La tarjeta del ‘caso Dina’: intacta pero inaccesible

El hilo para trazar el recorrido de la tarjeta de memoria del móvil robado a una exasesora de Pablo Iglesias ha llegado a Reino Unido con magros resultados. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que investiga quién dañó —y cómo lo hizo— una de las copias de la tarjeta que llegó a manos del líder de Podemos, ya tiene en su poder el informe de la empresa a la que la víctima envió el dispositivo para intentar recuperar su contenido. Los técnicos de esta compañía, en un informe fechado el 17 de julio, aseguran que cuando recibieron la tarjeta en 2017 esta llegó “intacta” físicamente, aunque les resultó imposible acceder a su contenido. El caso vuelve así a enredarse en el punto de partida que llevó al juez, a mediados de mayo, a retirar a Iglesias la condición de perjudicado: ¿cómo se dañó la tarjeta?

Para entender el origen del entramado judicial en el que se ha visto envuelto el vicepresidente segundo y líder de Podemos hay que remontarse a 2015, año en el que la entonces colaboradora de Iglesias Dina Bousselham denunció el robo de su teléfono móvil. Meses después, el líder de Podemos recibió una copia de la tarjeta de memoria a través de la revista Interviú, que decidió no publicar su contenido al comprobar que se trataba de material privado y documentación interna del partido. Iglesias guardó la copia durante meses hasta que se la devolvió a su dueña, una vez que parte del contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. Otras copias de la misma tarjeta fueron halladas en un registro en casa del comisario Villarejo.

El juez centró su investigación en desentrañar la relación entre el hurto y Villarejo, e incluso incluyó al líder de Podemos como perjudicado en la causa. Sin embargo, las contradicciones de la propia Bousselham ante García-Castellón —llegó a decir que Iglesias le devolvió la tarjeta dañada—, llevaron al juez a centrar sus pesquisas sobre el dispositivo y la posibilidad de que se haya cometido algún delito informático. El juez retiró entonces a Iglesias la condición de víctima y le reprochó que “ocultase” durante meses a la propia Bousselham que la tenía en su poder. El vicepresidente aseguró públicamente que la guardó para no meterle “más presión” a su antigua colaboradora.

Bousselham declaró ante el juez en mayo que al no poder acceder al contenido de su tarjeta, una vez recuperada, la envió a una empresa en Gales, lo que llevó al magistrado a dictar una orden internacional para interrogar a sus empleados. El resultado, que el magistrado consideraba clave, no despeja las incógnitas que aún giran en torno al caso. Los técnicos aseguran en el informe que el dispositivo estaba físicamente “intacto” y que los daños que pueda presentar en la actualidad fueron producto de su manipulación para intentar acceder al contenido. En todo caso, sostienen que la tarjeta estaba inservible y que, a pesar de aplicar un procedimiento básico, no consiguieron acceder a la información. En el informe también se incorpora una oferta a la clienta para realizar un nuevo procedimiento más exhaustivo sobre el dispositivo, que la empresa asegura que tiene altas probabilidades de éxito y sobre el que añade un presupuesto. Al no ser aceptado, la compañía dio por finalizados los trabajos y devolvió la tarjeta a su dueña.