Los agentes que se pasaron al lado oscuro del narco

“Todos somos corrompibles. La cuestión es ¿por cuánto o por qué lo harías? Por eso, lo mejor es cortar desde el principio”. El agente que se oculta tras el nombre de Juan es tan perro viejo en esto de bregar contra el narco del Estrecho que habla tras haber visto ya a más de un compañero caer. No todos cortan de raíz.

Trini, una guardia civil que debía investigar a los traficantes, acudió a una cita con uno de los poderosos capos del hachís y por sus cuentas se acabaron moviéndose más de 11 millones de euros en apenas cinco años. Ella es la última detenida de los 27 agentes del Campo de Gibraltar que, en apenas dos años, se han dejado enredar por el narcotráfico.

Sólo Trinidad S. P. y su novia María Teresa A. A., dueña de un taller de vehículos, saben por qué aceptaron en 2014 el ofrecimiento del cabo Miguel Ángel F., compañero del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Algeciras, para ir a aquella reunión con Antonio Tejón El Castaña en la que les ofrecieron blanquear dinero para él. Miguel Ángel estaba preocupado porque, con su excedencia —así le pilló la detención en Granada en 2019—, no había nadie en el EDOA que le diese soplos al capo para el que se había vendido tiempo antes.

Trini y Miguel Ángel trabajaban en el equipo del capitán de la Policía Judicial de Algeciras, Joaquín Franco, también detenido en julio de 2019 por su supuesta implicación con Abdellah El Haj Sadek, el Messi del hachís. “Aquello era el zorro cuidando del gallinero”, tercia Francisco —nombre ficticio—, otro guardia civil de la zona.

De un equipo de más de una decena de personas, tres se dejaron corromper y arruinaron el trabajo del resto de compañeros íntegros. Solo la traición de Trinidad hizo que, de 2014 a 2019, el EDOA no fuese capaz de culminar “ninguna operación de narcotráfico” contra El Castaña, según el escrito de calificación que el pasado mes de julio la llevó a prisión eludible bajo fianza.

Desde que el Ministerio del Interior reforzó la seguridad del Campo de Gibraltar, solo la Guardia Civil ya lleva 27 compañeros detenidos por estar supuestamente implicados con el narco. Poco antes de Trinidad, Mariano P., compañero de esta en La Línea, tuvo el mismo destino que ella después de que investigadores de Asuntos Internos llegaran a la conclusión de que aprovechaba su cargo en el SIVE —el sistema de cámaras que vigilan el Estrecho— para ayudar al narco Kiko El Fuerte. La lista es más larga: cinco agentes más de la Aduana con Gibraltar apresados en febrero de 2019; tres del puesto que el instituto armado tiene en San Roque o los dos policías nacionales de La Línea que, en 2016, fueron apartados del cuerpo por su presunta relación con los hermanos Castaña.

“Es una constante en los años, solo que el despliegue policial actual en el Campo de Gibraltar ha provocado que caigan más. Este tipo de operaciones en las que están implicados agentes son muy difíciles de desarrollar porque a quien investigas es a tu compañero”, explica la fiscal antidroga en Andalucía, Ana Villagómez. Todas las partes asumen que es un problema minoritario, pero real. Aunque sigue siendo casi un tabú entre las fuerzas policiales: la Guardia Civil ha rechazado oficialmente a EL PAÍS informar sobre este tipo de investigaciones y la Policía Nacional no ha respondido a la solicitud, reiterada hasta en tres ocasiones.

No hay mafia potente del Estrecho que no intente tener a un agente comprado en cualquier cuerpo. “Una organización que se precie de serlo, necesita a uno dentro”, apunta el agente veterano que se oculta bajo el nombre de Juan. No les exigen en demasía, solo asegurarse de que el alijo de turno llega a buen puerto. “Los narcotraficantes ya dan por hecho que están investigados. Por eso, les suelen pedir que verifiquen una matrícula, por si se trata de un coche policial camuflado, o que les avisen de las horas en las que estará una patrullera en el mar”, apunta la fiscal Villagómez.

Hay también otros tipos de colaboración. En diferentes sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz queda constancia de cómo el traficante apenas buscaba que el agente hiciese de garantía ante la organización marroquí productora. En enero de 2020, un tribunal condenó a Diego F., un guardia civil de Sanlúcar de Barrameda, “por su esencial papel a los fines de convencer a los proveedores del éxito del alijo al contar con este tipo de medidas de seguridad”, según recoge el fallo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Pero llegar a esa complicidad de un policía no es sencillo para el narco. “A mí me han tentado, pero hay que saber dar el estacazo en seco”, asegura Francisco, el guardia civil de la zona. “Se te acercan en tu barrio, en tu vida diaria y comienzan con la broma para ver tu receptividad. La mafia sabe tus puntos débiles y te ataca por ahí”, apunta Juan. El agente aporta un retrato habitual de los compañeros que caen en la traición: hombres que se han separado, que están “hasta el cuello de deudas” o que les gusta la fiesta.

“Se te acercan en tu barrio, en tu vida diaria y comienzan con la broma para ver tu receptividad. La mafia sabe tus puntos débiles y te ataca por ahí”, apunta un guardia civil de la zona

El dinero que reciben no es desdeñable. Francisco calcula que los Castaña han llegado a pagar “entre 9.000 o 10.000 euros” a un agente por una colaboración. En la sentencia de la Operación Yupi —juzgada en 2018, pero relativa a unos hechos de 2015— queda constancia de cómo el narco llega a ofrecer entre 50.000 y 80.000 euros a un guardia civil por dejarle llevar a cabo un transporte de droga. En aquella ocasión, el investigador hizo creer al traficante que aceptaba su soborno para facilitar la caída de la banda.

Si dejarse comprar por el narco es sinónimo de obtener dinero rápido, también lo es de que el fin ineludible es la detención. Empieza entonces un camino mucho más duro para el sospechoso que pasa por la prisión provisional, continúa por la pérdida provisional de destino y culmina, si acaba condenado, con la expulsión del cuerpo. Ya en el segundo paso —en el que aún siguen cobrando su sueldo—, muchos “se dan de baja psicológica”, según asegura Francisco, asediados por su incierta situación laboral.

Cuando sus casos llegan a juicio, se enfrentan a condenas que van desde la inhabilitación temporal y los seis meses de prisión a los cuatro años de cárcel. “No siempre es fácil demostrar su papel o vincularles al éxito de un determinado alijo”, explica Villagómez. Para entonces la mayoría de ellos ya sufren el rechazo total de sus compañeros. “Les llamamos los apestados, los mala-imagen”, explica con rabia Francisco. No queremos saber nada de ellos porque es la pérdida total de confianza de una persona que está a tu lado y te la ha colado”.