Las solicitudes de asilo en centros de internamiento de extranjeros se disparan en 2019

Las solicitudes de asilo en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) crecieron vertiginosamente en 2019. El año pasado un tercio de los 6.473 internos intentó acogerse a esa figura que protege a personas perseguidas o víctimas de la violencia en sus países de origen, según datos del Ministerio del Interior recogidos en un informe del Servicio Jesuita al Migrante (SJM). El volumen de peticiones expone la supuesta intención de una parte de los internos de aprovecharse del procedimiento para evitar su expulsión, pero conlleva, según denuncian los jesuitas, que en los centros, con la justificación de evitar el fraude, se incurra en malas prácticas que dejan desprotegidos a los solicitantes. “No pocas trabas indebidas se basan en el tópico de que las personas internas solicitan protección como mera estrategia procesal”, advierte esta red de apoyo a los migrantes.

La inmensa mayoría de los 2.164 internos que pidieron protección dentro de un CIE en 2019 vieron su solicitud descartada. Apenas se aceptó a trámite un 10% de las peticiones, que beneficiaron sobre todo a personas LGBTI procedentes de Marruecos y Argelia, activistas saharauis o personas provenientes de países en conflicto, concretamente nacionales malienses llegados a Canarias, según recoge el SJM en su último informe. El documento se publica por primera vez con los ocho centros de internamiento temporalmente vacíos ante la imposibilidad de ejecutar las expulsiones por las restricciones fronterizas de la pandemia.

Tras constantes denuncias de la sociedad civil y recomendaciones del Defensor del Pueblo, se ha facilitado el acceso al procedimiento de asilo dentro de los CIE pero, según los jesuitas, persisten barreras impuestas por los policías. El documento refiere situaciones en las que se notifica a los internos que partirán en el siguiente vuelo de expulsión a pesar de haber expresado su voluntad de solicitar protección o dos casos en los que se paralizó la tramitación por tratarse de menores, cuando la edad no supone ninguna limitación en el proceso. El informe señala un caso “gravísimo” en el que un agente denegó la posibilidad de solicitar asilo a un interno, resolviendo él mismo en la propia solicitud: “No procede el asilo”. La actuación, denuncia la entidad, contraviene la ley y está fuera de sus competencias, al ser la Oficina de Asilo y Refugio el único órgano habilitado para instruir las solicitudes de protección internacional.

El número de peticiones de asilo viene aumentando dentro y fuera de los centros en los últimos años, pero el porcentaje de 2019 es el más alto de la última década y probablemente de toda la serie histórica (no hay datos de peticiones de asilo en los CIE anteriores a 2010). En 2010 el número era anecdótico —apenas un 2% de los internos pidió asilo— y aunque el porcentaje fue aumentando con los años se mantuvo por debajo del 15% hasta 2017. El porcentaje subió en 2018 al 22,6%.

Aunque en 2019 las solicitudes en el CIE supusieron solo el 1,8% de las más de 118.000 peticiones que recibió España, los expedientes generados en los centros han sido motivo de queja entre las autoridades policiales, que ven en ellas un salvoconducto para evitar la expulsión.

La cuestión también llegó al Supremo, que falló en 2019 en contra de un argelino encerrado en el CIE de Aluche (Madrid) que pidió asilo cinco meses después de entrar irregularmente en España y no recibió respuesta en el plazo determinado por ley. El tribunal acabó centrándose en las motivaciones del interno, que “no reunía en absoluto las circunstancias para la condición de refugiado”, y criticó el “grosero uso fraudulento y abusivo” del procedimiento. “Esa sentencia se fijó en el caso concreto de esta persona, pero un fallo como este no puede hacer pensar a los policías que toda solicitud cursada es infundada, porque para ello hay otros órganos competentes”, advierte Pep Buades, responsable de la elaboración del informe.

Un borrador de la futura ley de asilo ―que debe reformularse basándose en la aprobación del Plan migratorio de la UE― planteaba, de hecho, una reforma para abordar esa cuestión. La propuesta del Ministerio del Interior era que los internos tuviesen apenas 10 días para formalizar su solicitud una vez que fuesen informados de su derecho a pedir protección. “Pasado ese plazo se entenderá que la solicitud ha sido formulada con la única intención de retrasar o frustrar la expulsión”, recogía esa versión inicial de la nueva ley. La denegación por incumplir este plazo no estaría sujeta a revisión y solo se podría recurrir ante los tribunales.

“Sería peligroso que la Administración cediera a la tentación de no dar respuesta a las solicitudes al presuponerlas fraudulentas sobre la base del elevado porcentaje de solicitudes inadmitidas a trámite. Sería más peligroso todavía que los policías de servicio en los CIE se arrogaran el juicio previo de fraude de ley o de abuso de derecho, impidiendo el ejercicio del derecho a solicitar protección internacional”, advierten los jesuitas.

Récord de expulsiones en una década

El año pasado, seis de cada diez internos fueron repatriados forzosamente. Hace al menos una década que no se expulsaba tanto desde los CIE. Los centros, proyectados para garantizar la devolución de extranjeros en situación irregular en España, tenían desde 2014 tasas de expulsión por debajo del 50%, una muestra de que se privaba de libertad a miles de personas en vano. Con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se replanteó el perfil de interno y se priorizó el encierro de marroquíes y argelinos, que a España le resulta más fácil de expulsar por sus acuerdos de devolución, frente a los subsaharianos. La estrategia elevó en 2018 la tasa de devolución y expulsión desde los CIE por encima del 58%. Era la marca más alta desde 2009 y fue superada de nuevo el año pasado.