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Diplomas para falsos encofradores

Cae una red que habría emitido 2.300 títulos de certificación profesional fraudulentos estafando a 1.300 trabajadores

Agentes de la Guardia Civil desmantelan un entramado dedicado a falsificar diplomas de cursos de formación.
Agentes de la Guardia Civil desmantelan un entramado dedicado a falsificar diplomas de cursos de formación.Europa Press
Ginés Donaire

La Guardia Civil ha desmantelado una academia de formación de Jaén que ofrecía, bajo pago de entre 40 y 240 euros, falsos diplomas de formación de encofradores, conductores o especialistas en riesgos laborales. La bautizada como Operación Encofrador se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de otras 18 por falsedad documental, acusadas de estafar 300.000 euros a unos 1.300 trabajadores de más de 50 empresas con la emisión de unos 2.300 diplomas de certificación profesional fraudulentos.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la operación se inició tras tener conocimiento del intento de homologar en la Fundación Laboral de la Construcción diplomas y certificados que acreditaban la realización de un curso de encofrador impartido supuestamente por una academia de formación de Puente Genil (Córdoba). Pero luego se comprobó que en esa academia no se había realizado ningún curso de encofrador ni habían tenido como alumnos a las personas que figuraban en los diplomas.

Tras más de dos años de investigación, se pudo constatar que estos títulos habían sido confeccionados por una academia de formación de Jaén, que los había remitido a una empresa constructora que había pedido su homologación ante la Fundación Laboral de la Construcción. Según informó la Guardia Civil, el gerente de la academia investigada, ayudándose de una de sus empleadas, supuestamente ofrecía y publicitaba a empresas de distintos sectores y bajo pago de entre 40 y 240 euros por título y trabajador, certificados fraudulentos a nombre de sus empleados, sin que estos asistieran presencialmente a ningún tipo de curso. De esta manera podían obtener la certificación de formación en riesgos laborales requerida para poder trabajar, principalmente en el sector de la construcción.

En los registros practicados en la academia se han intervenido 244 diplomas de la rama de la construcción supuestamente falsificados, otros 1.500 diplomas vírgenes con la marca de agua de la academia dispuestos para ser impresos, así como 1.630 diplomas o certificados de cursos de formación ya redactados sin que supuestamente el gerente de la empresa pudiera acreditar que los cursos se hubiesen impartido de forma presencial y conforme a la normativa específica. En total, los agentes creen que se podrían haber emitido unos 2.300 títulos de certificación profesional fraudulentos de todo tipo (riesgos laborales de la construcción, sanidad, minería o conducción de mercancías peligrosas y vehículos de grandes dimensiones) estafando a unos 1.300 trabajadores de medio centenar de empresas de todo el país.

Aunque los cursos ofertados debían ser presenciales, nunca se llegaban a realizar, ya que la academia investigada fabricaba los diplomas por su cuenta y de manera casera. Los agentes que han participado en la investigación creen que las empresas interesadas también se beneficiaban de la actividad fraudulenta de la academia de formación, ya que se lucraban de las bonificaciones de los bonos sociales que recibían al invertir los cursos de formación para sus trabajadores. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), organismo público estatal encargado de gestionar fondos económicos para ayudar a las empresas a formar a sus trabajadores, también detectó irregularidades en los diplomas.

La academia investigada emitía también certificados falsificados a particulares, que los presentaban en oposiciones de concurso público para obtener más puntos en el baremo. En concreto, se ha localizado a 10 aspirantes que pretendían acceder de forma irregular a la bolsa de empleo de un hospital presentando títulos por cursos de formación falsificados. Asimismo, los agentes han investigado a una decena de conductores de camiones, autobuses y vehículos de grandes dimensiones que no estaban en posesión del Certificado de Actitud Profesional (CAP) obligatorio para poder conducir dichos vehículos y que estaban ejerciendo esta actividad sin tener habilitación alguna para ello.

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Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción de Sevilla, la Fundae en Madrid, y la Empresa Pública de un hospital de la provincia de Jaén, así como diversas empresas de formación en riesgos laborales y rama sanitaria de las provincias de Jaén, Granada y Sevilla. Los detenidos, junto con los investigados y diligencias instruidas, han pasado a disposición judicial.

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