Un fiscal español aspira a la Corte Penal Internacional

El nombre de Carlos Castresana, fiscal con larga experiencia internacional, va a estar sobre la mesa en el proceso de elección del nuevo jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Castresana (Madrid, 1957) fue uno de los 14 preseleccionados para ocupar el cargo en los primeros pasos de un sistema de designación que está resultando sumamente laborioso y polémico. La razón es el momento clave que atraviesa el tribunal, ante la necesidad imperiosa de lanzar un mensaje de solvencia y credibilidad frente a las acusaciones de excesiva politización.

Es la justicia internacional, por tanto, la que se juega una importante partida en este proceso de elección. Y los pasos dados hasta ahora por el comité encargado de proponer a los candidatos finales no han convencido en la propia organización. Ese comité anticipó cuatro nombres entre los 14 preseleccionados. Pero ninguno de los cuatro está encontrando facilidades para reunir el consenso que asegure su designación en la próxima asamblea de países firmantes del tratado fundacional del tribunal, que se celebrará en La Haya en diciembre. Vista la situación, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere jugar fuerte en apoyo de la candidatura de Castresana, que sería el primer español que accediese al cargo.

Se trata, en parte, de recuperar cierto terreno perdido. España dio signos claros de apoyar los objetivos de la justicia universal durante los años ochenta y noventa, con procedimientos muy sonados, como el de la Audiencia Nacional contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Sucesivas reformas legislativas han estrechado, sin embargo, el campo de actuación de la justicia española en este ámbito. La Corte Penal Internacional se revela ahora como un instrumento idóneo para relanzar iniciativas en este campo.

De ahí el apoyo rotundo que la candidatura de Castresana ha recibido del Ejecutivo. Se trata de “volver al buen camino”, como ha sostenido el fiscal español en defensa de su proyecto. El propósito es enlazar con una tradición jurídica que aún tiene un corto recorrido histórico, iniciado en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, y cuyos referentes actuales son los tribunales para la antigua Yugoslavia en 1993 y Ruanda en 1994.

“El Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal es, como el caso Pinochet de 1996, hijo de la distensión de los noventa, después de la Guerra Fría. Pero luego la guerra contra el terror [yihadista] iniciada en 2001 lo complicó todo, y ahí seguimos atascados”, dice Castresana.

La CPI afronta, en definitiva, una etapa clave para asentarse como institución. Y la elección del futuro fiscal jefe puede marcar el punto de partida de esa operación.

Castresana fue fiscal en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo; luego ejerció la abogacía y encabezó misiones internacionales, para volver a la Fiscalía en enero de este año. Entre 2007 y 2010, dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con rango de subsecretario general de Naciones Unidas.

Los cuatro candidatos inicialmente destacados por la comisión creada ad hoc son dos abogados —Morris Anyah, americanonigeriano, y Fergal Gaynor, irlandés—, el fiscal canadiense Richard Roy y la juez ugandesa Susan Okalany. La procedencia de Morris Anyah es un factor desfavorable, ya que Estados Unidos no solo no forma parte de la Corte Penal sino que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha impulsado sanciones contra la institución por haber abierto investigaciones sobre actuaciones de la CIA y del Ejército americano en Afganistán, y otra sobre Palestina. Y Gaynor ha representado a víctimas relacionadas con ambas investigaciones, lo que podría poner en cuestión su imparcialidad.

Las investigaciones sobre Afganistán y Palestina “levantan chispas”, afirma Castresana, quien reivindica para la Fiscalía de la Corte Penal la posibilidad de actuar como “un gran motor”. Explica que esa Fiscalía ahora “no tiene ruedas; por eso no va a ninguna parte, no puede detener a nadie ni hacer registros ni intervenciones telefónicas ni confiscar bienes”. En el futuro, sostiene, “hay que aplicar los procedimientos de investigación que se emplean contra el crimen organizado”. Y para ello habrá que contar con autoridad y con el decidido apoyo de los Estados miembros.