Andalucía apuesta por la colaboración público-privada en todos los sectores para salir de la crisis

“Apostar por la máxima ejecución presupuestaria y dar mayor cobertura a la colaboración público-privada”. Esta es la receta que el Parlamento andaluz aconseja de manera insistente a lo largo de las 81 páginas del que consta el dictamen elaborado por la comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía por la covid-19, en la que no han participado la oposición (PSOE y Adelante Andalucía) y por la que han pasado 134 comparecientes.

Los trabajos parlamentarios comenzaron con mal pie en mayo pasado, cuando los grupos de izquierda decidieron no participar porque los socios del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos dieron la presidencia de la comisión al diputado de Vox Manuel Gavira. La ultra derecha se opuso a la creación de la comisión, pero acabó presidiéndola porque era la única manera de que el Gobierno no quedara en minoría.

La izquierda ha votado este jueves en contra de todo el dictamen, pese a que algunas de las 500 medidas han sido apoyadas en plenos anteriores por todos los grupos. El argumento expuesto por Adelante Andalucía para rechazarlas fue que el dictamen da cobertura a Vox, una formación que definición como “racista, machista, fascista, franquista y rancia”, dijo su diputado José Ignacio García. Casi lo mismo dijo el portavoz del grupo socialista, José Fiscal: “No vamos a ser cómplices de este paripé, esta broma para contentar a Vox y su ideario de ultra derecha”.

Las pretensiones más chirriantes de Vox han sido suprimidas del texto que se ha sometido hoy en votación, un trabajo que se atribuye a la diputada del PP Ana Vanesa García. No aparece ni la propuesta de crear “una frontera de protección microbiológica” o tampoco el cuestionamiento al sistema autonómico. La pluma de la ultra derecha aparece a lo largo de todo el texto (toros, caza, plan nacional de natalidad, violencia familiar, suprimir “cualquier tipo de barrera lingüística que cercene los derechos de los españoles a trabajar y residir” en cualquier parte de España, corregir el cálculo de la aportación navarra y cupo vasco, recuperación de competencias para asegurar una prestación de servicios igualitaria en todo el territorio nacional), pero más suavizada que el borrador inicial, si bien algunas de estas propuestas son compartidas por PP y Cs”.

Para salir de la crisis, el dictamen apuesta por trabajar al alimón con el sector privado. Ese propósito está en los acuerdos de investidura y de coalición del PP con Vox y Cs que hizo posible la elección de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta e impregna de cabo a rabo todo el texto: hay que “establecer un cambio del modelo actual hacia la colaboración público-privada”. Lo proponen para todos los sectores: en el fomento de la investigación industrial y la innovación empresarial; en la inserción a través de la orientación laboral; en la creación de empleo ‘verde’; en el arranque de startups; en la política pública de transportes; en inversiones públicas en infraestructuras y vivienda; o en la economía social.

Las medidas huyen de la cuantificación económica y en la redacción del texto abundan verbos que a nada comprometen como “apoyar”, “implementar”, “impulsar”, “favorecer”, “promover”, “estimular”, “posibilitar” o “auspiciar”.