El Gobierno está dispuesto a declarar un toque de queda si Madrid lo pide y el PP apoya el estado de alarma

Nueva medida drástica contra el coronavirus y nueva polémica política. El martes, a primera hora de la mañana, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pronunciado tres palabras que marcarían la jornada en torno a los protocolos a tomar frente a la pandemia en los próximos días: “Toque de queda”. Enrique Ruiz Escudero lo ha apuntado como una posibilidad: “No lo veríamos mal”. Unas restricciones nocturnas que irían de 00.00 a 6.00 para todo el territorio de la región. El Gobierno está dispuesto a decretar ese toque de queda nocturno, pero los detalles están sin cerrar.

Por un lado, esa limitación podría imponerse para toda España, como también ha apuntado el consejero madrileño, que lleva semanas reclamando “medidas homogéneas” para todo el país, o solo para las comunidades que lo pidan. Por otro, está de nuevo la cuestión del instrumento jurídico. El Ejecutivo central considera que para imponerlo es imprescindible utilizar un nuevo estado de alarma, porque se trata de limitar un derecho fundamental como es el de salir de casa, libremente, a la hora que cualquier ciudadano desee.

Esa cuestión, la de tener que poner en marcha de nuevo el estado de alarma, con las implicaciones que eso tiene en el Congreso, es lo que hace que el Gobierno exija que Madrid lo pida expresamente. Y añade otra condición: que el PP, que gobierna en la comunidad y que hasta ahora se ha opuesto al estado de alarma actual bajo el que está hasta el sábado, se comprometa a apoyar esta iniciativa y a votar a favor en el Congreso si fuera necesaria una prórroga. Así lo han dejado este martes claro el presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varias fuentes del Ejecutivo. Sin estas dos condiciones, se aleja la posibilidad de que la medida pueda concretarse, entre otras razones, porque el Gobierno de Madrid tiene dudas internas sobre la utilidad de ese toque de queda que el propio Gabinete de Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa de forma pública. Pero aún queda margen de maniobra: el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se reúnen los representantes de todas las autonomías, será el jueves.

Sánchez enfría la posibilidad de decretar un toque de queda como pide Madrid

Sánchez e Illa han mostrado con claridad que es una medida que el Gobierno no ve con malos ojos ante el agravamiento de los datos de la pandemia en España. Hay varias autonomías, como la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que estarían interesadas en esta iniciativa. De ahí que el Ejecutivo se plantee la posibilidad de decretarla para todo el territorio. Pero antes quiere saber si Madrid —la única con la que Sanidad mantiene un choque abierto y cuyo último enfrentamiento derivó en la aprobación del estado de alarma—, está dispuesta a pedirlo y el PP a apoyarlo. “Lo primero que hay que saber es si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo o no el toque de queda. Si se sustancia, se producirá un debate en el Consejo Interterritorial. A partir de ahí, cualquier Gobierno autonómico siempre va a contar con el apoyo total del Gobierno de España”, ha sentenciado Sánchez.

Illa ha señalado que otros países europeos están planteando este tipo de medidas y el Ejecutivo las tiene en estudio. Sin embargo, la discusión política vuelve a abrirse porque el PP, que está defendiendo el toque de queda para Madrid, insiste a la vez en rechazar el estado de alarma. Pero el Gobierno ha sido claro: no tomará esta medida si no hay un acuerdo con todas las comunidades, por tanto también con los populares, según fuentes del Ejecutivo. Illa ha dejado las opciones muy abiertas y ha apuntado que no se trata de algo inminente, sino en estudio. La medida está muy verde y no se plantean llevarla a un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes para aplicarla este mismo fin de semana, como sí sucedió hace dos semanas con el estado de alarma actual que hay activo en Madrid.

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Por el momento, acabará este sábado a las 16.48 y el Gobierno no tiene intenciones de prorrogar la medida. De hacerlo, para otros 15 días y ya fuera para algunas zonas o para toda España, necesitaría el voto del Congreso. Por eso Illa ha pedido al PP, que está proponiendo la medida desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso, que señale expresamente si está dispuesto a comprometerse a votar, si hubiese que hacerlo, de forma afirmativa en el Congreso. Quieren evitar el infierno parlamentario que se vivió en mayo. El ministro se ha mostrado preocupado tras el Consejo de Ministros —"vienen semanas muy duras", ha insistido— y por eso ha pedido de nuevo apoyo.

La iniciativa ha surgido de Madrid, que ha alegado que puede hacerse sin estado de alarma, aunque sin explicar cómo, pero no es la única región que ha sugerido esta propuesta. Otras comunidades también lo han hecho y será algo que se debata el jueves en el Consejo Interterritorial. El objetivo de esta propuesta es controlar sobre todo los botellones y las fiestas privadas ilegales en viviendas o residencias universitarias, que se están convirtiendo en un foco de contagio importante entre la población más joven desde el verano.

Antes de la moción de censura

El Consejo de Ministros se ha reunido en la víspera del debate de la moción de censura de Vox y en plena negociación de los partidos que forman el Gobierno de coalición para ultimar los Presupuestos Generales del Estado. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que la expansión de la pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar el formato de la conferencia de presidentes territoriales programada para el lunes próximo y se celebrará de forma telemática en dos jornadas. Esta cita contará con la presencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

El Gobierno ha aprobado el plan anual de políticas de empleo para 2020, con un importe de 5.793,7 millones de euros, de los que 1.944,5 millones se han repartido a las comunidades autónomas. Según un comunicado remitido por el Ministerio de Trabajo, el texto del plan concreta los objetivos que deben alcanzar tanto España como cada una de las regiones y los adapta al contexto generado por la pandemia. El plan ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020, con las medidas adoptadas para hacer frente a las crisis sanitaria, económica y social de la pandemia. Entre estas destacan la prestación para trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a las empleadas de hogar. También incorpora medidas para jóvenes y personas paradas de larga duración.