Investigada la responsable jurídica de Vox por falsificación de documento público

Una juez de Sevilla investiga a la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y al excoordinador del grupo parlamentario ultra en el Parlamento andaluz Nicolás Gutiérrez por un presunto delito de falsedad en documento público. Ambos han sido citados en calidad de investigados (figura equivalente a la antigua de imputado) el próximo 13 de noviembre por la denuncia de un exasesor legal de Vox.

Castro es la máxima responsable jurídica del partido, por lo que dirige las múltiples querellas que Vox ha presentado en los tribunales contra políticos como los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el presidente Pedro Sánchez y todo su Gobierno. Además, representa a Vox ante las juntas electorales y la Administración. Forma parte de la cúpula de la formación ultra, a las órdenes directas del secretario general, Javier Ortega Smith, y es vocal de su comité de garantías y del comité electoral.

Nicolás Gutiérrez, Nico, fue cabeza de lista de Vox por Vizcaya en las pasadas elecciones vascas. Tras haber militado en el PSOE y UPyD, el partido de Rosa Díez, lo fichó Santiago Abascal y le encomendó el control de su grupo parlamentario en el Parlamento andaluz, pese a no ser diputado ni vivir en Andalucía. Después de que en julio pasado Vox obtuviera un escaño autonómico por Álava, Vox lo ha colocado como asesor en el Parlamento vasco.

El origen del procedimiento, en fase de diligencias previas, está en un conflicto laboral entre Vox y el letrado Francisco Javier Martínez, que trabajaba para su grupo parlamentario en la Asamblea andaluza. Cuando este denunció el impago de sus honorarios ante un juzgado de lo social, Vox alegó que el letrado había sido despedido. Como prueba de ello, aportó un burofax que contenía supuestamente la carta en la que se le comunicaba la rescisión de su contrato por bajo rendimiento e indisciplina.

Según la denuncia, la carta de despido nunca existió y fue “fabricada ex profeso” para aportarla al juzgado. Respecto al burofax, serían en realidad dos envíos distintos que Vox presentaba como uno solo: el primero era la convocatoria a una reunión y el segundo nunca llegó a su destino debido al confinamiento impuesto por la pandemia.

Basándose en la numeración de los burofax, concluye: “Los denunciados [los responsables de Vox] enviaron un burofax el día 4 de marzo, que dicen que llegó el 15 de febrero; es decir 19 días antes de haberlo enviado”. El recurso a este servicio es un procedimiento empleado en los litigios para acreditar el contenido de un envío y la fecha de recepción, por lo que aportado a una causa hace las veces de documento público, según la denuncia.

El denunciante sostiene que Castro y Gutiérrez no sólo han intentado perjudicarlo en el litigio por el impago de deuda, sino también dañar su imagen profesional fabricando una carta por despido disciplinario que nunca existió.

La juez ha admitido a trámite la denuncia por falsificación de documento público (castigada con hasta tres años de cárcel), al entender que existen indicios de un posible delito, y ha citado como investigados a los dos responsables de Vox, aunque la declaración se hará por videoconferencia, al residir una en Madrid y otro en Bilbao.

El letrado Francisco Javier Martínez ha cobrado ya los honorarios que le adeudaba (6.450,62 euros, incluidos intereses de demora y costas), después de que el Juzgado de lo Social número 36 de Madrid ordenara una investigación del patrimonio del grupo parlamentario Vox en el Parlamento andaluz y el embargo de sus bienes.

En el trasfondo de este conflicto está la crisis del partido ultra en Andalucía. Martínez dependía del presidente del grupo parlamentario, el exjuez Francisco Serrano, y cuando este cayó en desgracia por no ceñirse a las directrices marcadas desde el aparato nacional del partido, el letrado también fue marginado.

Martínez es hoy el responsable jurídico de TÚpatria, el partido surgido en julio pasado a partir de una escisión de Vox, mientras que el exjuez Serrano asesora a los tres diputados de la asamblea murciana expulsados del partido ultra.