Los temporeros de Lepe piden que acabe “el racismo institucional”

“No somos trabajadores de usar y tirar. Somos personas con derechos y dignidad. No desaparecemos cuando la campaña se para (…). Somos parte de Lepe (…) pagamos impuestos y la Administración debe velar por nuestros derechos (…). No queremos nada gratis. Somos trabajadores y podemos pagar para vivir en un alojamiento digno. Estamos pidiendo justicia social”, exigen los temporeros afectados por tres incendios que han calcinado casi un centenar de chabolas de asentamientos de Lepe y Lucena del Puerto entre los días 12 y 17 julio. Reivindicaciones que entregaron este miércoles por escrito en el Ayuntamiento de Lepe tras una manifestación en la que han participado unas 300 personas, según la coordinadora Solución Asentamientos, y unos 120, según cálculos de la Policía Local. “Queremos que se acabe el racismo institucional”, reclama Haya Fofana, uno de los portavoces de coordinadora Solución Asentamientos.

La protesta salió a las diez de la mañana de la estación de autobuses del municipio onubense y terminó pasado el mediodía en la plaza de España, ante el Consistorio, donde desde hace 21 días una veintena de trabajadores, la mayoría procedentes de Mali y Senegal, están acampados pidiendo una solución a la falta de alojamientos. “Hay muchos pisos vacíos en Lepe, pero no quieren alquilárnoslos a nosotros, también colegios cerrados que se podrían habilitar si hubiera una mínima voluntad política para solucionar el problema”, ha afirmado Bandiougou Demdele, de la Asociación de Trabajadores Africanos.

“En Madrid montaron un hospital en un día para atender a los enfermos de coronavirus. ¿Qué pasa que nosotros no somos personas? No estamos pidiendo nada gratis, sino poder vivir dignamente, pero el Ayuntamiento de Lepe no quiere dar soluciones, inventan cosas y nos difaman cuando nosotros solo estamos reivindicando nuestros derechos de forma pacífica”, ha añadido Seydou Diop, senegalés de 29 años.

El Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el Partido Popular, trató de impedir la protesta y solicitó este martes a la Subdelegación del Gobierno en Huelva que prohibiese la manifestación convocada por varias asociaciones de temporeros y el Partido Comunista de Andalucía. El teniente de alcalde de Lepe, Jesús Toronjo, calificó de “desafortunada” la decisión del Gobierno de permitir la manifestación en un momento en que “nos encontramos inmersos en una pandemia con casos positivos en el entorno que aconsejan que se eviten aglomeraciones”.

Sin embargo, Ana Mateos, presidenta de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), ha destacado la “normalidad” con la que ha transcurrido la protesta en la que “en todo momento” se han respetado las medidas de seguridad, el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social, impuestas durante la pandemia.

“Somos los que hemos sacado las castañas del fuego en plena covid y ahora, cuando ya se han terminado las campañas de recogida y no hacemos falta, no nos quieren aquí. El Ayuntamiento de Lepe es quien tiene las competencias y quien tiene que buscar una solución. No buscamos culpables, sino una solución”, ha asegurado Fofana, maliense de 29 años que llegó a España en 2007.

“Todos queremos vivir bien, pero no tenemos la misma fortuna”, “Habéis llamado mano de obra y han venido personas” o “Estoy harto de chabola, quiero casa” son algunas de las pancartas con las que han marchado los migrantes en una manifestación sin incidentes, salvo el mareo, debido a un golpe de calor, que sufrió uno de los participantes, que fue atendido por la Cruz Roja.

“Los migrantes llevamos 20 años trabajando en Lepe, pero el Ayuntamiento no cuenta con nosotros, es como si no fuéramos personas”, ha lamentado Demdele.

Un portavoz del Ayuntamiento de la localidad ha asegurado este miércoles que, tras el rechazo de su propuesta para instalar un campamento de emergencia para los temporeros en el polígono industrial La Gravera, el Consistorio está “estudiando otras vías”, aunque no precisa cuándo podrán presentar una nueva propuesta al Gobierno central. Tanto el ejército, que inspeccionó la zona el pasado 25 de julio, como las asociaciones de temporeros han rechazaron La Gravera por las altas temperaturas que se registran en la zona, su ubicación a siete kilómetros del pueblo y la inexistencia de comercios en los alrededores.