Pérez de los Cobos avaló el cese de un sargento que testificó contra un pariente suyo

La falta de confianza fue el motivo esgrimido por el Ministerio del Interior para destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. También fue ese el argumento de Pérez de los Cobos para avalar el cese de un suboficial de la unidad de policía judicial de Madrid aunque, a diferencia de él, no había sido designado a dedo, sino que ganó su puesto en un concurso de méritos. Por eso hubo que abrir un expediente para poderlo cesar.

El 11 de diciembre de 2018, Pérez de los Cobos hizo pública, “para satisfacción de los interesados y estímulo al resto del personal”, la concesión al sargento S. y a otros tres agentes de su comandancia de la Cruz de Plata de la Guardia Civil, una de las más altas condecoraciones del cuerpo, con la que se premian hechos que “revistan un carácter o mérito excepcional”.

El 11 de abril de 2019, solo cuatro meses después, el propio Pérez de los Cobos firmó un informe que recomendaba el cese del sargento S., porque “no reúne las condiciones necesarias de idoneidad” y por “la falta de confianza de sus mandos inmediatos”. Lo sorprendente es que, según dicho informe, la actitud del sargento S. no había empeorado súbitamente, sino que habría tenido “problemas de adaptación” ya desde que se incorporó a la unidad, en 2014.

Cruces de la Guardia Civil

Pérez de los Cobos no conoce personalmente al sargento S., pues, cuando firmó este informe, solo llevaba un año en la Comandancia de Madrid. De otro modo sabría probablemente que el suboficial ha recibido 15 cruces de la Guardia Civil y 18 felicitaciones y que, en sus evaluaciones anuales, siempre tuvo las máximas calificaciones. Una nota de 9 sobre 10 en 2017.

El escrito del coronel no era sino un corta y pega de otros informes incorporados al expediente contra el sargento S. Sorprendentemente, entre esos informes no figura el de su jefe directo, a quien nadie consideró necesario pedir opinión, pero sí el del teniente A., que fue superior suyo durante siete meses. Tiempo suficiente para que surgiera la animadversión y el teniente escribiera de su exsubordinado que “su capacidad de relacionarse con terceras personas era muy escasa”.

Lo que ocultó el teniente A. es que había tenido un serio conflicto con él. El 17 de octubre de 2018, el sargento S. le recriminó su decisión de cesar arbitrariamente a un guardia. Entonces, según el suboficial, el superior le advirtió de las consecuencias de enfrentarse a él. Pero el guardia cesado denunció al teniente ante la justicia militar, que abrió diligencias por abuso de autoridad. El 13 de marzo de 2019, el sargento S. testificó ante el juez a favor de su compañero y en contra del teniente. Cinco días después se le abrió el expediente.

El teniente A. nunca debió intervenir en el expediente contra el suboficial, pues la ley obliga a abstenerse a quienes tengan enemistad manifiesta, pero tampoco el coronel, que es tío político del teniente (su esposa es hermana de la madre de este último), y la ley también excluye a quienes tengan relación de parentesco con alguno de los afectados.

La existencia de un “conflicto de intereses” entre el sargento, el teniente y el coronel ha llevado a la Secretaría de Estado de Interior a anular el cese y a ordenar que el expediente se instruya de nuevo. Para Antonio Suárez-Valdés, abogado del sargento, su cese fue “una clara venganza, una resolución arbitraria que linda con la desviación de poder”.