El palo del Poder Judicial

Un principio general del arte de navegar, en el mar y en la vida en general, señala la necesidad de “que cada palo aguante su vela”. Eso es lo que hizo el órgano de gobierno de los jueces al decidir este miércoles por amplia mayoría que había que proveer seis plazas importantes en el Tribunal Supremo. Ha aguantado su vela, al no dejar indefinidamente vacantes dichos cargos.

Lo ha hecho contra corriente, en un momento en el que uno de los principales problemas de la justicia —tan protagonista de la vida política— es el bloqueo del propio Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Elegidos para cinco años, sus 21 miembros —20 vocales, más su presidente, Carlos Lesmes— llevan ya casi dos años de prórroga, sin que nada permita vislumbrar un pacto político que signifique cumplir las previsiones constitucionales y renovar esta institución. Produce cierto sonrojo que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, haya cuestionado la calidad democrática de España por el retraso en esta renovación, sin olvidar que en el mismo informe se alude a las estrechas relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

En este contexto, el mensaje que lanza el acuerdo del Poder Judicial es el de que ha sabido cumplir con una de sus funciones esenciales, como es la de garantizar el normal funcionamiento de los tribunales impidiendo que haya vacíos indefinidos en su estructura. Si unos vocales que han terminado su teórico mandato se ven en la tesitura de proveer determinadas plazas, arrebatando de algún modo esta competencia a sus sucesores, no es por propia voluntad. La razón de estos desfases hay que buscarla en la falta de acuerdo entre los partidos que podrían desbloquear la situación.

Hay que tener en cuenta, además, que los nuevos cargos electos —tres presidencias de Sala y otros tantos puestos en la Sala Penal— lo han sido con 19 de los 21 votos posibles. Casi un récord, en un órgano plural, proclive a las divisiones. Tan alto grado de consenso se explica, en parte, como factor de rechazo a las presiones para que se mantuviera el largo periodo de bloqueo en los nombramientos. Seguramente, lo que inspiró a los impulsores de esta estrategia fue el convencimiento de que convenía aplicar uno de los principios generales de la mala política, el que afirma que “cuanto peor, mejor”. Si el derecho de huelga de los jueces se discutió en su día, no debería serlo menos un supuesto derecho de huelga de los órganos constitucionales.

El acuerdo, por otra parte, es beneficioso por su propio contenido. Ha permitido situar en plazas clave del Tribunal Supremo a seis magistrados para los que los términos “acreditado prestigio” no es una fórmula ritual. Se trata de cuatro jueces progresistas y dos conservadores. Ojo al dato, que diría el clásico. Uno de los argumentos para criticar al Consejo actual es que con su mantenimiento se pretende prolongar el mandato de una mayoría conservadora. Quizá al PP le anime este objetivo. Pero he aquí que esa mayoría ha tenido que avenirse a un pacto por el que ha dejado en manos de la izquierda judicial la presidencia de dos Salas del Supremo —la Social o laboral y la Militar— y dos puestos en la Sala Penal. Al sector conservador, en cambio, le ha correspondido una presidencia —la de la Sala de lo Contencioso, muy importante—, y una plaza en la Sala Penal. Así, los votos en blanco de dos vocales progresistas son, sin duda, muy respetables, pero no puede decirse que el resultado obtenido sea contrario a sus propios intereses.