Las comunidades acogen con frialdad el ofrecimiento de Sánchez

Las herramientas que ofrece el Gobierno para frenar la pandemia no han despertado entusiasmo autonómico. Aun así, algunos dirigentes socialistas ven útil dar a las comunidades la llave para solicitar el estado de alarma y otros, de diferente signo político, admiten estar estudiando la solicitud de soldados rastreadores. Madrid y Cataluña, dos de los territorios más afectados, descartan por ahora pedir al Ejecutivo que declare el estado de alarma. “Hoy no lo contemplamos”, señaló el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. “Esperaremos a conocer todos los detalles para estudiarlo detenidamente”, avanzó la portavoz del Govern, Meritxell Budó. El País Vasco ni lo necesita “ni se lo puede permitir”, añadió la consejera de Salud de Euskadi, Nekane Murga.

Una de las visiones más críticas la expresó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (del PP, aunque gobierna en coalición con Ciudadanos). Mañueco instó a “establecer unos criterios objetivos para solicitar el estado de alarma, unos indicadores iguales para todas las comunidades autónomas” a fin de “evitar desigualdades, confusiones e incertidumbres a la población y para actuar con las mismas armas y la misma estrategia ante un enemigo común”.

Más allá de expresar el rechazo a los estados de alarma, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lanzó una sugerencia que remitirá al Gobierno. Se trata de aprobar una nueva ley orgánica de salud para gestionar la pandemia y evitar “que haya 17 respuestas diferentes”, en palabras del líder gallego.

Tampoco Murcia tiene de momento intención de solicitar el estado de alarma, ya que la comunidad tiene menor tasa de incidencia, hospitalizaciones e ingresos en UCI que la media nacional, argumentó la Consejería de Salud.

Cogobernanza

En el ámbito socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, agradeció el ofrecimiento del Gobierno central a declarar un estado de alarma en cada comunidad, pero advirtió de que la eficacia de la medida está ligada a la movilidad entre regiones. El extremeño Guillermo Fernández Vara concluyo: “No se dan los requerimientos para hacer un confinamiento masivo”. Más receptivo se mostró el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. “Creo que es el camino correcto porque refuerza la idea de cogobernanza y profundiza en la capacidad de autogobierno de las comunidades”, señaló Puig, que dijo no entender las críticas de otras comunidades. También el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, lo consideró positivo.

Las reacciones fueron más matizadas respecto al uso de rastreadores militares, aunque Cataluña y País Vasco lo rechazaron de plano. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, puso en valor el sistema catalán de rastreadores, que cuenta con 1.688 profesionales. En una entrevista en RNE, Budó desdeñó la propuesta al considerar que 2.000 militares para todas las comunidades “no es un número demasiado elevado”. Más contundente fue Esquerra Republicana de Catalunya. En declaraciones a Servimedia, fuentes de este partido subrayaron: “Hacen falta más sanitarios y menos militares”.

En la Comunidad de Madrid, donde la necesidad de estos profesionales es más acuciante (la semana pasada el Gobierno regional pidió rastreadores al Ayuntamiento para que se incorporen en septiembre), el Ejecutivo solicitó al Gobierno central los perfiles de los rastreadores militares para ver si “encajan” con las necesidades de la región. “En momentos como los actuales, no se pueden rechazar ayudas de una u otra administración. Cuanto más colaboremos entre administraciones, más posibilidades de éxito”, dijo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Frente a esas reticencias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana destacaron la fortaleza de su sistema de vigilancia, aunque no rechazaron la oferta de Sánchez por si más adelante la necesitan. El Gobierno de Asturias también se mostró dispuesto a recibir a los militares, aunque de momento no los precisan. Canarias, Cantabria y Galicia se manifestaron asimismo a favor de la propuesta.

Primeras peticiones de rastreadores

Dos comunidades, ambas con presidentes del PP, han manifestado ya formalmente su interés en recibir a una parte de los rastreadores militares que ha ofrecido el Gobierno. El consejero de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuíña, remitió ayer una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para mostrar su interés y solicitar concreción al Ejecutivo central.

En Murcia, el consejero de Salud, Manuel Villegas, confirmó que también pedirá la colaboración de 60 rastreadores, que son los que le corresponderían a la comunidad autónoma en función de su población, según señaló en un comunicado.

Con información de Virginia Vadillo, Juan Carlos Espinosa, Cristina Vázquez y Pedro Murillo.