PSOE, PP, Cs y Vox se unen para condenar “las violaciones de los derechos civiles y democráticos” en Venezuela

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley sobre Venezuela en la que insta al Gobierno de España a vincular cualquier cooperación o negociación con el país caribeño a “la demostración de avances en materia democrática y de respeto a los derechos humanos”. La propuesta ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y PNV, mientras que Unidas Podemos ha sido la única formación de ámbito estatal que se ha desmarcado. Su portavoz, Enrique Santiago ha pedido al Gobierno que evite que sus embajadas sean usadas “para la desestabilización de ningún país”, en referencia a la presencia del líder opositor Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas desde mayo de 2019.

La proposición no de ley aprobada insta al Ejecutivo a liderar en el seno de la Unión Europea “los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias”. Además, condena “las violaciones de los derechos civiles y democráticos” por parte del régimen de Nicolás Maduro y llama al “cese de la inhabilitación y enjuiciamiento” de los políticos opositores. Santiago, que además de su cargo de portavoz ostenta la secretaría general del Partido Comunista de España (PCE), ha señalado que su formación condena cualquier violación de los derechos humanos, “ocurran donde ocurran”, y también “cualquier tipo de injerencia en asuntos de otros países”.

La aprobación de la propuesta llega solo una semana después de que la ONU acusase al Gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad. En el informe, que presentó la ‘Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela’, se señalaba como responsables directos de delitos de lesa humanidad al propio Maduro, a su número dos Diosdado Cabello, y a los ministros del Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino. El informe, además, condenaba las detenciones arbitrarias y la práctica de la tortura que supuestamente habría llevado a cabo el Gobierno venezolano contra sus opositores políticos. El presidente venezolano aprovechó su intervención de este miércoles ante la Asamblea General de la ONU para culpar de la crisis en el país caribeño al presidente estadounidense, Donald Trump, y pedir el fin de las sanciones contra su Gobierno.

La proposición no de ley aprobada este jueves subraya que Juan Guaidó está reconocido como presidente encargado por España y “exige” la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos. A pesar de la unanimidad entre los cinco partidos a la hora de la aprobación de la propuesta, el debate que ha precedido a la votación ha demostrado las fuertes diferencias entre ellos en relación con Venezuela. “El camino no es el que toma Borrell”, ha señalado la portavoz del PP, Belén Hoyo, tras el envío por parte de la UE de observadores al país caribeño, algo que para la popular es una forma de “blanquear al régimen”. La portavoz socialista en la Comisión, María Olga Alonso, por su parte, ha acusado al PP de utilizar a Venezuela como arma arrojadiza contra el Gobierno y le ha instado a contribuir a verificar las elecciones venezolanas.