Una moción de censura desalojará el lunes al PSOE de la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife
Los socialistas y Ciudadanos presionan sin éxito al PP para que evite que Coalición Canaria recupere el Ayuntamiento gracias a una tránsfuga del partido de Arrimadas
Coalición Canaria recuperará este lunes la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife (207.000 habitantes) mediante una moción de censura que apoyan el PP y una concejal tránsfuga expulsada de Ciudadanos. Las presiones del PSOE y del partido de Inés Arrimadas a los populares han resultado infructuosas y la socialista Patricia Hernández, que fue investida hace 13 meses, poniendo fin a 40 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria en la segunda ciudad del archipiélago, perderá presumiblemente el bastón de mando y José Manuel Bermúdez volverá a ser el alcalde. “Creemos que les urge la moción porque estamos ultimando expedientes que reflejan la mala gestión durante tantos años”, destaca la aún regidora. Hernández pone como ejemplos casos de corrupción como el caso Las Teresitas o la empresa mixta de aguas Emmasa.
El PSOE y Ciudadanos asumen que el PP ha optado por una política de hechos consumados. El partido de Pablo Casado ha aplazado hasta después de las elecciones gallegas y vascas del domingo la reunión a la que le instaban esta semana las otras dos formaciones para abordar la situación en la capital tinerfeña. Es decir, que para cuando se celebre la reunión, que todavía no está fijada, se habrá producido el relevo al frente del Ayuntamiento. “Coincide con los tiempos de pausa que está marcando el PP”, constata Jorge González, secretario de Organización del PSOE de Canarias. “Un tránsfuga no puede dar estabilidad”, sentencia. El PP formará parte del próximo Ejecutivo local.
El partido más votado en Santa Cruz de Tenerife en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 fue Coalición Canaria con diez escaños ―uno más que en 2015―, seguido del PSOE con nueve ―cuatro en los anteriores comicios―, Podemos-IUC-Equo con tres ediles, el PP con tres ―tenía seis en 2015― y Ciudadanos con dos (un concejal menos que cuatro años antes). El apoyo de los dos representantes de Ciudadanos a Hernández, que fueron expedientados y expulsados ―uno de ellos, Juan Ramón Lazcano, sería admitido después― por incumplir el veto al PSOE ordenado por Albert Rivera, resultó crucial. Un año después, la situación se invierte. Lazcano renunció a su acta por razones personales durante el estado de alarma por el coronavirus. En su lugar entró Evelyn Alonso, que días después de tomar posesión de su acta dio alas a la moción, saltándose la disciplina de partido. Coalición Canaria y el PP la registraron el 29 de junio y cuenta con el respaldo de 14 de los 27 concejales municipales. Salvo un nuevo giro, saldrá adelante en el pleno monográfico convocado el lunes al mediodía.
En este contexto, el PSOE y Ciudadanos redoblaron la presión sobre el PP el miércoles con un comunicado conjunto crítico con el transfuguismo. Ambas formaciones insistieron en “alcanzar el consenso necesario para terminar con esta forma de corrupción que sólo busca mercadear con la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas por la puerta de atrás, así como que los partidos se comprometan a no utilizar esta circunstancia antidemocrática en beneficio propio, anteponiendo su propio interés a los resultados de las urnas”. Sin referirse de forma expresa al caso de Santa Cruz de Tenerife, socialistas y Ciudadanos no ocultaron la urgencia que tenían de cerrar un pacto: “Con independencia de los acuerdos que se alcancen la semana próxima, el compromiso de acabar con este tipo de comportamientos que adulteran nuestro sistema de representación, debe manifestarse plenamente vigente y ser asumido por las distintas formaciones, de tal manera que impidamos desde ya mismo el que se produzcan cambios al frente de las alcaldías por la actuación de un tránsfuga”.
El PP replica que PSOE y Ciudadanos no están para dar ejemplos, después de que esta misma semana perdiese la alcaldía de Cartaya, localidad de 19.500 habitantes en la provincia de Huelva. El PSOE, IU y Ciudadanos presentaron una moción de censura contra el alcalde popular, Manuel Barroso. La dirección nacional de Ciudadanos ha iniciado un expediente de expulsión de su concejal al “contribuir a erosionar la estabilidad de un gobierno municipal en un momento de crisis social y económica”. Sin embargo, el PP también ha salido beneficiado en otra ocasión reciente: el portavoz de Ciudadanos en Málaga, Juan Cassa, se hizo concejal no adscrito tras el triunfo de Arrimadas en las primarias. El PP impulsó su incorporación a la Diputación, que sumada a su condición de edil permitirá cobrar a Cassa unos 90.000 euros anuales. Ciudadanos votó en contra. Cassa era clave para el alcalde malagueño, el popular Francisco de la Torre, ya que rompe el empate entre los 15 concejales del PP (14) y Ciudadanos (1) y los 15 de PSOE (12) y Adelante Andalucía (3).
Las fuentes de Ciudadanos consultadas rechazan que el caso de la tránsfuga en Canarias o las polémicas en otros puntos de España se deban al cambio en la estrategia del partido desde que lo lidera Arrimadas. “Lo de Canarias es un caso específico. Es oportunismo, no ideología”, zanjan en la formación.
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