pasada