Delgado delega en los fiscales catalanes la posible querella contra Torrent

La fiscal general pone en manos de los de Cataluña la labor de fijar criterio sobre cómo se debe actuar ante las iniciativas para reivindicar la autodeterminación del presidente del Parlament

El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión plenaria, en el Parlamento catalán, el pasado 1 de julio.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión plenaria, en el Parlamento catalán, el pasado 1 de julio.David Zorrakino (Europa Press)

La fiscal general, Dolores Delgado, ha puesto en manos de la Fiscalía de Cataluña la decisión sobre presentar o no una querella por desobediencia contra el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y otros miembros de la Mesa de la Cámara por la tramitación de reiteradas iniciativas para reivindicar la autodeterminación y para reprobar a la Monarquía, contra las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Delgado remitió el caso a la Fiscalía catalana el pasado 2 de julio. La querella sería el resultado de una resolución adoptada en enero por el Constitucional en la que instaba a la Fiscalía a que estudiara la posibilidad de actuar contra Torrent. Durante el estado de alarma, el asunto no se movió. El motivo fue la interposición de un recurso de súplica por parte de varios miembros de la Mesa. Este recurso fue rechazado en el primer pleno presencial que el tribunal de garantías celebró el pasado 16 de junio. Tras un primer estudio del caso, el pasado jueves la Fiscalía General del Estado decidió dejar el asunto en manos de la de Cataluña.

Inicialmente, en enero pasado, la Secretaría Técnica de la Fiscalía —el laboratorio jurídico de la institución— consideró que hay motivos para la querella por desobediencia. Pero al formalizarse el citado recurso de súplica, el Constitucional retuvo el expediente. Entretanto, el pasado 26 de febrero se produjo el relevo en la Fiscalía General, que asumió la exministra de Justicia Dolores Delgado. La legislatura daba sus primeros pasos y al Gobierno le interesaba consolidar la relación de colaboración con sus socios. En paralelo, el presidente del Parlament había dado signos de tratar de evitar nuevos conflictos.

La incógnita, en suma, era cómo manejaría la situación la Fiscalía General en su nueva etapa. La decisión de la máxima responsable del ministerio público ha sido poner en manos de la de Cataluña la labor de fijar criterio sobre cómo se debe actuar. La Fiscalía de Cataluña va a actuar con pies de plomo. Entre los fiscales se comenta que lo primero que se va a hacer es comprobar si hay base para la querella por un presunto delito de desobediencia. Pero se añade que no se actuará en ninguna dirección sin comunicarlo antes a la Fiscalía General, para actuar coordinadamente.

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