San Sebastián reivindica su recuerdo a las víctimas

El Ayuntamiento de San Sebastián no va a frenar su política de devolver a las víctimas del terror al espacio público que durante muchos años las instituciones vascas les negaron, pese a los reiterados ataques que están sufriendo las placas colocadas en el suelo en homenaje a Gregorio Ordóñez, el concejal del PP, y Juan María Araluce, expresidente de la Diputación de Gipuzkoa, ambos asesinados por ETA. La niña Begoña Urroz, asesinada por el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) hace 60 años, será la próxima víctima en tener su propio espacio público para el recuerdo. Será la séptima placa de un listado de 130 víctimas (107 de ETA) que llenaron de sangre y sombras durante décadas la ciudad vasca.

“Yo no viví la muerte de mi hermana, viví el no duelo del asesinato de mi hermana”, cuenta Begoña Urroz, a la que sus padres pusieron el mismo nombre que a la niña de año y medio que mató la bomba del DRIL. Ese asesinato, que durante muchos años se creyó que era el primero de ETA y que las investigaciones del Memorial de Víctimas del Terrorismo atribuyen ahora con certeza al DRIL, se produjo en 1960 con una maleta bomba. “Iré con mi marido y algunos vecinos”, explica Urroz, lamentando que sus padres no puedan estar en el acto: “Mi padre falleció hace más de una década y no conoció ningún homenaje a ninguna víctima”.

Esa dejadez y silencio oficial que victimizó doblemente a quienes sufrieron la violencia terrorista —como se visualiza en la serie Patria, basada en la novela de Fernando Aramburu— es la que quiere revertir el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV). “Las víctimas han de tener presencia en el espacio público y no ha sido así, cuando los victimarios sí que la han tenido. Tiene que prevalecer la memoria de las víctimas” constata el regidor.

La historia de la bella bahía de la Concha acumula en sus calles 130 asesinatos de motivación política, de los que 107 fueron obra de ETA y de los Comandos Anticapitalistas; cinco de otras bandas como el Batallón Vasco Español, ATE y el DRIL; 11 fueron víctimas de la violencia policial; tres de autoría confusa y cinco más sin aclarar, según el documento del Gobierno vasco de 2016 que recoge municipio a municipio las “vulneraciones del derecho a la vida entre 1960 y 2010”.

De momento, el Consistorio ha colocado dentro de este programa seis placas: la de Gregorio Ordóñez, la de Araluce y las de su chófer y los tres escoltas que le acompañaban; el sábado día 10 pondrá la séptima, la de Begoña Urroz. Ya existían, fruto de otros acuerdos municipales, las de Alfonso Morcillo, sargento de la Guardia Municipal asesinado por ETA el 15 de diciembre de hace 25 años, y la del concejal de HB Tomás Alba, asesinado por el Batallón Vasco Español en 1979, y dos más en las cocheras de la empresa municipal de autobuses: la de Mikel Zabalza, cuyo crimen se sigue investigando, y la de Mikel Portugalen, otro conductor que sufrió un infarto cuando la kale borroka atacó su vehículo.

“Antes del asesinato se cosificaba a las víctimas y queremos hacer el viaje inverso, el de devolver las calles a las víctimas, a las personas que fueron arrancadas del espacio público, y hacerlo, además, con sus nombres y apellidos”, afirma el concejal de Gobernanza, Juan Ramón Viles. En las placas figura el nombre de la víctima con sus dos apellidos, el año de su asesinato y la banda que cometió el crimen. “El mapa es aterrador cuando pones los puntos de los atentados sobre el callejero”, explica Viles. “Los atentados llegan a todos los barrios y en algunos casos son quíntuples, como el de Araluce, asesinado junto a su chófer y tres escoltas”.

“Tenemos una deuda con mucha gente que asocia nuestra ciudad con el dolor. Las víctimas tienen que estar entre nosotros”, ratifica Goia, “pese a quien pese”. “Es un detalle bonito”, dice Begoña Urroz. Viles confirma que van a seguir adelante: “A juzgar por los ataques que han sufrido las placas de Ordóñez y de Araluce, hay a quien le molesta que las pongamos, pero ni entendemos ni justificamos esas actitudes”.