‘Aggiornamento’ del Consell

El término italiano que otorga título a estas líneas significa “actualización” y fue la consigna empleada durante la preparación y ejecución del Concilio Vaticano II -celebrado entre 1962 y 1965- para transmitir al mundo la idea de que la Iglesia católica precisaba surgir renovada de dicho cónclave. Parte de la jerarquía de Roma, con los papas Juan XXIII y Pablo VI a la cabeza, impulsaron dicho aggiornamento, sin que ello supusiera, Vade retro, Satanás, modificar los dogmas o el llamado depósito de la fe. Vigentes hoy todavía sus constituciones dogmáticas, crece el número de voces en el seno de la Iglesia que reclaman con insistencia la convocatoria de un Concilio Vaticano III que frene la crisis de la institución eclesial mediante un nuevo aggiornamento, transcurrido más de medio siglo desde el anterior.

Aggiornamento es también el término empleado con cierta asiduidad por el presidente del Consell, Ximo Puig, para referirse a la urgencia de actualizar el vigente, aunque caduco, modelo de financiación autonómica para superar la pandemia de inequidad que afecta a la Comunidad Valenciana.

Más recientemente, con motivo de una de las últimas reuniones mantenidas telemáticamente con el comité asesor para la crisis de la Covid-19, Puig sorprendió a sus miembros al utilizar el mismo vocablo para invitar a los expertos a aportar sugerencias encaminadas al aggiornamento de la Comunidad Valenciana. En el contexto de la triple crisis -sanitaria, social y económica- y de sus urgencias y secuelas, los miembros de la junta de sabios entendieron que el presidente de la Generalitat reclamaba su contribución para perfilar un nuevo modelo de territorio capaz de conjurar sus debilidades y optimizar sus fortalezas. No estaba mal lanzada la petición, si tenemos en cuenta que en aquel auditorio de bustos encapsulados en pantallas de ordenador figuraban reconocidos integrantes de la intelligentsia patria, altamente cualificados en sus respectivas disciplinas: economía, geografía, medicina e investigación. La suma de tanta materia gris debería alumbrar una propuesta tan revolucionaria para el futuro de la Comunidad Valenciana como en su momento lo fueron las conclusiones conciliares para la grey católica.

Mientras tanto, otras voces dentro y fuera del Consell empiezan a hablar de un aggiornamento del ejecutivo valenciano que sí o sí exigiría una remodelación del mismo, no solo de caras, que también, sino, sobre todo, de competencias y funciones, para evitar duplicidades y acabar con el carajal que lastra las políticas en materias tan sensibles como la innovación, la asistencia sanitaria primaria, la planificación del territorio, o la vivienda. La ausencia de coordinación en asuntos transversales que afectan a varios departamentos del ejecutivo autonómico es un clamor que exige una pronta solución. Como también demanda una respuesta inmediata la creación de una secretaría autonómica de Asistencia Primaria para fortalecer y dotar de criterio a ese escalón sanitario que, con la pandemia y la desescalada, ha adquirido un protagonismo hasta la fecha no reconocido, aún siendo la base, el corazón, de cualquier sistema sanitario moderno y eficaz. Ahí están los médicos de asistencia primaria reclamando desde hace años el reconocimiento merecido en forma de mejores condiciones laborales, más medios técnicos y humanos, y mejor dotación presupuestaria.

En su travesía como titular del Consell, Ximo Puig se ha ofrecido como un Presidente conservador y prudente, poco dado al aggiornamento de su gobierno. Durante la pasada legislatura solo llevó a cabo una sustitución, forzada esta por el nombramiento de su consejera de Sanidad, Carmen Montón, como ministra del Gobierno de España. En un ejecutivo tripartito como es el actual Govern del Botànic -PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos- la libertad del Molt Honorable para efectuar remodelaciones viene condicionada por sus socios y por los equilibrios a que estos obligan. Pero ese no puede ser el pretexto para dejar de acometer los cambios que garanticen la gestión eficaz y la puesta en marcha de políticas arriesgadas e imaginativas.

Sabemos desde el principio de la pandemia por la Covid-19 que venían tiempos desgarradores. Ahí están las cifras de desempleo, dadas a conocer por el Ministerio de Trabajo el pasado jueves, con la Comunidad Valenciana liderando en España la subida del paro en junio, aunque la gravedad de los números se ha visto mitigada gracias a los famosos ERTEs. Resulta demoledor saber que 14.000 jóvenes valencianos menores de 25 años se dieron de alta en los servicios de desempleo porque era requisito imprescindible para optar a la oferta, lanzada por la Generalitat Valenciana, de mil puestos de trabajo público temporal de informadores de playa. Y encima va y desde las filas de la administración autonómica se trata de restar importancia a las cifras inasumibles de desempleo en base a esos miles de jóvenes que se han apuntado al paro. Vergüenza, señores, vergüenza. Algunos servidores públicos también deberían aggiornar sus discursos.