Los dos principales cargos del PP valenciano se suman al pacto institucional por la reconstrucción

Los dos cargos institucionales del PP más importantes de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se han sumado hoy al gran pacto institucional por la reconstrucción Alcem-nos con 303 medidas, promovido por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Había cierto morbo por conocer la posición de Mazón, investido presidente provincial del PP hace 10 días y el político más cercano en el territorio al actual presidente estatal de los populares, Pablo Casado. Momentos antes de la solemne firma en el Palau de la Generalitat, Mazón afirmaba a este periódico que no había ninguna contradicción entre su disposición a pactar y la línea general mantenida por su jefe de filas en Madrid: “Cada uno defiende el interés de su tierra y de su país por encima del interés de su partido”.

A continuación, el que se baraja en todos los cenáculos políticos como posible sustituto de Isabel Bonig por designación de Madrid, si bien la actual presidenta autonómica del PP ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección, se incorporó a la nutrida comitiva formada por los alcaldes de Valencia, Alicante, Castellón y Elche, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), los presidentes de las diputaciones de Castellón, Alicante y Valencia y los representantes de la Generalitat.

Horas antes, Bonig había dado una conferencia de prensa en la que tildó a Puig de “incoherente”. “Los planes de reconstrucción que presenta Puig hoy en el Palau y mañana en Les Corts son contradictorios”, ya que “en el plan presentado hoy en el Palau entre instituciones se recoge la defensa del trasvase Tajo-Segura, no aparece citada la reversión de los hospitales, ni la subida de impuestos, ni el dumping fiscal. Nada que ver lo que hoy se firma en el Palau con el documento que va a Les Corts. Esto no es un gobierno serio”, dijo Bonig, en referencia al documento político de reconstrucción que se está debatiendo en las Cortes.

Mazón, no obstante, destacó en su intervención oficial que ha sido un “proceso participativo con mayúsculas” que recoge un “compromiso real” de todas las administraciones incluyendo peticiones particulares como la suya, sustanciada en el trasvase del agua o la ayuda a la pesca en Alicante. Barcala sostuvo que en el acuerdo “no hay ideología, sino representación institucional” y celebrado que las instituciones trasladen a la sociedad que “hacen piña” en los momentos más difíciles. Alcaldes del PP integrados en la FVMP también han suscrito el pacto.

En este contexto, Puig citó varias veces la letra del himno valenciano, de donde se ha tomado prestado el nombre del pacto, Alcem-nos, para ponderar “un acuerdo sin precedentes”, un “trabajo de orfebrería” realizado por las 300 personas. “No hay diferencias en este momento, estamos por superar las dificultades y las incertidumbres porque si el diálogo es un valor en sí mismo, el diálogo que lleva al acuerdo es un paso fundamental, porque pone por encima el interés general”, destacado. El resto de intervenciones fueron de representantes del PSPV-PSOE (Toni Gaspar y José Martí, presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, respectivamente; Rubén Alfaro, presidente de la FVMP; Amparo Marco y Carlos González, alcaldes de Castellón y Elche), a excepción de Joan Ribó, alcalde de Valencia, de Compromís. Todos ellos valoraron las renuncias y el diálogo para alcanzar un pacto y la necesidad de transferir fondos a los ayuntamientos para posibilitar la concreción de las 303 medidas.

303 medidas

Las medidas firmadas se resumen en 10 líneas genéricas de actuación, según anunció Puig: Planes municipales de recuperación; Planes de empleo local; Estímulo del comercio local y de la economía circular; Refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; Ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; Máxima eficiencia de los recursos públicos; Refuerzo ante las Emergencias y la protección de la salud; Apoyo al tejido productivo local; Transición a una Administración digital;y Más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.