Crisis del coronavirus

Pulso en la Fiscalía por las querellas contra el Ejecutivo por la pandemia

Dolores Delgado se ha abstenido de participar el dictamen sobre las denuncias

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado hace entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja el pasado viernes.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado hace entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja el pasado viernes.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL / Europa Press

Los sectores conservador y progresista de la Fiscalía sostienen un pulso acerca del informe que el ministerio público debe remitir al Tribunal Supremo sobre las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. La conservadora Asociación de Fiscales reclama la celebración de una Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo de la carrera, para debatir el contenido del informe, lo que rechaza la fiscal general, Dolores Delgado.

Delgado, y su número dos, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, consideran injustificado convocar a la Junta de Fiscales de Sala. Todo ello ha generado tensiones en el seno de la Fiscalía, cuando están pendientes de confirmación o relevo algunos de los más altos cargos de la carrera. La conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ministerio público, ha intensificado las críticas que venía haciendo desde su nombramiento, con el asunto de las querellas contra el Ejecutivo como terreno abonado para el enfrentamiento. La asociación acusa a Delgado de pretender “acallar” toda posición crítica.

El dictamen se presentará a finales de esta semana o principios de la próxima. Está terminado, de hecho, pero se le quiere dar un último repaso. Cada querella ha sido analizada individualmente, y en la Fiscalía se da por hecho que la tesis general del informe será contraria a la admisión a trámite de las denuncias presentadas.

La Unión Progresista de Fiscales, cuyos cuadros de los últimos años ocupan ahora los puestos principales en el equipo de Delgado, considera que la estrategia de presión seguida por la Asociación de Fiscales carece de sentido. Subraya que la fiscal general se ha abstenido de participar en el dictamen sobre las querellas contra el Ejecutivo, del que fue la anterior ministra de Justicia. Añade que ha sido Luis Navajas quien ha llevado el peso del dictamen. Será el teniente fiscal, próximo a la jubilación y con prestigio en la carrera, quien lo firme y quien ha asumido la responsabilidad de dar réplica a las propuestas e iniciativas de control lanzadas por la Asociación de Fiscales.

En el último Consejo Fiscal, Navajas explicó que él es el responsable de los informes que realice la Fiscalía sobre querellas presentadas contra aforados, como los ministros o diputados. Navajas expuso a los críticos que para su dictamen se ha valido del equipo que ha considerado más idóneo, compuesto por los fiscales de Sala de lo Penal del Supremo y la Secretaría Técnica de la fiscal general. Este órgano es el laboratorio jurídico del ministerio público, de donde salió, por ejemplo, la querella contra los dirigentes políticos que encabezaron el procés.

La Asociación de Fiscales respeta la trayectoria de Navajas, que incluye haber solicitado la absolución del entonces juez Baltasar Garzón en la causa sobre los crímenes del franquismo o haber informado a favor del archivo de la investigación contra el líder del PP, Pablo Casado, por las convalidaciones obtenidas en un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero los fiscales conservadores estiman que la no convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, cuya veintena larga de miembros representa todas las sensibilidades de la carrera, ha cercenado las posibilidades de un debate más amplio sobre las posibles responsabilidades penales del Gobierno por la gestión de la pandemia.

Para la Unión Progresista de Fiscales, en cambio, resulta obvio que lo que se pretende es “deslegitimar de forma apriorística” un informe que será estrictamente jurídico sobre la crisis sanitaria, en un intento de trasladar el debate y la crítica política al ámbito judicial.

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