Las fallas del escrito del juez del ‘caso Dina’ en las que confía Iglesias

Podemos no quiere perder el tiempo y, apenas unas horas después de que el juez Manuel García-Castellón enviase al Tribunal Supremo la exposición razonada contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se ha lanzado contra los argumentos del magistrado. La formación se ha esforzado este jueves en dejar clara su versión: no trataron de engañar al instructor presentándose como víctimas de la policía patriótica, sino que están convencidos de esa hipótesis. Sus declaraciones y los escritos presentados en la causa cuando dio un giro de 180 grados, donde recuerdan que el instructor no ha encontrado ninguna prueba, ya avanzan por dónde va su defensa contra los cuatro delitos que se atribuyen al líder del partido.

“Se basa en rumores”. El rompecabezas tiene como piezas fundamentales dos delitos: denuncia falsa y simulación de delito. Según el juez, en una reunión celebrada en el seno de Podemos en julio de 2016, donde estaba Gloria Elizo (responsable entonces del equipo jurídico), Iglesias “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas [en Okdiario y procedentes del móvil de su antigua colaboradora, Dina Bousselham], eran fruto de una filtración de gente del propio partido”. Pese a ello, prosigue el instructor, el líder de la formación vio una “oportunidad de actuar” contra esa web, activando a sus abogados para que ampliasen con tres escritos (del 2 de agosto de 2016, del 28 de septiembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017) la denuncia que presentó la asesora tras el presunto robo del móvil y que se investigaba en un juzgado de Alcorcón.

Posteriormente, concluye el magistrado, se orquesta una “falsaria” campaña, que sigue en la Audiencia Nacional cuando se abre el caso Dina, para presentarse como víctima de la policía patriótica. Esa tesis se apoya en gran parte en la declaración de José Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la cúpula, que habla de “montaje”. Un testimonio que, para Podemos, carece de valor. “Se basa todo en rumores e hipótesis, de un señor que oyó decir...”, contraatacó este jueves Alberto Rodríguez, secretario de Organización.

Elizo también rechaza la teoría del juez. “Iglesias no me dijo que fuese una filtración de gente de dentro del partido. Cuando se publican se hacen muchas hipótesis, pero Iglesias nunca dirige el trabajo jurídico del equipo. En absoluto”, ha negado en una entrevista la actual vicepresidenta del Congreso, que incide en que en el verano de 2016 se analizaron todas las tesis dentro de su equipo y se concluyó que había “una posibilidad cierta y verdadera” de que las publicaciones de Okdiario estuvieran conectadas con el robo del móvil. De hecho, en las ampliaciones de denuncia del juzgado de Alcorcón solo se dice que “alguien” debió dar esos datos a la web de Eduardo Inda, y nunca se vincula con las llamadas “cloacas del Estado”.

Aina Díaz, abogada de Podemos, también rechaza que en el verano de 2016 descartasen la vinculación entre el robo del móvil y las cloacas, como varios medios le han adjudicado tras publicarse algunos mensajes del chat interno de aquel grupo de letrados. Simplemente, insistió en un comunicado, porque “hasta noviembre de 2016 no se empieza a utilizar el término ‘cloacas’ por ciertos periodistas”. Ella recalca, además, que en aquellas conversaciones solo defendió que iba a ser “difícil acreditar el origen de los pantallazos publicados en Okdiario, lo cual desaconsejaba una acción jurídica directa contra Eduardo Inda, realidad que es absolutamente diferente hoy tras acreditar la Audiencia Nacional que Villarejo tenía copia de la totalidad de la información existente en el móvil robado y que la misma había sido difundida a distintos medios periodísticos, no mediante pantallazos de mensajes, sino mediante copias íntegras de la memoria del teléfono robado”.

De hecho, como recuerdan Elizo y la dirección de Podemos, el nexo entre la sustracción del móvil y miembros de la policía patriótica lo plantea primero en la causa la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuando en marzo de 2019 envía un informe al juez donde detalla que ha encontrado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia de la “extracción de datos” del teléfono. Una línea de las pesquisas que investigó el propio juez y la Fiscalía Anticorrupción. “No intentamos engañar a García-Castellón, igual que tampoco lo hizo la Fiscalía ni Asuntos Internos”, ha recalcado Elizo.

“Se requiere denuncia previa”. El tercer delito que el magistrado imputa a Iglesias es descubrimiento y revelación de secretos por guardar durante medio año la tarjeta de Bousselham antes de devolvérsela, tras recuperarla a través de Interviú. Tal y como contempla la ley, para investigarlo se requiere una denuncia previa de la víctima. El propio juez lo admite en su exposición razonada, aunque deduce que la antigua asesora del líder de Podemos tiene interés en “proceder” para dilucidar todo y afirma que debe ser el Supremo quien le pregunte si adopta acciones legales.

Bousselham ya ha evidenciado, en cambio, que no quiere actuar contra el vicepresidente. “Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad”, escribía su abogado en un escrito enviado al juez el pasado junio, cuando el instructor ya había puesto la diana en el líder de la formación. En ese documento, la dueña del móvil asegura que “entiende” que su “amigo” guardara la tarjeta durante un tiempo, “ya que la había obtenido de forma confidencial”.

El vicepresidente también intentó desmontar en otro escrito la tesis de que ocultó que tenía la tarjeta. Iglesias subraya que el mero hecho de dársela finalmente a su exasesora —de forma “voluntaria” y sin “requerimiento alguno”— demuestra “la ausencia de ocultación alguna, más allá de que se tardase más o menos tiempo”. Además, él mismo le contó al juez en su declaración como víctima que la guardó durante seis meses y, según remacha el líder de Podemos, entonces el juez no le dio ninguna importancia a ese detalle.

“El delito de revelación de secretos requiere una denuncia previa. El juez dice que el Supremo oirá a Dina sobre si exculpa o perdona a Iglesias. Pero es al revés: si no le denuncia, no hay caso que enviar al Supremo”, ha apostillado también esta semana Victoria Rosell (Podemos), actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada de carrera.

“No hay prueba”. El delito de daños informáticos completa el puzle. Podemos insiste en que no hay ningún indicio que demuestre que Iglesias deterioró la tarjeta intencionadamente. El propio juez lo dice en su exposición razonada: “No hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado”. Y, hasta ahora, han fracasado todos los esfuerzos del instructor por aclarar por qué no se puede acceder al contenido.

El dispositivo electrónico presenta un deterioro exterior que, tras ordenar investigarlo, se concluyó que se correspondía con el “lijado” que hizo una compañía especializada para intentar rescatar la información. Esa posibilidad la admitió la propia empresa. Y la policía científica dijo lo mismo. “El citado lijado [...] sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento [...] La técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo”, concluía el documento, fechado el 12 de agosto. El juez se agarra a que supuestamente tenía un “fallo” interno previo que atribuye a Iglesias.

Pero en la formación de izquierdas insisten en que Iglesias nunca la deterioró: “Y, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo: Pero sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado a [Iglesias]”, defendió el abogado del vicepresidente en un escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado 2 de septiembre.